El viernes 19 de junio se cumplió el plazo (extendido) para que las organizaciones políticas inscriban a sus listas de candidatos para participar de las elecciones regionales y municipales 2026. En Lambayeque, de un universo de 72 partidos con posibilidad de hacer, solo 16 alcanzaron a tiempo sus expedientes.
FREPAP
El Frente Agrícola Fía del Perú – Frepap, postula como candidato a gobernador regional a Alejandro Ruiz Paisig (55), natural del distrito de Zaña, quien se desempeña como supervisor en HG Constructores Casiano MACD y es retirado de la Policía Nacional del Perú. Ha declarado ingresos anuales por S/84 mil, la propiedad de un predio en el distrito de Cayaltí, valorizado en S/100 mil y un auto valuado en S/40 mil. Ruiz Paisig no registra antecedentes electorales.
Como vicegobernadora postulan a Sony Janet Cubas Hurtado (45), quien ha postulado en el 2020 y el 2021 como congresista por Lambayeque por la misma organización.
Somos Perú
Luego de que se tejieran una serie de teorías respecto a las candidaturas regionales de Somos Perú, el partido presentó la inscripción de la lista encabezada por Martín Perales Saavedra (41), hijo de la actual vicegobernadora Flor Saavedra López. Natural de Chiclayo, reporta como último centro de labores el Congreso de la República, donde fue asesor en el 2021. Es ingeniero mecánico eléctrico egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Fue dirigente provincial de Fuerza Popular del 2014 al 2016 y dirigente regional de Somos Perú del 2022 al 2024. Reporta la propiedad de un inmueble valorizado en S/150 mil en el distrito de José Leonardo Ortiz, dos vehículos, entre ellos una camioneta de S/120 mil e ingresos anuales de S/37 mil 450.
Lleva como candidata a la vicegobernación a Katherine Serquén Olano (32), quien postuló por el mismo partido como accesitaria en las elecciones regionales del 2022.
Renovación Popular
Por Renovación Popular se ha presentado la inscripción de Rubén Fernández Morales (40) como candidato a gobernador. Natural de Ferreñafe, ha reportado como último centro laboral a la Policía Nacional del Perú, la que integró del 2011 al 2020. Es bachiller en Administración y Ciencias Policiales y estudios en Derecho (quinto ciclo), en la Universidad San Martín de San Martín de Porres. Fue militante de Avanza País hasta el 2023.
Tiene sentencia por difamación agravada dictada en el Expediente 11626-2023-0-1706-JR-PE-08, dictada por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, a un año de pena privativa de la libertad suspendida. La sentencia quedó firme el 29 de enero del 2025. Reporta ingresos por S/48 mil al año y la copropiedad de una vivienda valuada en S/100 mil en Ferreñafe.
Lleva como vicegobernadora a Elky Maribel Morales Delgado (43), militante de Renovación Popular desde el 2024.
Acción Popular
El partido de la palana postula a la actual congresista Marleny Portero López (58), quien ha sido investigada por el caso “Los Niños”, por presuntos favorecimientos durante el gobierno de Pedro Castillo a cambio de votos en el legislativo. Su vivienda fue allanada en marzo del 2024. En diciembre de ese año el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional en su contra por el delito de concusión, por supuestamente pedir dinero a trabajadores de su despacho para entregar donaciones.
Nacida en Chiclayo, sus ingresos anuales suman S/367 mil 848.60, registra dos propiedades: una en Chiclayo, valorizada en S/136 mil y otra en Lima, por S/275 mil.
Su candidato a vicegobernador es el excongresista por Lambayeque Rolando Campos Villalobos.
Partido Popular Cristiano
Por el PPC postula a la gobernación de Lambayeque Antonio Uriarte Gonzales (56), quien ha recalado en la agrupación del mapa luego de militar en Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular. Tiene en su haber seis candidaturas: una como regidor de Chiclayo; dos como gobernador regional, dos como congresista y una como alcalde de Chiclayo. No ha ganado ninguna.
Su experiencia laboral más reciente fue la de asesor del Gobierno Regional de Piura. Es arquitecto por la Universidad de Chiclayo y maestro en Gestión Gubernamental por la Universidad Nacional de Piura. Sus ingresos suman S/100 mil al año, tiene una vivienda valorizada en S/200 mil, una camioneta valorizada en S/50 mil y acciones en dos empresas.
Postula como vicegobernadora a Edith Montalvo Vélez de Rivera (47), exregidora aprista y fue militante de Avanza País.
Fuerza Popular
El partido de la K lleva como candidato a Rolando Barboza Díaz (45). Natural de Chota, Cajamarca, labora como profesional independiente. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue alcalde de Tumán en dos períodos, del 2011 al 2014 por Reconstruyendo Tumán (su movimiento) y del 2015 al 2018 por Solidaridad Nacional.
Tiene una sentencia con reserva de fallo por delito contra el patrimonio cultural, dictada por el 14 Juzgado Penal de Chiclayo en el 2007, y otra a dos años de prisión suspendida por abuso de autoridad, dada por el Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo en el 2018. Sus ingresos suman S/200 mil al año, tiene una vivienda en Chiclayo valuada en S/200 mil, dos vehículos que suman S/400 mil y acciones en una constructora.
La acompaña como candidata a vicegobernadora Leslie Benavides Saavedra (27), natural de Lima.
Ahora Nación
Elizabeth Calderón Távara (51) ha sido inscrita como postulante regional por Ahora Nación. Natural de Lima, postuló en el 2006 como regidora de Cajamarca por Somos Perú. Ha militado en Peruanos Unidos y el Partido del Buen Gobierno.
Su trabajo más reciente fue de consultora de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Es ingeniera Informática y de Sistemas por la Universidad de Chiclayo; magíster en Docencia Universitaria por la Universidad César Vallejo y en Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres. Cursa un doctorado en Políticas Públicas y Gestión del Estado en el CAEN. Sus ingresos anuales ascienden a S/75 mil y posee una vivienda valorizada en S/120 mil.
Lleva como vicegobernador a Mauricio López Fernández (45).
Partido Aprista Peruano
El partido de la estrella ha presentado la candidatura de Carlos Zanelli Vásquez (49). Natural de Chiclayo se desempeña como gerente de Servicios Municipales en la comuna distrital de Olmos. Es arquitecto por la Universidad de Chiclayo y tiene estudios de maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Sus ingresos anuales ascienden a S/60 mil al año y reporta la propiedad de seis predios, valorizados en más de S/460 mil. Tiene acciones en una empresa. En el 2006 postuló sin suerte a regidor de José Leonardo Ortiz por el Partido Aprista.
Lleva como vicegobernadora a Nicida Soza de Hadorn (80).
Partido Morado
Por el Partido Morado se ha presentado la candidatura de Abel Chávarry Isla (62). Natural de Pacasmayo, La Libertad, labora en el Hospital Regional de Lambayeque desde el 2014. Es médico egresado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Administración por la Universidad ESAN y doctor en Educación por la Universidad de San Martín de Porres. Fue militante aprista hasta el 2029.
Reporta ingresos por S/298 mil al año, la propiedad de dos inmuebles, una valuada en S/120 mil y de dos vehículos que suman S/36 mil.
Su plancha regional la completa Nidia Frías Samamé (45).
Alianza Venceremos
La alianza de izquierda postula a Juan Rodríguez Terrones (52), médico que hace unas semanas fue designado, pero no oficializado como presidente ejecutivo de EsSalud. Fue gerente de la Red Prestacional Lambayeque, cargo al que llegó pese a que fue sancionado por falta grave contra la institución. Labora en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.
Estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y es maestro en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Señor de Sipán. Tiene tres condenas: una con reconocimiento de paternidad extramatrimonial, dada por el Segundo Juzgado de Paz Letrado Familiar de Chiclayo; otra por fijación de pensión alimentaria, dictada el Primer Juzgado de Paz Letrado-Familia, y otra que ordenó rehabilitación psicológica, dada por el Cuarto Juzgado Especializado de Familia. En el 2021 intentó postular al congreso por APP, pero fue excluido por no declarar la última sentencia.
Sus ingresos suman S/214 mil al año y tiene una propiedad en Chiclayo valuada en S/200 mil.
Como candidata a la vicegobernación postula Karina Torres Becerra (48).
Avanza País
El partido del tren ha solicitado la inscripción de Juan Carrasco Millones (50) como candidato regional. Fue fiscal de crimen organizado en Lambayeque y estando en el cargo juró como ministro del Interior en el primer gabinete de Pedro Castillo. Luego ocupó la cartera de Defensa y fue uno de los visitantes a la casa de Sarratea. En el 2022 postuló por Juntos por el Perú a la gobernación.
Enfrenta un proceso judicial por aceptación del cargo ministerial siendo fiscal. Estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y actualmente ejerce la defensa libre en su estudio de abogados. Es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Piura y estudia una maestría en Gestión Pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Sus ingresos ascienden a S/347 mil al año, cuenta con cinco propiedades, dos de ellas en Lima, valorizadas todas en un millón 936 mil soles. Tiene un vehículo valuado en S/33 mil y acciones en dos empresas.
Lleva como postulante a vicegobernadora a Cecilia Balcázar Díaz (33).
+NOTICIAS
Confirmada la visita del papa León XIV, por el presidente José María Balcázar, en Lambayeque las autoridades trabajan a toda prisa para la organización de este evento sin precedentes en la región. Uno de los pilares fundamentales durante esta visita papal será, sin duda, la seguridad. Luis Bolaños Melgarejo, jefe de la Región Policial Lambayeque, señala que será necesaria la llegada de más agentes del orden para poder resguardar cada metro cuadrado de la ciudad por donde transitará el santo padre y al más de un millón de turistas que se espera para esta fecha.
“A los 4711 efectivos que tenemos se van a unir agentes de diferentes servicios durante los dos días que estará nuestro sumo pontífice en Lambayeque. Adicionalmente estarán los órganos de inteligencia extrarregionales como la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Investigación Criminal, quienes brindarán información sobre los lugares de mayor riesgo, donde deberemos tener más presencia policial uniformada. Para eso vamos a solicitar a 500 agentes de refuerzo de otras regiones colindantes para cubrir cada metro”, afirma.
Plan de acción
La autoridad policial señala que presentarán su plan una vez que el Vaticano apruebe la ruta propuesta por el Gobierno Regional de Lambayeque. Allí se establecerán los diferentes servicios a realizar, en los cuales estarán incluidas las Fuerzas Armadas.
“De hecho vamos a necesitar el apoyo del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Tenemos que pedir el apoyo de las regiones colindantes como La Libertad, Piura, Tumbes, quizá de Cajamarca, para poder tener presencia y dar seguridad al santo padre, a los turistas y conciudadanos de Lambayeque”, menciona.
Bolaños Melgarejo es consciente que un hecho de criminalidad durante esos días generaría una imagen negativa para el país e incluso un problema de seguridad internacional, por lo que se evitará a toda costa mediante las fuerzas necesarias que se presente alguna situación de riesgo.
“El santo padre viene con su guardia propia, pero esa será para el primer anillo, para su protección personal. El segundo y tercer anillo nos corresponde a nosotros. Debemos darle la seguridad al sumo pontífice y a los dignatarios que lleguen de los diferentes países. Como ha dicho el gobernador, vendrán de forma masiva extranjeros de Ecuador, Colombia y Brasil, países a donde no irá el papa y cuyos ciudadanos aprovecharán la visita al Perú para verlo”, apunta.
Detenidos
De otro lado, la autoridad de la región policial señala que a la fecha se han detenido a 10 mil 250 ciudadanos, lo que responde a entre 65 a 80 presos por día. A ello se suma que han desarticulado a tres organizaciones criminales mediante la División de Investigación Criminal y se tienen a otras dos en investigación, próximas a su desarticulación.
“No tenemos esa ola de criminalidad como sí ocurre con otras regiones colindantes a la nuestra, donde prácticamente empadronan a los transportistas, a las farmacias, las bodegas, a todo el mundo para pedirles cupos de dinero. Eso no tenemos aquí. Sí existen algunos sujetos de malvivir que tocan las puertas lanzando amenazas de carácter extorsivo. A las víctimas les exhortamos a que vengan y denuncien porque la mejor forma de atacar ese problema es desde un inicio. Si esperamos que la enfermedad se convierta en un cáncer ya es bastante difícil abordarla”, menciona.
No obstante, señala que del total de detenidos solo un poco más de 200 están purgando condena en el penal de Chiclayo, lo cual se debe a que sus crímenes no ameritan prisión efectiva, según la norma.
“Este no es un problema de las autoridades judiciales, sino de la legislación. Como son delitos de menor impacto, los jueces no tienen la herramienta legal para sentenciar con pena efectiva, por eso imploramos que el Congreso derogue tantas leyes que alientan el crimen. Lamentablemente, las que tenemos lo único que generan es que los jueces deban darles libertad, pero ante la opinión pública la culpa es de la Policía, del Ministerio Público y de Poder Judicial. Sin embargo, nosotros no somos responsables de que haya tantas normas legales que favorezcan y alienten al crimen, normas que impiden que estos sujetos paguen condena efectiva en Picsi”, expresa.
En esa línea, precisa que se han reportado veinte muertes hasta la fecha en la región, pero diez de estas corresponden a crímenes pasionales, mas no a la delincuencia organizada.
“Gracias a dios aún vivimos en una región segura, pero tampoco somos ajenos a la realidad nacional, puesto que también tenemos la comisión de actos delictivos, aunque de menor impacto. A la fecha tenemos veinte muertos, pero debemos entender que diez son crímenes pasionales, donde lamentablemente la idea de matar nace y crece en el hogar, donde mujeres son asesinadas por personas de su entorno familiar. Son situaciones que escapan a veces de la Policía Nacional porque no podemos controlar la mente humana”, apunta.
Consultado sobre el asesinato de Ricardo Mauro Antón, dirigente de construcción civil en Ferreñafe que fue ultimado de tres disparos, señala que las dos personas involucradas en el homicidio ya han sido plenamente identificadas y en los próximos días estará saliendo la orden de detención preliminar para proceder con su captura.
Siniestro
Sobre el incendio acaecido el último viernes en un depósito de vehículos siniestrados administrado por la Policía, descarta que alguno de los autos que fueron consumidos por las llamas sea de la Policía, sino refiere que se trata de vehículos que habían sido objeto de accidentes de tránsito, los cuales prácticamente estaban inoperativos y eran irrecuperables.
“Ya se están realizando las investigaciones necesarias para revelar el origen de este incendio que fue en horas de la mañana. Es un descampado, es un lugar donde no hay fluido eléctrico en esa zona perimetral, así que deducimos que alguien provocó un pequeño fuego en el lugar y eso genero que se incendien cinco vehículos que, como repito, estaban inoperativos e irrecuperables”, aclara.
Señala que, como la Policía carece de espacios necesarios tales como estacionamientos en el frontis de las comisarías, se pidió al Poder Judicial que le permitan hacer uso de ese inmueble incautado a una universidad privada como un depósito temporal para los vehículos que el Ministerio Público pone en custodia de la Policía.
“No se trata de vehículos que entren y salgan. Es un almacén temporal donde los carros permanecen allí hasta que el Poder Judicial ordena un chatarreo o que sean devueltos a sus verdaderos propietarios, quienes prácticamente no hacen nada porque son unidades que ya no sirven”, acota.
+NOTICIAS:
El 11 de junio, la Contraloría emitió el Informe de Hito de Control N° 007-2026-OCI/3472-SCC, el cual advertía tres situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del tercer paquete de la Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición – IOARR, en la reparación de la red de alcantarillado. Al respecto, Expresión acudió a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel, y conversó con el gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras, y con el subgerente de Obras, a fin de conocer el real devenir de esta importante obra que preparará a la ciudad ante la confirmada llegada del Fenómeno El Niño.
Este tercer paquete de la reparación del sistema de alcantarillado está valorizado en 22 millones de soles, los mismos que son financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, con acompañamiento del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS. La obra se encuentra a cargo de R&M Bioconstrucciones S.A.C., bajo la supervisión de Kazuki Consultoría y Construcción S.AC.
Valorizaciones y avances de obra
Una de las supuestas situaciones adversas que halló la Contraloría fue que se habían aprobado unas valorizaciones que incluyeron metrados de partidas adicionales, generando la cuantificación de metrados en sectores donde aún no se habían ejecutado las obras. En el hito de control se detalla que la empresa constructora hizo un pase o traslado de metrados excedentes a partidas distintas, lo cual no permitiría conocer el real avance físico de la obra.
Al respecto, el subgerente de Obras de Epsel, Alejandro Chiroque Mondragón, explica que la contratación del tercer paquete se hace bajo el sistema de precios unitarios, donde el contratista oferta su precio en cada partida que se encuentra en el expediente técnico. Estos metrados son referenciales, por lo que -agotados estos- se puede generar la ejecución de mayores metrados.
“Cuando se agotan todos estos metrados contratados, nosotros pasamos a una segunda etapa que la habilita el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, que es la de mayores metrados. Nosotros podemos tener la denominación de los colectores, pero eso no significa que fenecen los metrados para cada colector. Subyace el contrato principal que es una fuente que gestionamos nosotros. Ese documento no fue pedido. Los inspectores de OCI no han tenido en cuenta en su análisis este tema de gestión de metrados”, advierte el especialista.
Añade que durante la visita de los inspectores de Contraloría él les explicó este tema, pero a pesar de ello no lo tuvieron en cuenta durante la elaboración de su hito de control, lo que denota un juicio subjetivo sobre la base solo de lo observado, prescindiendo del cuadro de gestión de metrados. Precisa que es el Artículo 205.10 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018, donde se habilita a este procedimiento.
Proceso constructivo
Otra situación adversa que anota la Contraloría está relacionada a presuntas deficiencias en los procesos constructivos e incumplimiento de especificaciones técnicas y controles de calidad, particularmente sobre compactación de suelos, colocación de bases y pruebas hidráulicas. Al respecto, Chiroque Mondragón señala que todos los procedimientos ejecutados en los colectores se rigen bajo rigurosas condiciones de calidad. Determinar algo contrario solo sería posible bajo pruebas de carácter científico.
“Se entiende en la visita a una obra que el proceso constructivo está en ejecución. Eso significa que hay que hacerle seguimiento a ese proceso y sacar las pruebas que correspondan a través de un laboratorio que lo certifique. Esto de ir a un laboratorio ya lo vuelve científico. Si no pasa por un laboratorio, hablamos de algo empírico, que en este caso se desprende de la observación, de la visualización de una zanja en proceso, lo cual no determina cierta condición de calidad”, asevera.
Agrega que no existe tampoco precisión en el informe de lo visualizado, más aún teniendo en consideración que los trabajos se encuentran en una etapa temprana.
“Lo visualizado pudo ser el trabajo de mantenimiento de una zanja, ¿dónde está la precisión? Eso es lo que nosotros nos preguntamos al momento de leer el informe, ¿dónde está la precisión? ¿Es un producto terminado o un producto en proceso? Conclusiones apresuradas las tenemos siempre en estos últimos meses. La verdad es que nosotros estamos brindando toda la información que el OCI necesita, tenemos que transparentar todo, pero la mesura es importante porque puedo ir a una obra en proceso o a una obra donde todo el relleno está hecho y simplemente espero la reposición del pavimento”, comenta.
Plan de Monitoreo Arqueológico
Asimismo, la Contraloría advierte que la entidad y la supervisora de la obra permiten la ejecución de partidas de mejoramiento de tierra en el colector Elías Aguirre sin contar con el Plan de Monitoreo Arqueológico – PMAR, vigente. Sobre el particular, Chiroque Mondragón señala que la contratista está en el trámite de actualización de este documento técnico. Mientras tanto, el ingreso en la calle Elías Aguirre fue autorizado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
“La contratista se ha comprometido a presentar su certificado a la brevedad posible, pero vale aclarar que el área donde estamos interviniendo no es un área de primera intervención. Ya se han hecho obras allí antes (…) Se viene el Fenómeno El Niño y nuestro objetivo es dotar de una infraestructura de conducción de aguas residuales lo más eficiente posible en ese sector para Chiclayo”, manifiesta.
Apunta que a los inspectores del órgano de control se les indicó durante su visita que estaba en proceso la actualización del PMAR, dado que este debe ser orientado a la zona de intervención que, como reafirma, ya ha sido intervenida antes.
“Hay permisos que tienen un plazo perentorio para ser implementados. El 7 de junio la municipalidad nos remitió las autorizaciones de dónde podíamos ingresar y así lo hemos hecho, coordinando muchos temas. Recordemos también que la visita del papa está programada en la quincena de noviembre. Nosotros tenemos que apresurarnos para culminar los colectores que tenemos programados. En ese sentido, la contratista decía: si yo no tengo fecha, ¿cómo voy a actualizar los documentos como el certificado de restos arqueológicos? El otorgamiento por parte del Ministerio de Cultura es en fecha indeterminada, lo cual no quiere decir que hayamos ingresado sin tener ningún certificado. Eso se actualizará, no existe ninguna situación anómala”, asegura.
Colector Bolognesi
De otro lado, Chiroque Mondragón se pronuncia respecto al Informe N° 005-2025 del Órgano de Control Institucional, el cual advierte que se aprobó una ampliación al Consorcio Aguas Negras, encargada de la ejecución del proyecto ‘Renovación del colector primario Bolognesi, desde la calle Faustino Sarmiento hasta la Av. José Leonardo Ortiz’, pese a que tanto la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia de Asesoría Jurídica de Epsel emitieron informes recomendando que no se otorgue la ampliación.
Señala que, si bien Epsel declaró improcedente la ampliación de plazo N° 17 (13 días) solicitada por el Consorcio Aguas Negras al Consorcio Supervisor Ilucán, la contratista en uso de sus atribuciones procedió a elevar este tema a la Junta de Resolución de Disputas de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, la cual resolvió darle la razón correspondiente al pedido de ampliación N° 18, toda vez que el consorcio tramitó hasta cinco pedidos de ampliación de plazo (N° 14, N° 15, N° 16, N° 17 y N° 18).
“Como estaba instalada una Junta de Resolución de Disputas en este contrato, procedió la contratista a elevarla a esa instancia. Es un mecanismo que brinda al contratista y a la entidad resolver alguna diferencia que tienen en el contrato. En ese procedimiento hay un acuerdo, un acta suscrita en la cual la contratista desiste de más ampliaciones de plazo que se estaban dando al momento y se quedó con la menor que era de 11 días”, manifiesta.
Resalta que el fallo de la Junta de Resolución de Disputas es inapelable. A la fecha se está evaluando el monto de liquidación de la obra, a fin de determinar si hay saldos a favor en contra de la contratista.
Por su parte, el gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras de Epsel, Edwin Raymundo Navarro, aclara que estos hechos ocurrieron a inicios del 2025, es decir, cuando ni su persona ni el ingeniero Eduardo Vásquez Figueroa ocupaban la gerencia general.
“Debemos ser responsables al emitir una nota técnica, debemos recurrir siempre a la fuente para corroborar lo que se está diciendo. Nosotros contamos con supervisiones que han sido calificadas en el proceso de selección y nos permiten dirigir este tipo de proyectos de gran envergadura. Nos llama la atención que por una simple apreciación ya se vierta en los medios de comunicación sin tener la prueba de calidad a la mano. Los que hacen ese tipo de análisis deben estar a la altura de nuestros evaluadores técnicos que han pasado por altos procesos de convocatoria para estas obras”, sentencia en alusión a ambos informes de control.
