“Abordar los enormes desafíos que enfrenta el mundo requiere nuevos enfoques y un liderazgo innovador”. Deborah Prentice, vicerrectora de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Con un mercado laboral en constante cambio, tomando en cuenta los escenarios cada vez más cambiantes y en sintonía al reto de la pertinencia, es muy importante revisar el rol de la universidad obligando a considerar un nuevo enfoque e incluso a reinventarse, casos como Chile ya evalúa que la carrera universitaria al igual que en Europa solo tenga una duración de tres 3 años, opiniones de algunos expertos del Silicon Valley consideran que no es necesario un título profesional para salir adelante, aun cuando al analizar los niveles de empleabilidad entre los que cuentan con estudios universitarios y los que no cuentan con ellos las estadísticas lo contradicen.

Lo cierto es que la mayor interconectividad y la rápida asimilación de las diversas tecnologías producto de la cuarta revolución industrial, tiene su efecto en la demanda laboral revelando cambios muy significativos y mostrando nuevos espacios, de allí que muchas universidades ya implementan programas específicos para atender la demanda laboral con propuestas más prácticas y en menor tiempo.

La horizontalidad en el acceso al conocimiento cerrando brechas y superando distancias (cursos MOOC, educación y bibliotecas virtuales etc.) es sin duda un importante efecto de internet en favor de una mejor formación universitaria, pero ante la necesidad de nuevos perfiles como ventaja competitiva a sumar al ya necesario dominio de idiomas, es la adopción de habilidades blandas (trabajo en equipo, análisis crítico, inteligencia emocional, capacidad de adaptación, creatividad e innovación, resiliencia, habilidades comunicacionales, etc.) como nuevas fortalezas .

Aprendizaje hibrido

Ante esta turbulencia de situaciones, desde una visión prospectiva y sin descuidar la calidad, las tendencias en la educación universitaria se orientan a experiencias de aprendizaje hibrido que considere la personalización en lo cual la IA generativa tendrá mucho que aportar, el adaptar los espacios físicos para cumplir varias funciones (laboratorios, las aulas pueden ser Hy Flex, etc.), en suma la necesidad de marca un punto de inflexión, caso contario estaremos preparando cuadros para un escenario que en 2 o 3 años no va a existir. Finalmente, conviene recordar que el factor crítico de éxito en este tema es el docente universitario que, cumpliendo una labor de apostolado formando a profesionales que conducirán el país, sigue durante años reclamando en plazas y calles su mejora remunerativa, de la cual sigue burlado con normas que se aprueban y no se cumplen.

SUNEDU por recomendación de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM recomienda incluir en los planes de estudio asignaturas sobre de gobierno y transformación digital, cadenas de bloques, ciberseguridad, internet de las cosas, y tecnologías cuánticas. 

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(*) Docente UNPRG.

El Perú está atravesando un periodo crucial en su historia, el país se enfrenta a una paradoja que parece repetirse de manera continua, si bien tiene grandes ventajas comparativas y recursos suficientes para convertirse en una de las economías más dinámicas de América Latina, también tiene problemas estructurales que obstaculizan su desarrollo y perjudican la calidad de vida de millones de personas.

La prosperidad minera, el aumento en las exportaciones agrícolas, la estabilidad macroeconómica lograda durante décadas y el potencial de una población joven constituyen una oportunidad excepcional para fomentar el avance del país; no obstante, la inseguridad ciudadana, la corrupción, el trabajo en condiciones de informalidad, la baja calidad de los servicios públicos y el aumento de desconfianza hacia las instituciones son factores que podrían frustrar que la nación llegue a su auténtico potencial, en este contexto, no se puede evitar plantearse la pregunta: ¿Está el Perú listo para iniciar su camino hacia el desarrollo o está en peligro de malgastar otra vez una ocasión histórica?

La economía peruana ha presentado signos de restablecimiento después de etapas de crisis y desaceleración en los años recientes, no obstante, las ventajas del crecimiento todavía no se distribuyen de manera justa entre toda la población. En 2024, el 27,6% de los habitantes de Perú se vio afectado por la pobreza monetaria, lo que representa alrededor de 9,4 millones de individuos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); a pesar de que esta cifra es menor a la del año 2023, sigue siendo mayor que los niveles documentados antes de la pandemia y muestra que más de un cuarto de la población peruana vive en condiciones vulnerables; asimismo, se estima que el 31,8% de la población es vulnerable; esto es, tiene el potencial de volver a caer en la pobreza si se presenta una crisis económica o familiar.

La informalidad laboral es uno de los problemas más persistentes del país y se suma a esta situación, aproximadamente el 70% de los empleados en Perú trabaja en condiciones informales, sin un acceso apropiado a la seguridad social, sistemas de pensiones o protección laboral; la productividad se ve limitada, los ingresos tributarios disminuyen y los ciclos de pobreza se perpetúan en esta circunstancia. 

Por otra parte, Perú tiene sectores con un gran potencial de expansión, las agroexportaciones siguen creciendo y se están llevando a cabo proyectos de irrigación e infraestructura significativos para incluir nuevas zonas productivas, el Gobierno, hace poco, informó sobre inversiones de casi 24 mil millones de dólares en proyectos de irrigación que posibilitarían una expansión considerable de la frontera agrícola del país en los años venideros.

No obstante, el progreso económico por sí mismo no asegura el bienestar, una de las inquietudes más grandes que tiene la gente es la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, el sicariato y la extorsión impactan no solamente a los ciudadanos, sino también a las empresas pequeñas y medianas, que son el motor económico del país; esta circunstancia produce incertidumbre, desestimula las inversiones y perjudica la confianza de la sociedad.

Además, el avance sigue siendo obstaculizado por la fragilidad institucional, la implementación eficaz de políticas públicas a largo plazo se ha vuelto difícil debido a la inestabilidad política de los años recientes; a pesar de que el país dispone de recursos económicos significativos, continúan existiendo retos en la administración pública que restringen la habilidad del Estado para disminuir las desigualdades en materia de salud, educación, saneamiento e infraestructura.

Sin embargo, el panorama para el 2030 también muestra oportunidades nuevas, si el país consigue implementar políticas que fomenten la innovación, la educación de calidad y la competitividad empresarial, factores como la inteligencia artificial, la transformación digital, el crecimiento global en cuanto a minerales estratégicos para la transición energética y la expansión de la economía del conocimiento tienen el potencial de convertirse en catalizadores del crecimiento.

El reto real es convertir las ventajas potenciales en beneficios tangibles para la población; Perú ha evidenciado previamente su capacidad de crecimiento económico; ahora necesita probar que también es capaz de establecer instituciones fuertes, disminuir las disparidades y asegurar oportunidades para todos sus habitantes.

Perú tiene las condiciones necesarias para convertirse en una de las economías más competitivas de América Latina para el año 2030, contar con una ubicación estratégica, recursos naturales y potencial productivo son factores significativos para promover el desarrollo económico. No obstante, el hecho de que persistan problemas estructurales como la pobreza, la inseguridad ciudadana, la informalidad en el trabajo y la fragilidad institucional son amenazas importantes que podrían restringir ese progreso.

El porvenir de la nación estará menos condicionado por la disponibilidad de recursos y más por la habilidad de sus líderes, ciudadanos e instituciones para alcanzar acuerdos comunes, reforzar la gobernabilidad y dar prioridad a las políticas públicas enfocadas en el desarrollo sostenible.

Finalmente, nos atrevemos a realizar algunas recomendaciones desde nuestra perspectiva importantes:

En primer lugar, reforzar las entidades públicas a través de reformas que busquen optimizar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en cada nivel gubernamental.

En segundo lugar, fomentar una estrategia nacional que disminuya la informalidad en el trabajo, a través de incentivos para formalizarse, simplificar la administración y reforzar la capacitación laboral.

En tercer lugar, se debe dar prioridad a la inversión en innovación, educación y transformación digital para capacitar a las generaciones futuras ante los retos de la economía mundial.

Cuarta medida: poner en práctica políticas de seguridad ciudadana integrales que unan el fortalecimiento policial, la inteligencia, la tecnología y la prevención social del delito.

Por último, fomentar un panorama de desarrollo a largo plazo que supere las transiciones gubernamentales y haga posible la realización de proyectos estratégicos en términos de infraestructura, conectividad y competitividad, asegurando así el progreso constante del país.

Aún tiene el Perú la posibilidad de despegar, lo que hagamos hoy determinará si avanzamos hacia el desarrollo o seguimos atrapados en ciclos de oportunidades perdidas; el 2030 no es solo una fecha en el almanaque; simboliza un reto histórico para evidenciar si la nación es capaz de transformar su potencial en bienestar tangible para toda la población peruana.

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Economista / Docente - USMP

Toda sociedad aspira al desarrollo, a la justicia y a la paz. Sin embargo, pocas veces se reconoce que estos objetivos tienen un mismo punto de partida: la ética. No existe institución sólida, empresa sostenible ni ciudadanía responsable que pueda sostenerse en el tiempo sin principios y valores que orienten sus decisiones. La ética es mucho más que una reflexión sobre el bien y el mal; constituye el fundamento sobre el cual se construye la confianza, se fortalece la dignidad humana y se hace posible la convivencia entre personas libres e iguales.

La ética como fundamento de nuestras decisiones

En un mundo marcado por constantes cambios y desafíos, surge una pregunta fundamental: ¿qué principios orientan nuestras decisiones y nuestra relación con los demás? Aunque la ética suele cobrar relevancia en momentos de crisis o controversia, su verdadero valor radica en ser el fundamento permanente de nuestras acciones y de la convivencia social. Más que un conjunto de normas, la ética guía nuestras decisiones a partir de valores como el respeto, la responsabilidad y el bien común, interpelando por igual a todas las personas, sin distinción de cargos, profesiones o condiciones sociales.

La ética en la vida pública y privada

La ética está presente en todos los ámbitos de la vida y orienta las decisiones de ciudadanos, organizaciones e instituciones. Cuando las acciones se sustentan en principios éticos, se fortalece la confianza, se promueven relaciones más justas y se contribuye a la solidez de las instituciones. Por el contrario, cuando predominan los intereses particulares sobre el respeto a los demás, se debilitan los vínculos sociales y la convivencia.

En este sentido, la ética no solo guía el comportamiento individual, sino que también influye en la calidad de la vida en sociedad. Nos recuerda que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un impacto que trasciende lo personal y contribuye a construir el entorno en el que vivimos.

La ética como práctica cotidiana

Existe la tendencia a asociar la ética con grandes decisiones o con situaciones extraordinarias. Sin embargo, su verdadera importancia se revela en los actos más simples de la vida diaria.

La ética se expresa cuando actuamos con honestidad, cuando cumplimos nuestros compromisos, cuando respetamos las normas de convivencia y cuando tratamos a los demás con consideración y respeto. Se pone a prueba cuando debemos elegir entre lo correcto y lo conveniente, entre el beneficio inmediato y el bienestar colectivo.

Por ello, la ética no es un ideal abstracto ni una teoría reservada a especialistas. Es una práctica cotidiana que se construye a través de nuestras elecciones y que refleja la calidad de nuestros valores. Cada decisión, por insignificante que parezca, representa una oportunidad para fortalecer la confianza y contribuir al bienestar común.

La dignidad humana como principio esencial

El filósofo Immanuel Kant sostenía que las personas tienen valor y no precio. Esta afirmación encierra una profunda enseñanza ética: todo ser humano posee una dignidad inherente que merece ser respetada.

Reconocer la dignidad humana implica comprender que ninguna persona debe ser tratada como un instrumento para alcanzar intereses particulares. Significa reconocer la igualdad fundamental entre los seres humanos y promover condiciones que permitan a cada persona desarrollar plenamente su proyecto de vida.

Cuando una sociedad asume este principio como guía, fortalece el respeto mutuo, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica. La ética encuentra precisamente en la dignidad humana uno de sus fundamentos más sólidos, pues nos recuerda que el valor de una persona no depende de su condición económica, posición social o función que desempeñe.

Una responsabilidad compartida

La construcción de una sociedad ética no depende solo de las leyes, las instituciones o los mecanismos de control, sino principalmente de personas comprometidas con valores que guíen su conducta y orienten sus decisiones cotidianas. La ética es una responsabilidad compartida que se fortalece a través de la educación, el ejemplo y la conciencia individual sobre el impacto de nuestras acciones en el bienestar colectivo. Más que la abundancia de recursos materiales, el verdadero desarrollo de una sociedad se refleja en una cultura sólida basada en el respeto, la responsabilidad, la confianza y el compromiso permanente con el bien común de todos.

Reflexión final

La ética sigue siendo un pilar fundamental para la vida en sociedad, pues nos permite distinguir lo correcto de lo incorrecto, reconocer la dignidad humana y asumir nuestras responsabilidades frente a los demás. En un contexto de constantes cambios y desafíos, continúa orientando nuestras decisiones y acciones, recordándonos que una sociedad más justa y solidaria se construye no solo con leyes e instituciones, sino también con personas comprometidas con sus valores. En definitiva, el verdadero progreso se refleja en la capacidad de promover el respeto, la confianza y el bien común.

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(*) Politólogo.

El debate sobre cambiar el modelo económico peruano regresa cada elección. Pero en veinte años, la pobreza extrema cayó de 25,4% a 5,1%. Eso no fue magia, sino un marco institucional que funcionó, con todas sus fallas.

Hay un ritual casi inevitable en las elecciones peruanas. Apenas se conocen los resultados de la primera vuelta, alguien sale a proponer que la Constitución de 1993 es el problema. Que el Estado necesita más poder. Que el modelo económico vigente favorece a los ricos y abandona al resto. El argumento tiene fuerza emocional. Lo que no siempre tiene son números que lo sostengan.

Es claro que, en el 2005, la pobreza extrema en el Perú llegaba al 25,4% de la población, según el Banco Mundial. Para 2024, esa cifra había bajado a 5,1%. Una caída de veinte puntos porcentuales en menos de dos décadas, una de las más pronunciadas de toda América Latina. De esta manera el argumento central no es ideológico sino empírico, debido a que cambiar las reglas de estabilidad macroeconómica no resuelve las brechas de servicios que los peruanos enfrentan hoy.

Cambios

Uno de los cambios que trajo la Constitución vigente fue darle autonomía al Banco Central de Reserva y prohibir que el Estado financie el gasto público con emisión monetaria. Para quien no vivió los años ochenta, esto puede sonar tecnocrático y distante. Pero el Perú de entonces tenía una inflación anual del 383% en promedio entre 1983 y 1993. Brasil llegaba al 604%. Eran economías que se comían a sí mismas.

Desde 1997, el Perú no ha vuelto a registrar inflación de dos dígitos de manera sostenida. Eso protegió el poder adquisitivo de los hogares, especialmente los de menores ingresos, que no tienen activos financieros para cubrirse de la devaluación. También le permitió al país desarrollar un mercado financiero que facilitó el acceso al crédito para familias y pequeñas empresas.

La prohibición de financiar el presupuesto con emisión también obligó a una disciplina fiscal que, aunque incómoda políticamente, fue eficaz, dado que la deuda pública cayó del 60% del PBI en 1990 al 29% al primer trimestre de 2026, por debajo del promedio regional. Eso no es un logro menor; sino el margen que tiene el Estado para actuar cuando vienen crisis.

La inversión privada pasó de representar el doble de la inversión pública a cuadruplicarla a partir de 1990. El motor inicial fue la inversión extranjera directa, que se multiplicó y generó empleo formal, aumentó la recaudación y permitió que el Estado tuviera más recursos para gastar en lo que no puede hacer el sector privado como colegios, carreteras, postas médicas, entre otros.

Además, la apertura comercial que permitió la Constitución multiplicó por más de dos la variedad de bienes y servicios disponibles para los consumidores peruanos. Eso no es un detalle menor; dado que los precios más bajos de productos importados también protegen el poder de compra de los hogares.

El Perú creció, redujo pobreza extrema y logró estabilidad macroeconómica. Y, aun así, tres de cada cinco colegios públicos no tienen acceso adecuado a servicios básicos. Más de la mitad de la red vial nacional está en malas condiciones. Las brechas en salud, educación e infraestructura siguen siendo enormes.

Pero, y esto es crucial, esas brechas no son consecuencia del régimen económico. Son consecuencia de instituciones débiles y de un Estado que no ha sido capaz de ejecutar bien el gasto que sí tiene disponible. El problema no es que el Estado tenga poco dinero; es que frecuentemente no lo gasta de manera efectiva.

¿El modelo?

Si el problema fuera el modelo económico, cambiar la Constitución tendría sentido. Pero si el problema es la capacidad institucional del Estado para planificar, ejecutar y supervisar el gasto público, entonces el debate constitucional es una distracción. Una distracción costosa, además, porque genera incertidumbre que desincentiva la inversión precisamente cuando más se necesita.

El Perú necesita un Estado más eficaz, no necesariamente uno más grande. Necesita que los colegios que ya existen funcionen bien antes de construir más. Necesita que el dinero de los proyectos de infraestructura llegue a las obras y no se pierda en procesos de contratación deficientes o en corrupción regional. Necesita marcos regulatorios que reduzcan los costos de hacer negocios formales para las pequeñas empresas.

Nada de eso requiere cambiar la Constitución; sino requiere voluntad política para hacer reformas impopulares, capacidad técnica en el aparato estatal y ciudadanía que exija resultados concretos en lugar de promesas estructurales.

La Constitución de 1993 no es perfecta, sino tiene vacíos, tensiones y artículos que merecen revisión técnica. Pero el régimen económico que establece demostró ser compatible con una reducción de pobreza sin precedentes en la historia peruana reciente, debido a que ignorar ese registro por conveniencia política no es reforma.

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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.