Alcalde distrital de La Victoria recuenta los logros de su gestión ad portas de salir de licencia para tentar el sillón provincial de Chiclayo.
El alcalde de La Victoria, Edwin Vásquez Sánchez, formalizó la inscripción de su candidatura a la alcaldía provincial de Chiclayo. En este escenario, la autoridad municipal tomará licencia de sus funciones en las próximas semanas para abocarse de manera exclusiva a la campaña electoral, lo que obliga a examinar el estado en el que se encuentra la administración distrital tras tres años y medio de gestión, período en el cual se reporta una ejecución presupuestal en obra pública que ronda los 200 millones de soles.
El balance de este periodo abarca frentes clave como la infraestructura urbana, los mecanismos de contratación, las políticas de seguridad ciudadana, la infraestructura deportiva y las modificaciones en la estrategia de recaudación fiscal distrital, elementos que configuran los principales logros de Edwin Vásquez como alcalde.
Resalta que bajo su liderazgo se consolidó una inyección económica sin precedentes en la historia del distrito. Según sus propias palabras, el financiamiento obtenido permitió concretar proyectos de gran envergadura mediante el trabajo conjunto con diversas entidades del Estado.
"Hemos hecho una inversión histórica, pues en tres años y medio de gestión dejamos cerca de 200 millones de soles en inversión de manera directa e indirecta. Y lo que nunca antes se había hecho en La Victoria, tan solo en un periodo municipal, hemos logrado tener una articulación con diferentes instituciones en los diferentes niveles del gobierno", menciona la autoridad.
Infraestructura vial
Uno de los ejes principales reportados por la administración de La Victoria radica en la ejecución de proyectos de pavimentación y conectividad urbana. Durante los tres años y medio de gestión se han pavimentado un promedio superior a los 100 000 metros cuadrados de pistas y veredas, distribuidos en un aproximado de 14 sectores del distrito.
Estas intervenciones se concentraron en zonas que presentaban un déficit histórico en infraestructura vial formal, a pesar de contar con servicios básicos de saneamiento de agua y desagüe.
Entre las zonas intervenidas destacan los sectores de Raimondi en su primera y segunda etapa, la última fase del asentamiento Primero de Junio, el pueblo joven Víctor Raúl Haya de la Torre, la Habilitación Urbana Municipal, San Martín, Los Ángeles, Santa Isabel, Los Nogales, Los Pinos, El Parral, Atalaya y el pueblo joven Los Rosales. El proyecto de mayor envergadura territorial abarca el tercer sector del distrito, un cuadrante que supera los 40 000 metros cuadrados delimitado por las avenidas Gran Chimú, Pachacútec, La Paz y Víctor Raúl.
Asimismo, en el cuarto sector de la localidad se intervino el perímetro comprendido entre la avenida Gran Chimú hacia la zona sur, conectando con la avenida La Paz y la prolongación Pachacútec hasta la Carretera Panamericana Norte, espacio donde también se ejecutó la pavimentación de más de 40 000 metros cuadrados.
Además, la configuración técnica de las vías incorporó componentes de drenaje pluvial orientados a mitigar los efectos de las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño.
"Las pistas que estamos haciendo son de concreto, es decir, de cemento, rígido y que tienen un mayor tiempo de durabilidad y, lógicamente, se ha considerado el drenaje pluvial. Aquí en la Victoria nos hemos preparado para lo que puede ocurrir con las lluvias e inundaciones. Todas nuestras pistas tienen drenaje pluvial, algunas con cunetas, otras con un sistema de bombeo o cámara de bombeo y otras con pendientes e inclinación, que nos permiten evitar los aniegos, sobre todo en los puntos críticos", detalla.
Estrategia de financiamiento y transparencia
La ejecución del paquete de inversiones en el distrito requirió el diseño de una estrategia de financiamiento multifuente, debido a que los recursos ordinarios resultaban insuficientes para la magnitud de las obras proyectadas.
La administración gestionó la asignación de partidas a través de la Ley General de Presupuesto del Congreso de la República, canalizando los fondos mediante ministerios, con especial énfasis en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A la par de los fondos del gobierno nacional, la gestión distrital recurrió al pliego del Gobierno Regional de Lambayeque, logrando la transferencia de un aproximado de 9 millones de soles mediante la sustentación de proyectos de inversión pública.
Dichos recursos se asignaron a dos obras específicas de pavimentación en el sector Víctor Raúl: el primer proyecto por un monto estimado de 5.5 millones de soles y el segundo por una cifra cercana a los 3.5 millones de soles, consolidando un total transferido de cerca de 9 millones de soles para ese componente vial. Adicionalmente, mediante el mecanismo del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el distrito obtuvo el desembolso de 400 000 soles destinados al financiamiento de dos infraestructuras recreativas locales.
A diferencia del inicio de su mandato, donde no se encontraron perfiles ni expedientes técnicos viables, el alcalde afirma que dejará una base sólida para asegurar la continuidad de las inversiones en el distrito.
"Estamos trabajando un promedio de 15 proyectos que se están consolidando a nivel de perfil y luego a través de proyectos de inversión. Nosotros no haremos lo que hicieron los que estuvieron antes: no dejar nada y obligarnos a empezar de cero", manifiesta.
Respecto a la idoneidad y el control en la adjudicación de las obras, Edwin Vásquez destaca que los procesos de selección se realizaron bajo el marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado, utilizando el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - Seace.
De acuerdo con lo señalado por la autoridad distrital, un porcentaje significativo de las licitaciones públicas se dirimió mediante la modalidad de sorteo aleatorio automatizado que administra dicha plataforma, restringiendo la intervención manual en las decisiones.
"Gracias a Dios, de los procesos que se han dado acá, que tienen una transparencia única, la mayoría han entrado a sorteo. Es decir que no definió la municipalidad y eso siempre es lo que yo pido, que ya haya un tema de transparencia en la elección de quiénes van a ser los contratistas o los proveedores", precisa.
Según la autoridad, esta transparencia operativa evitó retrasos y permitió que las obras se ejecutaran en simultáneo sin vicios de corrupción.
Seguridad ciudadana
La inseguridad ciudadana constituye una de las variables críticas en las agendas municipales de la provincia de Chiclayo. En el caso de La Victoria, la estrategia se centró en la ejecución de un proyecto integral cofinanciado mediante transferencias de la ley presupuestal nacional, con una inversión totalizada en 19 millones de soles para la edificación y equipamiento del Centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana del distrito. El componente tecnológico de esta infraestructura incluye, en su primera fase operativa, la instalación y puesta en funcionamiento de 151 cámaras de vigilancia de alta gama equipadas con funciones de inteligencia artificial. Según el diseño estructural del proyecto, la planta física y la plataforma de conectividad están dimensionadas para soportar la integración de hasta 1000 cámaras en el mediano plazo, lo que significa que la cobertura actual representa cerca del 15 % de la capacidad potencial proyectada para la jurisdicción.
El soporte logístico y operativo del centro de monitoreo se complementa con la adquisición de activos para el patrullaje e intervención en campo, destacando la incorporación de seis camionetas y un lote de motocicletas asignadas al servicio de serenazgo municipal, así como la renovación de los equipos de radiocomunicación y enlace digital.
"Es el primer distrito a nivel de toda la región norte que ha conseguido, a través de la ley de presupuesto, una inversión de 19 millones de soles para seguridad. Es un proyecto bandera, un proyecto modelo por el que se ha instalado 151 cámaras".
Detalló las coordinaciones logísticas, mencionando que gracias a un convenio con la Policía Nacional se han sumado 55 policías al patrullaje.
Tras la zonificación y el monitoreo por cámaras de los puntos críticos de la ciudad, se reporta una reducción de los conflictos de pandillaje en la vía pública, intervenciones en focos identificados de comercialización de sustancias ilícitas al menudeo, control de carreras de vehículos y la fiscalización de ruidos molestos en predios residenciales.
Infraestructura deportiva y espacios públicos
La política de recuperación de espacios públicos en el distrito se canalizó a través de la construcción y remodelación de recintos destinados a la práctica de actividades recreativas y deportivas.
Edwin Vásquez destaca la ejecución de cinco complejos deportivos y la planificación de obras adicionales. Dentro de los proyectos concluidos se encuentra el mini complejo El Bosque, obra que demandó una inversión de 1.6 millones de soles para la modernización de infraestructura. Asimismo, se ejecutó la recuperación del mini complejo Félix Paz Pérez, un espacio que contaba con cuatro losas deportivas en estado de abandono estructural y que fue reequipado para el uso de la población.
En el sector de Los Nogales se instaló una nueva losa deportiva con infraestructura complementaria, mientras que en la zona de Chosica del Norte se procedió a la entrega del primer mini estadio del distrito, ejecutado con un presupuesto de 1.8 millones de soles. Las especificaciones de esta obra contemplan una superficie de juego con césped sintético acondicionado para competencias de fútbol 9, tribunas con capacidad de aforo para 400 espectadores protegidas con un techo diseñado para la radiación solar, y módulos de servicios higiénicos, vestuarios para los deportistas y un área perimetral con juegos infantiles.
Respecto a las obras programadas para los meses venideros, la administración prevé el inicio de los trabajos en el Parque Zonal de La Victoria. Este predio se encontraba en situación de desprotección jurídica, estando inscrito de forma parcial a nombre del distrito de Reque. Tras el proceso de saneamiento físico-legal ejecutado en el año 2023, el terreno pasó al patrimonio de La Victoria.
El proyecto técnico denominado "Villas Deportivas Parque Zonal" contempla la instalación de una cancha sintética con medidas oficiales para albergar torneos de la Copa Perú, Liga 3 y Liga 2, complementada con mallas de seguridad reglamentarias, tribunas con capacidad para 1000 asistentes, sistemas de iluminación artificial, servicios higiénicos y vestuarios.
Finalmente, se encuentra en agenda un mini complejo multiusos en la cuadra 3 de la avenida Antenor Orrego, financiado con 1.13 millones de soles provenientes del gobierno regional, que contará con cobertura techada para disciplinas de básquetbol, futsal y voleibol, cerrando el circuito de intervenciones con la remodelación de la losa de la avenida Unión.
"Con eso estaríamos diciéndole a La Victoria que dejamos un distrito más moderno, más seguro, más integrado y con infraestructura de calidad. Tocando puertas, gestionando y logrando presupuestos sin tener la camiseta política de los partidos de gobierno a nivel provincial, regional o nacional", señala.
Recaudación y reingeniería tributaria
El financiamiento del gasto corriente municipal y la sostenibilidad de los servicios públicos se vinculan de forma directa con la capacidad de recaudación tributaria interna. Durante la gestión de Edwin Vásquez los ingresos fiscales por concepto de arbitrios e impuesto predial en el distrito de La Victoria registraron un incremento del 40 %, al pasar de una base inicial de 10 millones de soles anuales a una recaudación consolidada de 14 millones de soles.
El crecimiento porcentual en la recaudación se generó sin aplicar un incremento en las tasas de las ordenanzas tributarias ni recurrir a la tercerización del servicio mediante un Servicio de Administración Tributaria (SAT) descentralizado, optando en su lugar por un proceso de reingeniería interna de la Gerencia de Rentas del propio municipio. La estrategia tributaria se sostuvo sobre criterios de eficiencia administrativa, evitando la aplicación de medidas coactivas extremas como el embargo preventivo de bienes, la retención de cuentas bancarias o el remate de predios residenciales.
“El incremento de la recaudación en un contexto económico nacional complejo se debió a una mejora en los niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentes, motivada por la percepción de retorno directo de los arbitrios mediante la ejecución física de las obras viales, el fortalecimiento de la seguridad y la mejora del ornato público. Por si acaso, aquí no usamos SAT, aquí no abusamos de la gente, aquí no hemos incrementado, no hemos subido el tema de los arbitrios, no hemos quitado ninguna casa, no hemos quitado ningún mueble", enfatiza.
Vásquez Sánchez defiende la integridad de su gestión, reconociendo que, si bien existen metas pendientes por consolidar, los resultados demuestran honestidad y capacidad de respuesta frente a las demandas de los ciudadanos.
"Seguramente algunas tareas todavía están por hacerse, pero lo que no pueden decir es que he sido deshonesto, poco productivo, poco capaz o que he realizado contrataciones al margen de la ley. Asumimos la gestión para probar nuestra eficiencia en lo que es el público, eficiencia en los resultados y con obras. Nos iremos con la frente en alto, con la satisfacción de haber cumplido con nuestro distrito, pidiendo la licencia sin goce de haber como corresponde, sin vacancias ni sanciones, es decir nos vamos por la puerta grande, por qué nosotros vinimos a servir y no a servirnos del poder que el pueblo nos dio. Ahora intento ser alcalde de Chiclayo por qué mi experiencia como regidor provincial por dos periodos y sobre todo mi experiencia como alcalde distrital y otros cargos gerenciales que tuve me servirán para darle a Chiclayo el rumbo de desarrollo que necesita para volver a ser el gran piloto del norte", enfatiza.
La cercanía de un evento de trascendencia internacional debe servir para abrir una discusión pendiente: el derecho de los ciudadanos a vivir en una ciudad ordenada, segura y respetada por quienes utilizan el espacio público.
Las ciudades hablan. Hablan a través de sus plazas, de sus calles, de sus edificios, de su orden y también de sus descuidos. Y si hoy Chiclayo tuviera que presentarse ante el país y ante el mundo, habría una imagen imposible de ocultar: una ciudad atrapada bajo una telaraña de cables, postes saturados, instalaciones improvisadas y una creciente sensación de abandono urbano.
Durante años hemos normalizado lo inaceptable.
Basta recorrer avenidas principales, urbanizaciones, centros comerciales, barrios tradicionales o zonas periféricas para encontrar una escena repetida: cables colgando, tendidos superpuestos, líneas antiguas que nunca fueron retiradas, conexiones que se montan unas sobre otras sin criterio técnico visible ni respeto por el entorno urbano. Lo que empezó como expansión de servicios terminó convirtiéndose en contaminación visual y, en muchos casos, en una amenaza para la seguridad pública.
El problema ya no admite excusas.
La responsabilidad alcanza tanto a ENSA como a las empresas de telecomunicaciones que operan en la ciudad —Telefónica, Claro, Bitel y otras— que durante años han utilizado el espacio público como si fuera un territorio sin reglas claras ni obligaciones de mantenimiento. Cada nueva conexión parece instalarse sobre la anterior; cada nueva red parece ignorar la existencia de las anteriores; cada ampliación se convierte en una capa más del desorden.
La pregunta es inevitable: ¿quién autorizó que Chiclayo terminara convertida en un enorme tablero de cables expuestos?
El crecimiento tecnológico y la conectividad son necesarios. Nadie cuestiona la importancia del acceso a internet, telefonía o energía. Lo que sí debe cuestionarse es el modelo de crecimiento desordenado que sacrifica la imagen urbana, compromete la seguridad y traslada el costo del abandono a los ciudadanos.
Porque aquí no hablamos únicamente de estética.
Hablamos de postes que soportan más de lo debido. Hablamos de cables que cuelgan a baja altura. Hablamos de instalaciones antiguas que permanecen abandonadas cuando ya fueron reemplazadas por otras. Hablamos de infraestructura que nadie parece inspeccionar con la frecuencia que corresponde.
Y mientras los cables ocupan el cielo de la ciudad, debajo del suelo ocurre otra expresión del mismo problema.
Los buzones y cámaras donde se aloja la fibra óptica se han convertido en un símbolo silencioso del abandono operativo. En muchos sectores permanecen abiertos, deteriorados, sin limpieza ni mantenimiento adecuado. Cuando llegan las lluvias o se acumula agua, aparecen las conocidas “averías masivas”, dejando sin servicio a miles de usuarios que pagan puntualmente por una conectividad que, en situaciones críticas, demuestra una fragilidad preocupante.
Entonces vuelve la pregunta que nadie responde con claridad: ¿quién controla?,
¿quién verifica que exista mantenimiento preventivo?, ¿quién exige el retiro de cableado en desuso?, ¿quién fiscaliza que el espacio público no se convierta en depósito permanente de infraestructura abandonada?, ¿quién sanciona cuando el incumplimiento afecta a toda una ciudad?
Las autoridades municipales no pueden limitarse a observar. El orden urbano no es un tema decorativo; es parte de la calidad de vida y de la seguridad ciudadana. Los organismos de supervisión tampoco pueden aparecer únicamente cuando estalla una crisis o cuando el reclamo alcanza notoriedad mediática.
Hoy Chiclayo enfrenta además un momento simbólico.
La próxima llegada del Papa León XIV traerá visitantes, medios de comunicación y una atención nacional e internacional poco frecuente. La ciudad será observada, recorrida y fotografiada. Y entonces surge una reflexión incómoda: ¿vamos a preocuparnos por limpiar fachadas y sembrar flores mientras ignoramos el enorme entramado de cables que cubre nuestras calles?
No se trata de maquillar la ciudad para una visita.
Se trata de asumir que el orden urbano es una obligación permanente y no una escenografía temporal.
Chiclayo merece presentarse como una ciudad moderna, organizada y respetuosa de sus espacios. Merece empresas que comprendan que brindar servicios también implica responsabilidad urbana. Merece autoridades que fiscalicen y ciudadanos que exijan.
Porque ejercer ciudadanía no consiste solamente en pagar impuestos o reclamar cuando falla el internet. También significa denunciar instalaciones peligrosas, reportar buzones abandonados, exigir respuestas y negarse a aceptar que el desorden sea parte natural del paisaje.
Toda ciudad termina pareciéndose a aquello que tolera.
Y Chiclayo ya ha tolerado demasiado.
Es hora de levantar la mirada, dejar de acostumbrarnos al caos y exigir que quienes ocupan el espacio público respondan por él. El progreso no puede medirse por la cantidad de cables instalados, sino por la capacidad de integrarlos con orden, seguridad y respeto por la ciudad.
Porque una ciudad que aspira a recibir al mundo no puede seguir viviendo enredada en sus propios cables.
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación
Editora / Directora fundadora
