Después de muchas gestiones que iniciaron con la compra del terreno por parte de otros consejos directivos, el Colegio de Biólogos de Lambayeque dio un paso histórico al concretar el techado de la primera etapa de su local institucional. El proyecto, que contempla la edificación de cuatro niveles, se financia con recursos propios.
“Tenemos gozo, alegría y esperanza por estar cumpliendo con un proyecto que no es de ahora, sino que empezó hace mucho tiempo. En ese sentido, queremos agradecer a los colegas que nos han antecedido por su esfuerzo realizado año a año, comisión por comisión. Ahora nosotros estamos realizando la materialización de este sueño tan anhelado, como es tener nuestra casa común. Hoy se techa la primera planta de nuestro local institucional”, comentó con emoción la decana del Consejo Regional III Lambayeque del Colegio de Biólogos del Perú, Carlota Flores Arrascue.
Según explicó, su consejo directivo, elegido para el período 2025-2027, tiene como meta la construcción de la primera y segunda planta del local institucional, ubicado en el sector Diego Ferré, paralelo al centro comercial Real Plaza.
“Queremos dejar habilitados los ambientes de ambos niveles y ocuparlos, así como generar las condiciones para que quienes nos sucedan materialicen los otros niveles hasta concretar el proyecto total. El edificio debe ser de cuatro niveles”, señaló.
Flores Arrascue comentó que llegar a este punto no ha sido fácil, sobre todo porque hubo que adecuar el proyecto arquitectónico a los nuevos parámetros urbanísticos establecidos por la Municipalidad Provincial de Chiclayo en aplicación del Plan de Desarrollo Metropolitano.
“En el 2021 recibimos el proyecto de construcción, que en el período 2023-2025, en la gestión del decano Franklin Aguilar Gamboa, se definió con el apoyo de la firma del ingeniero Acuña, que dejó listo el expediente. El año pasado fue de mucho trajín en la municipalidad de Chiclayo para obtener la licencia de construcción, que finalmente nos fue entregada en noviembre del 2025. Con eso fue posible iniciar las obras con el acompañamiento de la firma de ingenieros Acudav”, manifestó.
Recaudación de fondos
Por su parte, la tesorera del consejo directivo, Cinthya Llanos Olivera, precisó que se continúa recibiendo los aportes voluntarios de los colegiados para ayudar al financiamiento de la obra, que se suma a los recursos que desde los anteriores consejos se empezó a reunir con el propósito de hacer posible la obra.
“Para continuar con el proyecto vamos a organizar más actividades como cursos, rifas y otro tipo de formas de recaudación de fondos. Nuestra invitación a los colegiados es que se unan para ayudarnos a seguir con los trabajos”, dijo.
En tanto, el secretario del consejo, Jorge Fupuy Chung, mostró su satisfacción por ser parte de este paso histórico para la orden de los biólogos de Lambayeque.
“Este es un primer paso en el proyecto que iniciamos a nivel de obra en marzo pasado. Esperamos consolidar a fines de julio de este año las dos primeras plantas en casco, pero necesitamos del apoyo de todos los colegiados, porque esta obra nos beneficiará a todos”, anotó.
Al cabo de los cinco primeros meses del año, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – CSJL, ha resuelto un total de 46 mil 753 casos, producción que ha sido resaltada por el presidente de esta institución, César Bravo Llaque. En diálogo con Expresión, resalta que, a pesar de solo contar con tres salas en materia penal, los jueces de esta corte no escatiman esfuerzos en resolver con celeridad para que los litigantes alcancen justicia.
“Estadísticamente, la producción de nuestras salas penales y de todo el módulo penal en esta corte es superior incluso a la de Lima y eso es evidencia del compromiso que tenemos con el trabajo. Es cierto que a Lima ingresan más expedientes, pero si hablamos numéricamente de la producción por jueces, acá en Lambayeque es mayor”, resalta el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
Necesidad de magistrados
Bravo Llaque destaca que la instalación de la Unidad de Flagrancia ha permitido bajar la carga penal, puesto que en los dos años que lleva de funcionamiento se han logrado más de diez mil condenas.
Las Unidades de Flagrancia son la base del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva e integran diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio Público y otras entidades relevantes. Estas unidades deben operar de manera articulada para garantizar la eficacia en la atención de casos de flagrancia.
No obstante, Bravo Llaque señala que el problema recae en los casos que se inician en la fiscalía, aquellos que no ocurren en flagrancia y que obedecen a una denuncia de parte. Para estos casos -refiere- se necesitan más jueces y trabajadores judiciales, pues solo hay tres salas penales en Lambayeque.
“Tenemos tres salas penales desde hace una buena cantidad de años, diría que diez años, y la carga penal aumenta todos los días. Sin embargo, yo quiero saludar el trabajo de los jueces. Es verdad, todavía hay casos que demoran mucho, pero no se puede desconocer que los jueces en esta corte trabajan (…) Pero sí, hacen falta más trabajadores, más jueces titulares, más personal. Mínimamente necesitamos una sala penal más con sus tres magistrados”, asevera.
Precisa que actualmente se realizan como mínimo seis audiencias diarias en materia penal. Incluso, en algunas salas se realizan de ocho a diez audiencias diarias con lectura de sentencia, motivo por el cual constantemente su gestión solicita que por lo menos se asigne una sala penal transitoria más para descongestionar la carga procesal.
“En Jaén tenemos una sala transitoria penal porque urgía la presencia de una. Nosotros estamos tocando siempre puertas, pero no depende del Poder Judicial, sino del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF, que es quien aprueba nuestro presupuesto. Ese es un gran error. No le puedes negar a un poder del Estado la capacidad de aprobar su propio presupuesto como sí lo hace el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El MEF no sabe de nuestras necesidades y hay que exponérselas constantemente. El MEF es un ente netamente político, nosotros somos jurisdiccionales”, apunta.
Sala de audiencias tecnológica
Al respecto, el último viernes se inauguró una moderna sala de audiencias tecnológica en la Primera Sala Penal de Apelaciones, ubicada en el tercer piso de la sede central Manuel Huangal Naveda, la cual forma parte de la ‘Adquisición e implementación de una solución de tecnologías de la información para salas de audiencia en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional’, impulsada por el Poder Judicial a través del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal.
La nueva sala contará con equipamiento tecnológico especializado, orientado a optimizar el desarrollo de audiencias judiciales, fortalecer el registro audiovisual de las actuaciones procesales y mejorar la conectividad, seguridad y continuidad operativa del servicio de justicia.
Entre los principales equipos previstos destacan pantallas digitales interactivas, monitores touch, mini-PC, computadoras de escritorio, cámaras de conferencia, cámaras de documentos, micrófonos cuello de ganso, sistemas de mezcla y procesamiento de audio, parlantes, cámaras de videovigilancia IP, grabadores de video en red (NVR), dispositivos de almacenamiento NAS, lectores biométricos de huella dactilar, access point, switches de red, UPS, estabilizadores y gabinetes de piso.
“Cuando la tecnología está al alcance de la justicia es más fácil administrarla. En el campo penal, la justicia tiene que ser eminentemente objetiva. No solo son los dichos, sino los medios probatorios que se van acumulando para determinar si la acusación que el fiscal propone resulta ser verificable o no. Y es precisamente con esta nueva sala, que tiene toda la tecnología necesaria, que acercaremos al fiscal, al abogado defensor y, fundamentalmente a los jueces, a una sentencia totalmente objetiva”, señala Bravo Llaque.
Explica que todos los mecanismos, medios de prueba, actas y pericias serán proyectadas durante las audiencias, de manera que todos los justiciables tengan acceso a su visualización y puedan aportar según lo que su derecho les conviene. Así, ya no se limita la presentación de pruebas a la lectura desde un papel, sino que ese documento, video o fotografía se proyectará para la visualización de todos.
La incorporación de esta tecnología permitirá mejorar significativamente la calidad de las audiencias, facilitando una mejor experiencia de audio y visualización para magistrados, partes procesales y personal jurisdiccional. Asimismo, el nuevo equipamiento fortalecerá los mecanismos de grabación, monitoreo y almacenamiento de las actuaciones judiciales, contribuyendo a una mayor seguridad, trazabilidad y control de la información procesal.
“En las pruebas que hicimos previo a la inauguración de la sala, proyectamos el video de un arrebato de celular, donde se pudieron visualizar hasta las características del móvil, de tal manera que no haya forma que el imputado niegue que ese sea el celular sustraído. Por eso digo que la justicia penal tiene que ser altamente objetiva. Una justicia penal de hechos con la corroboración de medios probatorios. Esta sala tiene esa finalidad”, advierte.
Mejoras y remodelaciones
De otro lado, el presidente de la CSJL señala que desde el año pasado se inició con la remodelación y las mejores en diferentes módulos judiciales. Uno de estos fue el Módulo de Atusparias, el cual inicialmente fue diseñado para veinte servidores y ahora hay mínimamente cincuenta laborando en óptimas condiciones.
“Se ganó espacios, se ganó ventilación y luz natural, pero todavía falta hacer muchas cosas en ese módulo. Hemos también remodelado el módulo de Oyotún, el cual es muy castigado por las inclemencias de la naturaleza. Hemos ido allí, hemos estado allí, y con mucha alegría hemos visto que las últimas lluvias fuertes que hubo este año ya no afectaron, gracias las capas que se han puesto del material sintético”, destalla.
Enumera que también se han hecho trabajos en las sedes de Motupe, Lambayeque y Ferreñafe. Sobre esta última, destaca que también se ha mejorado la infraestructura para hacerle frente ante las lluvias.
Asimismo, se han hecho trabajos en la sede principal Manuel Huangal Naveda, donde uno de los mayores problemas eran las redes de desagüe, debido a la antigüedad del edificio que ya va a cumplir veinte años.
“La población ha aumentado y sobrecargado las redes de alcantarillado. Aquí el uso de los baños es para todos, no solamente para magistrados, sino para trabajadores y personas usuarias. Al inicio de la gestión hicimos un estudio porque encontramos que el agua salía de los baños. Se tuvo que hacer todo un trabajo de ingeniería y en este momento ya estamos refaccionando cada baño. Hemos empezado por los servicios higiénicos del quinto piso e iremos al cuarto, al tercero y así sucesivamente, pintándolos y renovándolos, pues hacía mucho tiempo no se hacía esto”, manifiesta.
Resalta que todo esto se viene haciendo con recursos propios, dado que el presupuesto para este año se ha restringido incluso más.
Finalmente, señala que se está terminando el estudio del palacio judicial antiguo y se debe estar convocando a la elaboración del expediente técnico el próximo mes. Prevé que el próximo año se empiece ya la construcción de la sede antigua, la misma que consignará la distribución de ambientes, tal cual estaban antes del siniestro que la redujo a cenizas.
“Nosotros vamos a considerar como exigencia en el expediente técnico que la distribución de los ambientes esté tal como quedó. Ya el próximo presidente verá qué órganos jurisdiccionales van para allá. Antes funcionaba acá laboral, familia y los paz letrado. Tenemos todas las piezas de mármol que tenía la sede antes del incendio y van a ser colocadas de la misma forma. La fachada también va a ser igual. Por eso hemos demorado, porque el perfil y el diseño tienen que ser igual. Esta labor ha sido supervisada por el Ministerio de Cultura y Epsel, ya que ahora en toda ciudad moderna los edificios deben tener sótano, pero Chiclayo está sobre agua y no hay ninguna forma de hacer sótano para cochera. Hemos visto una alternativa y ya se nos aprobó”, concluye.
La alerta por un posible Fenómeno El Niño de nivel fuerte ha sido dada por las entidades correspondientes, entre ellas la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño”, que advierte de un Niño Costero, en pleno desarrollo y que se prolongaría hasta septiembre de este año, y un Niño Global que iría hasta marzo del 2027. Ante esta situación conviene preguntarse qué están haciendo los municipios de Lambayeque para mitigar los riesgos, considerando que todos han recibido presupuesto para ello. Los números nos mienten y la realidad es – nuevamente – decepcionante.
Históricamente, Lambayeque es uno de los departamentos más golpeados por El Niño, fenómeno caracterizado por las lluvias e inundaciones que han causado no solo la pérdida de vidas humanas, sino también daños a la poca infraestructura de desarrollo (vías, sistemas de agua y alcantarillado y demás), servicios estratégicos como salud y educación, y un perjuicio millonario a actividades productivas, principalmente en comercio, agricultura y agroexportación.
El Niño Costero del 2017 y el ciclo Yaku del 2023 dejaron en evidencia la falta de preparación de nuestras ciudades para soportar las intensas lluvias y desbordes de ríos. En el 2017 se conformó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, que entre sus tareas tenía la de entregar obras de prevención definitivas en los departamentos afectados por el fenómeno. La ARCC desapareció y se convirtió en Autoridad Nacional de Infraestructura – AFIN, y aunque el cambio de nomenclatura se dio lo cierto es que ninguna obra de tal envergadura se ha concluido, al menos en Lambayeque.
Ejecutar trabajos preventivos a estas alturas resulta tardío, es lo que señalan los expertos. Por lo que debe pasarse a la puesta en marcha de los planes de contingencia, todos bajo el liderazgo de los gobiernos locales que – de acuerdo a Ley de Gestión de Riesgos y Desastres – deben ser los primeros en actuar.
Provincia de Chiclayo
La Municipalidad Provincial de Chiclayo tiene presupuestado para este año 1 millón 895 mil 415 para la Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. De acuerdo a la consulta realizada ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, al cierre de este informe el gasto es de solo el 20.8 %, no habiendo ejecutado nada en los proyectos: Estudios para la estimación de riesgos de desastres; Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y Población con prácticas para la resiliencia.
En el municipio de Chongoyape, en la partida de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, con 153 mil 615 soles de presupuesto, se ha gastado hasta el momento el 34.6 %; en la comuna de Puerto Eten, el 61.5 % de los escasos 7800 soles para dicha tarea; José Leonardo Ortiz ha invertido el 33.2 % de los 182 mil 645 soles asignados, y La Victoria el 10.6 % de los 199 mil 481 soles de presupuesto para este año.
La municipalidad de Lagunas el 8.9 % de los 8799 soles recibidos; Monsefú el 1.2 % de los 40 mil 320 presupuestados; Nueva Arica el 73.6 % de los 9555 asignados; Picsi, el 100 % de los 2960 recibidos; Pimentel el 24.7 % de 219 mil 785; Reque el 22.4 % de 35 mil 50 soles; Santa Rosa el 0 % de los 2700 correspondientes y Zaña el 6 % de 106 mil 354.
En el distrito de Pátapo el gasto asciende al 64.5 % de los 3800 presupuestados; Cayaltí el 33.2 % de 15 mil 729; Pomalca el 0 % de 4190; Pucalá el 11.5 % de 5000 soles, y Tumán el 0.5 % de 105 mil soles. Los distritos de Ciudad Eten y Oyotún no registran la partida.
Con estos datos, se tiene que en la provincia de Chiclayo, conformada por 20 distritos (18 entran en lista), el promedio de ejecución de la partida para la reducción de riesgos ante desastres es de solo el 28.18 %.
Provincia de Lambayeque
La Municipalidad Provincial de Lambayeque reporta una ejecución del 74.1 % del millón 275 mil 635 soles asignados para la reducción de riesgos. Sin embargo, presenta 0 % de avance en el rubro: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, que tiene una partida de 112 mil 370 soles.
La Municipalidad Distrital de Chóchope ha ejecutado el 0 % de los 3650 soles recibidos; Íllimo el 63.7 % de los 233 mil 985 presupuestados; Jayanca el 23.7 % de 268 mil 934; Mochumí, el 11.7 % de 98 mil 31 soles; Mórrope el 51 % de 277 mil 387, y Motupe el 70.4 % de 294 mil 901 soles.
En Olmos, la ejecución es del 75.4 % de los 660 mil 24 soles asignados para la reducción de vulnerabilidad y riesgos ante desastres; en Pacora el 51.8 % de los 13 mil 126 presupuestados (inicialmente fueron 70 mil soles); en Salas el 28.6 % de 184 mil 524 soles; en San José el 33.3 % de 22 mil 500 y el 70.2 % de 121 mil 725 soles (inicialmente la partida no tenía presupuesto).
La provincia vecina supera a Chiclayo, al tener una ejecución promedio de 46.16 % entre sus 12 municipios, incluyendo al provincial.
Provincia de Ferreñafe
La comuna provincial de Ferreñafe presenta una ejecución de 60.9 % de los 339 mil 425 soles presupuestados para este año, habiendo gastado en los tres proyectos considerados: Acciones comunes; Capacidad instalada para preparación y respuesta, y Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres.
En el distrito de Cañaris, el gasto es del 50.2 % de los 237 mil 342 soles presupuestados; en Incahuasi, 22.2 % de 485 mil 466; en Manuel Antonio Mesones Muro el 16.7 % de 3000 soles; en Pítipo, 44.5 % de 67 mil 700, y en Pueblo Nuevo, 16.2 % de 70 mil 740 asignados.
El promedio provincial es de 35.12 % de ejecución.
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(*) Periodista especializado en bases de datos y contrataciones públicas.
Con la difusión oficial de los resultados consolidados de las elecciones legislativas, ha quedado definido el rostro definitivo del Senado de la República para el próximo período gubernamental y legislativo comprendido entre los años 2026 y 2031. El nuevo Senado, compuesto de manera compacta por un total de 60 escaños —que combinan una representación elegida por Distrito Nacional Único y otra por circunscripciones Múltiples de carácter territorial—, proyecta un escenario político inédito de paridad de fuerzas que redefinirá por completo la dinámica del poder en el Perú.
La estructura general de las curules senatoriales arroja una distribución exacta de fuerzas que divide el hemiciclo en dos bloques simétricos e irreconciliables de 30 representantes cada uno. Por un lado, la coalición de partidos de tendencia conservadora y de derecha —integrada de forma sólida por Fuerza Popular con 22 senadores y Renovación Popular con 8 escaños— logra consolidar un bloque mayoritario unificado de exactamente 30 curules. En la otra orilla parlamentaria, las bancadas de centro, centro-izquierda e izquierda opositora articulan un contrapeso idéntico de 30 senadores en conjunto. Este bloque opositor y de control gubernamental se compone de manera combinada por Juntos por el Perú (14 senadores), el Partido del Buen Gobierno (7 senadores), el Partido Cívico Obras (5 senadores) y la agrupación Ahora Nación (4 senadores).
Esta partición matemática perfecta (30 escaños para el oficialismo/derecha legislativa frente a 30 escaños para las distintas vertientes de oposición) elimina de raíz la posibilidad de que un solo sector imponga de manera automática directivas, apruebe nombramientos en el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva o la Defensoría del Pueblo, o ratifique reformas constitucionales sin un proceso de negociación minucioso. Cualquier ausencia fortuita, defección de bancada o cambio de postura de un solo parlamentario inclinará irremediablemente la balanza de las votaciones de la Cámara Alta.
A continuación, se detalla la composición completa del nuevo Senado de la República para el período 2026-2031, agrupada de manera organizada por organizaciones políticas y subdividida rigurosamente según la circunscripción electoral (Nacional o Múltiple territorial) a la que pertenece cada senador electo:
Fuerza Popular
El partido naranja se consolida como la primera minoría de la Cámara Alta, basando su poderío parlamentario tanto en figuras políticas de alcance nacional con altos niveles de recordación ciudadana como en líderes regionales distribuidos en casi todo el litoral e interior del territorio peruano.
Sus senadores nacionales son: Miguel Torres (343 mil 239 votos); Martha Chávez (128 640 votos); Fernando Rospigliosi (68 330 votos); Patricia Juárez (33 293 votos); Martha Moyano (27 548 votos); César Astudillo (26 897 votos) y Carlos Mesía (11 342 votos).
Elegidos por las regiones están: Marco Miyashiro (Lima – 98 942 votos); Elard Melgar (Lima — 10 960 votos); Jacques Rodrich (Callao — 12 181 votos); Rafael Yamashiro (Ica — 10 327 votos); Nilza Chacón (Áncash — 11 670 votos); Víctor Flores (La Libertad — 16 575 votos); Alejandro Aguinaga (Lambayeque — 25 642 votos); Karla Schaefer (Piura — 25 321 votos); Héctor Ventura (Tumbes — 4204 votos); Segundo Tapia (Cajamarca — 6797 votos); José Arista (Amazonas — 4631 votos); Juan Carlos del Águila (Loreto — 11 660 votos); Víctor Noriega (San Martín — 12 263 votos); Jorge Velásquez (Ucayali — 19 464 votos) y David Jiménez (Junín — 11 378 votos).
Juntos por el Perú
Se posiciona como el eje vertebrador de la oposición de izquierda en la Cámara Alta, logrando importantes resultados en la votación general por lista nacional y capitalizando un sólido bloque de representación territorial en las regiones andinas y amazónicas del centro y sur del país.
En la circunscripción nacional, resultaron elegidos: José Castillo (333 445 votos); Silvana Robles (188 148 votos); Jaime Quito (101 297 votos); Saúl Armacanqui (37 914 votos) e Iber Maraví (32 280 votos).
Por la circunscripción múltiple llegan: Serafín Luján (Huánuco — 13 297 votos); Percy Osorio (Pasco — 3645 votos); Joaquín Yauri (Huancavelica — 16 377 votos); Humberto Morales (Ayacucho — 13 458 votos); Andrés Ramos (Apurímac — 14 336 votos); Wilfredo Verano (Cusco — 18 964 votos); Hugo Ccahuana (Madre de Dios — 2895 votos); Jaime Chipana (Puno — 33 986 votos) y Víctor Cutipa (Moquegua — 2233 votos).
Renovación Popular
La agrupación liderada por Rafael López Aliaga aseguró cinco cupos mediante la lista nacional única, complementándola con curules clave en la macrorregión Lima y el voto exterior.
Como senadores nacionales fueron elegidos: Rafael López Aliaga (290 782 votos); Alejandro Muñante (217 341 votos); Katherine Ampuero (190 384 votos); Lourdes Alcorta (135 796 votos) y Estanislao Mancha (80 654 votos). Sin embargo, López Aliaga ha señalado que no jurará en el cargo pues piensa postular como teniente alcalde de Lima. En su reemplazo, asumiría el accesitario, que es Absalón Vásquez.
En la circunscripción múltiple fueron electos: Francisco Calisto (Lima — 134 589 votos); Milagros Aguayo (Lima — 68 588 votos) y Miguel Velásquez (peruanos por el extranjero — 8085 votos).
Partido del Buen Gobierno
La organización política de centro, liderada por Jorge Nieto Montesinos logra una importante bancada bisagra para el Senado, con líderes de alto respaldo ciudadano en polos urbanos clave como Lima y Arequipa.
En la circunscripción nacional fueron elegidos: Flavio Figallo (201 691 votos); Patricia Iturregui (185 697 votos); Susana Matute (145 641 votos); Carlos Caballero (48 932 votos) y Jorge Gavidia (22,107 votos)
En tanto, por regiones fueron electos: Nora Bonifaz (Lima — 82 113 votos) y Juver Flores (Arequipa — 25 026 votos).
Partido Cívico Obras
El partido de Ricardo Belmont ha logrado colocar a cinco representantes en el Senado. Estos son los elegidos por la circunscripción nacional: Daniel Barragán (224 918 votos); Agripina Flores (88 511 votos); Walter Gago (36 242 votos) y Roger Astucuri (18 240 votos). En tanto, por la región Tacna llegará Juana Ticona (3800 votos).
Ahora Nación
Con una bancada acotada pero dotada de un fuerte respaldo electoral preferencial en la lista única de alcance nacional, tendrá a su propio líder en el Senado. Por la circunscripción nacional llegan: Alfonso López Chau (234 604 votos); Jaime Delgado (170 770 votos); Ruth Luque (117 580 votos) y Mirtha Vásquez (106 176 votos).
Implicancias de la paridad
La división simétrica de los 60 senadores plantea un reto institucional de proporciones históricas para el sistema democrático peruano. Tradicionalmente, la Cámara de Senadores opera como una "cámara de reflexión" destinada a mitigar los ímpetus de la Cámara de Diputados y a dotar de estabilidad jurídica de largo plazo a las leyes del país. No obstante, con un tablero dividido exactamente en 30 votos por lado (FP + RP frente a JP + PBG + OBRAS + AN), el consenso dejará de ser una opción de cortesía parlamentaria para convertirse en un requisito de supervivencia institucional básica.
Los analistas políticos prevén que las primeras sesiones destinadas a elegir a los integrantes de la Mesa Directiva del Senado —y en especial la Presidencia del Senado de la República— desatarán negociaciones frenéticas. Al requerirse la mitad más uno de los votos de los asistentes para consagrar al nuevo presidente de la Cámara Alta, un empate de 30 a 30 obligará a buscar fórmulas de alternancia anual, o bien forzará la migración de algún elemento independiente hacia la coalición contraria. Esta figura de paridad perfecta blindará de manera efectiva al país contra cualquier intento de copamiento institucional unilateral, obligando a que las grandes reformas de Estado que requiere el Perú para el período de gobierno 2026-2031 lleven impresas, obligatoriamente, las firmas y los acuerdos de ambos bloques del espectro político nacional.
Tras las votaciones de la segunda vuelta, la bancada del Partido del Buen Gobierno se convertirá en la que incline la balanza, al ubicarse exactamente en el centro.
Lo que son las cosas. Cuando Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente, Fuerza Popular tuvo 73 congresistas y su bancada dura con el gobierno. Diez años después y con las proyecciones que señalan el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, el escenario se repite, solo que esta vez será la oposición a la lideresa naranja la que, con 74 escaños, tendrá el control de la Cámara de Diputados.
Tras la culminación del conteo de votos de las elecciones para diputados y senadores al 100 %, ha quedado definida la conformación total de la Cámara de Diputados de la República para el quinquenio constitucional 2026-2031. El nuevo parlamento, compuesto por un total de 130 legisladores elegidos en representación de las diversas circunscripciones del país, presenta una distribución segmentada en seis grandes fuerzas políticas.
De acuerdo con el balance consolidado, las agrupaciones políticas han obtenido los siguientes escaños totales: Fuerza Popular se convierte en la primera minoría con 41 curules, seguido de cerca por Juntos por el Perú con 32 representantes. En tercera ubicación se posiciona el Partido del Buen Gobierno con 18 diputados, escoltado por Renovación Popular con 15 escaños. Finalmente, el Partido Cívico Obras y la agrupación Ahora Nación completan la distribución de la cámara con 14 y 10 representantes, respectivamente. Esta conformación obligará a las bancadas a establecer alianzas estratégicas y consensos parlamentarios significativos para alcanzar la mayoría absoluta necesaria en la aprobación de reformas legislativas de envergadura.
A continuación, se detalla la nómina completa y oficial de los 130 diputados electos que asumirán funciones para el período 2026-2031, agrupados de manera estricta y transparente de acuerdo con sus partidos políticos de postulación, precisando la circunscripción o región a la cual representarán en el hemiciclo:
Fuerza Popular
Los diputados electos por Fuerza Popular en Lima Metropolitana son: Cecilia Chacón; Diethell Columbus; Rosangella Barbarán; Pier Figari; Marco Antonio Pacheco; Pierangeli Dodero y Flor Meza. En Lima Provincias resultaron elegidos: Gladys Andrade y Alexander Salas, mientras que en el Callao: Auristela Obando y Liz Mendoza.
En representación de peruanos en el extranjero, el partido naranja coloca a Milagros Santana.
Los otros diputados fujimoristas serán: Carlos Zegarra (Ica); Jessica Navas y Jaime Abensur (Ucayali); Ana Patiño (Junín); Jhonn Valqui y Kim Muñoz (Pasco); Karina Beteta (Huánuco); Luzmila Gamarra y Carlos Dominguez (Áncash); Gilmer Trujillo, Leticia Leiva y Geanmarco Quezada (La Libertad); Luis Alegría y Francisco Gatica (San Martín); Nary Pinasco, César Vidaurre y Ana Yuffra (Loreto); Royser Castro y Mery Infantes (Amazonas); Segundo Ticlla (Cajamarca) y Marvin Palma, Javier Castro y Milagros Takayama (Lambayeque.
Asimismo, César Revilla, Eduardo Castillo, Carmela Paucará y Maria Silupu (Piura) y Rafael Celiz y María Ramos (Tumbes).
Juntos por el Perú
Esta fuerza política consolida su presencia de manera preeminente en las regiones del bloque sur del país, así como en importantes bolsones electorales del norte y del centro del territorio nacional. En Lima Metropolitana solo coloca una diputada: Giannina Avendaño.
Alejandro Manay y Pilar Sulca fueron elegidos por Ayacucho; Catherin Palomino y Héctor Guillén (Huancavelica); Analí Márquez y Julián Pérez (Cusco); Jesús Pérez y Luz Soto (Apurímac); Jessica Pérez, César Tito y Remigio Condori (Puno), y Svieta Fernández (Tacna).
Graciela Chipana (Moquegua); Amalia Palomino (Arequipa); James Holguin y Haydee Poma (Madre de Dios); Oswar Cahuaza (Ucayali); Marlon Aguirre (Junín); Yuli Ambrosio y Marco Antonio Flores (Huánuco); Daniel Varas (Áncash); Marino Lavado (La Libertad) y Ernesto Zunini (Lambayeque.
Oliver Peña y Jacqueline Tapullima (San Martín); Azucena Isla (Loreto); Yenifer Paredes, Gabriel Gonzáles, Jessica Guevara, Luis Jibaja y Juan Villanueva (Cajamarca).
Partido del Buen Gobierno
Con una presencia concentrada de forma significativa en la capital de la República y ramificaciones estratégicas en otras jurisdicciones costeras y andinas, esta agrupación se posiciona como un actor intermedio determinante en la nueva estructura del parlamento. Sus diputados electos son:
Oscar Reto, Nathaly Molina, Luis Quispe, Hilda Fernández, Jessica Benítez, Rossana Alayza, y Romina Uribe por Lima Metropolitana; Ángel Bobadilla por Lima Provincias y Fernando García por el Callao.
Lila Prado (Ica); Edwin Espinoza (Cusco); Nery Fernández (Moquegua); Edgar Gonzales y Gloria Hirache (Arequipa); Carmen Duarte (Junín); Nora Llaque (La Libertad) Segundo Castrejón (Lambayeque) y Miguel Huamán (Piura).
Renovación Popular
La bancada celeste de Renovación Popular estructura su representación con un núcleo compacto radicado fundamentalmente en los primeros sectores de Lima Metropolitana, sumando escaños adicionales en el Callao, el extranjero y en enclaves del norte y sur del país. Fueron elegidos:
Norma Yarrow, José Baella, Roxana Rocha, Javier Cipriani, Gustavo Segura, Frank Krklec, Paola Martínez, Leo de Paz y Aldo Bravo por Lima Metropolitana; Carlos Yalta por el Callao y Jorge Zeballos por peruanos por el extranjero.
Mady Yonz (Ica); Christian Aranda (Arequipa); Diego Bazán (La Libertad) y Félix Chang (Piura).
Partido Cívico Obras
La agrupación Obras mantiene una cuota de representación descentralizada y sólida en la zona metropolitana de la capital, logrando expandir su influencia parlamentaria hacia regiones clave del norte, centro y extremo sur peruano. Sus diputados son:
En Lima Metropolitana: Jenny Samanez, Víctor Piñán, Andrea Medina, Raúl Camargo y Arturo Eusebio; José Yataco (Ica); Heber López (Cusco); Dina Hancco (Puno); Juan Cabrera (Tacna); Luis Masco (Arequipa); Máximo Peralta (Junín); Edgar Alvaron (Áncash); Demetrio Valqui (La Libertad) y Henry Albañil (Piura).
Ahora Nación
Caracterizado por un grupo de representantes con un alto respaldo de votación preferencial en sectores específicos de la capital, el partido Ahora Nación asume sus escaños enfocándose en la fiscalización y la representación de regiones estratégicas del interior. Los elegidos son:
Harvey Colchado, Indira Huilca, Bernardino Manrique y Ángel Meneses por Lima Metropolitana; Freshman Buitrón (Ayacucho); César Holguín (Cusco); Helard Sonco (Puno); Marleny Arminta (Arequipa); César Muedas (Junín) y José Marcelo (Áncash).
Voto preferencial y desafíos legislativos
El escrutinio detallado de las actas de votación preferencial contenidas en la documentación permite extraer conclusiones sumamente relevantes sobre el peso político individual de los nuevos inquilinos del Palacio Legislativo. La votación preferencial más contundente de todo el proceso electoral de cara al periodo constitucional 2026-2031 la ostenta el diputado electo Harvey Colchado, de la bancada de Ahora Nación, quien alcanzó la cifra de 143 mil 238 votos válidos en la circunscripción de Lima Metropolitana. A él le sigue de cerca la congresista reelecta Norma Yarrow, de Renovación Popular, quien capitalizó un caudal electoral propio de 126 mil 369 votos preferenciales en la circunscripción de Lima Metropolitana, consolidándose como una de las figuras políticas con mayor tracción en la capital de la República.
En el espectro de la izquierda y los movimientos regionales, resalta con nitidez el respaldo obtenido por Indira Huilca, también perteneciente a las filas de Ahora Nación, quien se adjudicó su escaño por Lima Metropolitana con un total de 92 mil 982 votos. Asimismo, en el ámbito de las regiones del norte, destaca la victoria de Yenifer Paredes en la circunscripción de Cajamarca, postulando por Juntos por el Perú, quien consiguió canalizar el apoyo popular de 72 mil 450 ciudadanos, convirtiéndose en una de las legisladoras más votadas fuera de la capital del país. Dentro de Fuerza Popular, la votación preferencial más robusta fue capturada por la experimentada política Cecilia Chacón, quien logró su reincorporación al fuero parlamentario tras acumular 81 mil 225 adhesiones preferenciales bajo la circunscripción de Lima Metropolitana.
El debate sobre el desarrollo económico e industrial en el norte del Perú ha tomado un nuevo e irreversible giro. Tras décadas de postración manufacturera y un crecimiento urbano caótico que asfixia a las principales ciudades de la región, la Asociación de Empresarios Industriales de Lambayeque – ASEILAM, ha puesto sobre la mesa una propuesta disruptiva: la creación de un megaproyecto industrial, tecnológico y logístico financiado y administrado en su totalidad por el sector privado.
Gonzalo Sánchez Calderón, líder de ASEILAM, detalló a Expresión la urgencia de romper con los esquemas estatales tradicionales que, a su juicio, han condenado al fracaso a más de una veintena de parques industriales en todo el país. Con un área de 3000 hectáreas recientemente transferido por la Fuerza Aérea del Perú - FAP al Gobierno Regional de Lambayeque, el empresariado local busca adquirir un lote de 1000 hectáreas para encender un verdadero motor de valor agregado que integre la producción de cinco departamentos de la macrorregión nororiental.
A solo seis meses de que concluya la actual gestión regional, el gremio exige una decisión política firme para consolidar esta iniciativa antes de que concluya el año 2026.
Una ventana al mundo
Lambayeque posee una localización geográfica privilegiada que la convierte, por defecto, en el centro neurálgico del comercio en el norte y oriente peruano. Sin embargo, esta condición histórica de "hub" comercial no se ha traducido de manera eficiente en un desarrollo manufacturero potente.
Sánchez Calderón enfatiza que el proyecto del nuevo parque industrial no debe ser visto bajo una óptica puramente local o departamental, sino como una infraestructura de impacto macrorregional.
"Lambayeque concentra de forma automática la producción de cinco departamentos limítrofes: Cajamarca, San Martín, Amazonas, Loreto y nuestra propia región, sumando además importantes flujos de La Libertad y Piura", explica el representante industrial.
"Toda esa riqueza llega actualmente a centros de abastos como el mercado Moshoqueque en José Leonardo Ortiz, pero se distribuye principalmente como productos frescos, sin ningún tipo de transformación", añade.
La gran ventaja diferencial de Lambayeque frente a las regiones amazónicas y andinas con las que conecta es su acceso directo al litoral. El proyecto del Terminal Portuario Regional se encuentra en una etapa de maduración técnica muy avanzada, y el terreno previsto para el desarrollo del parque industrial se sitúa precisamente de forma contigua a esta futura infraestructura marítima.
El objetivo estratégico de ASEILAM es que el potencial productivo de la macrorregión se industrialice en este nuevo espacio, incorporando valor agregado antes de ser exportado. El puerto se convertirá así en una ventana directa hacia los mercados internacionales, reduciendo los costos logísticos que actualmente implica trasladar mercancías hacia los terminales de Piura o La Libertad.
Esta integración no busca competir de manera destructiva con las regiones vecinas, sino aprovechar las sinergias de un mercado nororiental que demanda salidas marítimas eficientes y plantas de procesamiento modernas. En la macrorregión existen cerca de 11 000 empresas dispersas en valles y zonas agrarias.
Colapso del casco urbano y la urgencia de la mudanza
“El diagnóstico de la realidad industrial en el área metropolitana de Chiclayo es alarmante. Según los censos y estadísticas internas manejados por ASEILAM, de las 4000 empresas industriales y manufactureras que operan en Lambayeque, el 75 % —unas 3500 unidades productivas— se encuentran confinadas dentro de la trama urbana de los distritos de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz. Esta hiperconcentración ha provocado una tugurización severa del casco urbano. Las empresas metalmecánicas, de confecciones, panificación y manufactura ligera operan en calles estrechas, compartiendo espacios con zonas residenciales y comerciales tradicionales”, detalla el dirigente gremial.
Las consecuencias de este ordenamiento precario impactan negativamente en dos frentes claros: Incapacidad de expansión empresarial, pues los industriales locales se encuentran limitados por muros residenciales.
“Cualquier proyecto de ampliación de líneas de producción, instalación de nueva maquinaria o modernización de infraestructura física resulta imposible debido a la nula disponibilidad de terrenos con zonificación industrial dentro de la ciudad”, menciona.
A ello se suma el impacto ambiental y congestión vehicular. La operación diaria de miles de talleres y fábricas genera contaminación sonora y ambiental en áreas urbanas, además de provocar un colapso en el tránsito debido al flujo constante de vehículos pesados encargados del abastecimiento de materias primas y el despacho de productos terminados.
“El Plan de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo ya ha delimitado y catalogado formalmente las pampas ubicadas en la zona de influencia costera como la única gran Zona Industrial autorizada. Esto implica que, en el corto plazo, ninguna empresa podrá obtener licencias de funcionamiento o construcción para actividades fabriles dentro de la ciudad. El traslado ya no es una opción voluntaria de mejora; es una necesidad legal y operativa de supervivencia para el empresariado”, remarca.
El proyecto de ASEILAM plantea una solución integral a este problema: mudar de forma ordenada este conglomerado a un entorno diseñado exclusivamente para la industria, ubicado a una distancia idónea de la ciudad, interconectado por la nueva autopista Panamericana y con acceso inmediato al futuro puerto.
La gestión privada
La insistencia de ASEILAM en que el suelo del parque industrial sea transferido directamente a los empresarios privados, descartando cualquier tipo de administración directa por parte del Gobierno Regional de Lambayeque o los municipios, responde a una lección histórica bien aprendida. La legislación peruana dio origen en el pasado a 21 parques industriales estatales a nivel nacional, incluyendo el emblemático Parque Industrial de Chiclayo, ubicado en la salida hacia Pimentel.
Tras más de cuarenta años de existencia, ninguno de estos espacios ha logrado consolidarse como un verdadero polo de desarrollo manufacturero
Sánchez Calderón es tajante al analizar los motivos de este estancamiento crónico. "La historia demuestra que el sector industrial no avanza cuando el Estado administra estos recintos. Las estructuras públicas priorizan siempre los niveles burocráticos de su propio organigrama, dejando al empresario al final de la cadena de decisiones. Esto convierte a los terrenos en activos altamente susceptibles de politización, invasión y distorsión de funciones", afirma.
El Parque Industrial de Pimentel es hoy un reflejo de esa desatención, convertido en un espacio desarticulado que dista mucho de su propósito original. Otro ejemplo regional es el proyecto de la Zona Industrial "Niño del Milagro", un espacio de 85 hectáreas ubicado entre los distritos de Reque y Ciudad Eten que pertenecía al gobierno regional y que terminó fragmentado en manos de particulares sin generar un impacto productivo real para la región.
Esta carencia de infraestructura industrial adecuada se traduce en cifras económicas críticas. Actualmente, el sector manufacturero de Lambayeque aporta apenas el 0.6 % al Producto Bruto Interno – PBI, industrial y manufacturero nacional. Si bien la región registra cifras superiores en el ámbito agroindustrial —gracias al Proyecto Olmos, que concentra el 0.9 %—, la manufactura pura está muy rezagada en comparación con Lima, que absorbe cerca del 50 %, o con las regiones vecinas de La Libertad y Piura.
Estas últimas regiones, a pesar de compartir algunas deficiencias en la gestión de sus terrenos públicos, han logrado aventajar a Lambayeque gracias a la operatividad inmediata de sus puertos marítimos de Salaverry y Paita, lo que ha acelerado su competitividad.
Capitales garantizados
El plan estratégico no se limita a la habilitación de lotes industriales convencionales, sino que plantea la coexistencia armónica de tres grandes proyectos complementarios: El Parque Industrial Privado, diseñado para albergar a la industria manufacturera nacional y local (empresas metalmecánicas, textiles, alimentarias), bajo los regímenes tributarios comunes vigentes en el país; una Zona Especial de Desarrollo – ZED Privada, orientada a la atracción de inversión extranjera directa, donde las corporaciones multinacionales puedan instalar plantas de ensamblaje o transformación aprovechando regímenes tributarios especiales y beneficios aduaneros orientados exclusivamente a la exportación y un Parque Tecnológico, espacio de innovación desarrollado en alianza estratégica con las principales universidades de la región Lambayeque, cuyos rectores y equipos de investigación ya han manifestado su interés de integrarse físicamente al conglomerado para conectar la academia con las necesidades reales del sector productivo.
El financiamiento de este ambicioso complejo industrial será 100 % privado, prescindiendo por completo de los recursos del erario público. Sánchez Calderón asegura que el gremio cuenta con el respaldo y el interés de hasta cinco corporaciones e instituciones financieras internacionales especializadas en el desarrollo de infraestructuras industriales. No obstante, estas entidades imponen una condición indispensable: que la titularidad jurídica de las tierras esté a nombre del sector privado para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.
"Para los empresarios no es difícil acceder al crédito; cualquier banco nacional o internacional abre sus puertas si el terreno figura como propiedad privada, sirviendo como garantía de apalancamiento financiero", argumenta el líder gremial.
Explica que si un empresario decide vender su local actual dentro del casco urbano de Chiclayo, el valor comercial del metro cuadrado oscila entre los 200 y 400 dólares, en tanto el costo del suelo industrial habilitado estimado (con agua industrial, energía de alta tensión, accesos pavimentados) se situaría entre los 50 y 60 dólares, dejando un alto margen de reinversión.
“La diferencia económica obtenida por la venta del inmueble urbano le otorga al industrial un capital excedente inmediato para financiar la construcción de su nueva planta, modernizar maquinaria y ampliar su capacidad operativa sin necesidad de sobreendeudarse”, anota.
Decisión histórica
Hasta la fecha, la respuesta de las autoridades regionales ha estado marcada por la lentitud burocrática y la falta de continuidad. A pesar de haber mantenido conversaciones con múltiples gestiones en los últimos años, ASEILAM lamenta que las puertas del diálogo directo se hayan visto afectadas por la inestabilidad política.
Con el objetivo de destrabar esta situación, el gremio empresarial presentará formalmente en los próximos días un documento técnico y legal ante el Gobierno Regional de Lambayeque solicitando la compraventa directa o, en su defecto, la concesión a largo plazo (entre 30 y 40 años) de las 1000 hectáreas requeridas.
La legislación vigente faculta de manera expresa a los gobiernos regionales para ejecutar transacciones de venta directa de terrenos eriazos productivos a favor de proyectos privados de interés público. Esta es una ventaja jurídica con la que no se contaba en años anteriores, cuando las tierras permanecían bajo la estricta administración e inmovilidad de las fuerzas armadas.
A la actual gestión del gobernador regional le restan exactamente seis meses para culminar su mandato. Para ASEILAM, este periodo final representa una oportunidad única y decisiva para consolidar un legado histórico en favor del norte del país.
“La pelota se encuentra ahora en la cancha de la autoridad regional. El empresariado local, respaldado por la Cámara de Comercio de Lambayeque, el Colegio de Ingenieros y la Sociedad Nacional de Industrias se declara listo para asumir el control de su propio destino industrial. La decisión política que se tome en los próximos seis meses determinará si Chiclayo da el salto definitivo para convertirse en un paraíso del desarrollo manufacturero macrorregional o si permanece atrapado en el desorden urbano de las últimas décadas”, enfatiza.
La situación legal, operativa y financiera de la Universidad Particular de Chiclayo – UDCH, se encuentra en un momento de definición histórica. Tras el cese de sus actividades académicas regulares, la institución ha tenido que reconfigurar por completo su estructura interna para responder a millonarias deudas acumuladas, demandas laborales y, de manera simultánea, articular una estrategia técnica que le permita volver a tocar las puertas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu. En medio de este escenario de alta tensión, el activo más valioso de la casa de estudios, su ciudad universitaria, se encuentra en el centro de un complejo litigio judicial que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa lambayecana.
Para esclarecer el panorama real de la institución, Danilo Escobar Gutiérrez, rector de la Universidad de Chiclayo, detalla para Expresión las acciones legales interpuestas ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el estado de las planillas, el financiamiento actual de sus oficinas de soporte y las negociaciones en reserva con inversores privados para salvaguardar el patrimonio institucional e ingresar un nuevo expediente de licenciamiento antes de que concluya el presente año.
El fantasma del remate
El aspecto más crítico que ensombrece el futuro de la institución está directamente relacionado con el terreno de su ciudad universitaria. El asesor legal externo, Roque Calonge, advirtió previamente que estos terrenos se encontraban afectados por un proceso de ejecución de garantías a favor de un tercero, una situación que el rector Escobar Gutiérrez confirma y detalla a través de precisiones técnico-legales.
El caso se encuentra signado bajo el expediente número 317-2021, tramitado ante el octavo juzgado especializado civil-comercial de Chiclayo, e iniciado originalmente por el banco BBVA contra la universidad bajo la materia de ejecución de garantías reales, lo que implica formalmente un mandato de remate del campus universitario. El proceso ha entrado en su etapa de ejecución de sentencia y ha registrado un cambio sustancial en la identidad del acreedor.
De acuerdo con la reciente resolución número 29 emitida por el citado juzgado, la judicatura resolvió integrar a la relación procesal al ciudadano Samuel Dyer Ampudia en calidad de sucesor procesal. Esta incorporación faculta a Dyer Ampudia a asumir de forma íntegra todos los derechos que le correspondían originalmente al banco BBVA como parte ejecutante del proceso. El cambio de titularidad del derecho de cobro se sustentó en la escritura pública número 1366, fechada el 27 de noviembre de 2025, mediante la cual la entidad bancaria otorgó formalmente la cesión de derechos al mencionado ciudadano.
Ante este panorama que acelera el riesgo de pérdida del inmueble, la defensa técnica de la universidad interpuso un recurso de apelación el pasado 11 de mayo de 2026 con la finalidad de que la sala civil de la Corte Superior de Lambayeque revoque o anule la resolución del juzgado comercial, un trámite cuyo tiempo estimado de resolución por parte de los magistrados superiores se calcula en seis meses. Sin embargo, más allá de la batalla en los tribunales, la alta dirección de la universidad viene desplegando una estrategia de negociación directa que se mantenía bajo reserva.
Escobar Gutiérrez reveló que el pasado 22 de enero de 2026, las autoridades de la UDCH entablaron contacto formal con el equipo de abogados y el representante de Samuel Dyer Ampudia. El objetivo central de este acercamiento es acordar de forma alternativa el pago total de la deuda judicializada empleando otro activo inmobiliario de la institución: el denominado edificio Miraflores. Con esta dación en pago o permuta de activos, la universidad busca liberar de manera definitiva la ciudad universitaria de cualquier afectación o gravamen judicial, aunque a la fecha de esta entrevista la propuesta formal aún no ha recibido una respuesta definitiva por parte del entorno del inversionista.
"Se ha tomado contacto con los abogados y representante del empresario Dyer Ampudia, a fin de negociar el pago de la deuda, pero estamos a la espera de la respuesta. La finalidad es liberar la ciudad universitaria de la deuda judicial y preservarla como patrimonio de la universidad", precisa.
Asfixia financiera
La viabilidad operativa de la Universidad de Chiclayo se enfrenta diariamente a una severa restricción de liquidez. Aunque la institución no se encuentra sometida a un proceso concursal formal, la ausencia de un flujo de caja regular en la fecha impide que la administración pueda entablar procesos formales de refinanciación o reestructuración de pasivos con sus principales acreedores.
Esta parálisis financiera afecta directamente los compromisos institucionales con tres frentes críticos que componen la deuda histórica: el acreedor financiero representado ahora por Dyer Ampudia, la administración tributaria a través de la SUNAT y los propios trabajadores de la UDCH.
Al no contar con el ingreso periódico que representaban las pensiones de enseñanza debido al cese de actividades académicas, la caja universitaria ha quedado reducida a su mínima expresión, limitando cualquier margen de maniobra inmediato. Frente a la necesidad de mantener operativas las Oficinas de Registro Académico y la Secretaría General para no dejar en el abandono a los egresados que necesitan sus documentos oficiales, el rector aclara que la subsistencia actual depende de la recaudación por concepto de tasas académicas de trámites específicos, tales como los pagos por derechos de grados de bachiller y las tasas correspondientes a las sustentaciones de títulos profesionales.
“Este flujo mínimo es el único sustento que garantiza que las dependencias continúen con sus labores de certificación, mientras se evalúan propuestas técnicas de diversos grupos de inversionistas privados para viabilizar el flujo de capital de cara al futuro del proyecto educativo”, acota la autoridad.
La realidad de la planilla
Uno de los pilares institucionales que ha permitido sostener la gobernabilidad interna de la universidad a lo largo de este periodo de transición ha sido la postura adoptada por el gremio laboral. Desde el 2 de agosto del año 2020, la gestión del rector ha contado con el respaldo explícito del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la UDCH.
Como estrategia de transparencia, algunos de los integrantes de este sindicato han sido incorporados formalmente como funcionarios dentro de la actual estructura administrativa. Esta participación directa les permite conocer de primera mano y sin intermediarios la verdadera realidad económica y financiera de la institución, lo que ha mitigado la conflictividad laboral habitual. No obstante, la severidad de la crisis ha obligado a ejecutar una sustancial reducción de la planilla administrativa a lo largo de los últimos seis años.
Las estadísticas institucionales revelan la magnitud de este ajuste, puesto que en agosto de 2020 existían 114 trabajadores administrativos en funciones, mientras que a la fecha actual del año 2026 el número de servidores se ha reducido a 70 trabajadores.
“Este contingente remanente cumple las labores cotidianas de liquidación y transición documentaria, y constituye la base del personal para el futuro proyecto de refundación institucional. De acuerdo con los nuevos estándares, los procesos de licenciamiento exigen un número mínimo de servidores y funcionarios calificados, y la gestión actual asegura que la mayoría de los trabajadores que permanecen en la institución cumplen estrictamente con los perfiles técnicos requeridos. Respecto al cumplimiento de los sueldos atrasados y beneficios sociales acumulados, la política de la rectoría se limita a efectuar los pagos de las remuneraciones en estricta proporción y conformidad con los ingresos reales que percibe la caja universitaria por las tasas administrativas”, explica Escobar Gutiérrez.
Cinco mil títulos registrados
A pesar del colapso del modelo financiero y el cese de las actividades en las aulas, la Universidad de Chiclayo registra un avance significativo en la atención a las demandas de su comunidad de egresados. Uno de los reclamos históricos y más urgentes de los estudiantes radicaba en el entrampamiento de sus expedientes de graduación, una situación que ponía en riesgo su futuro laboral al no contar con el respaldo formal ante el Estado.
Frente a esta problemática, la administración universitaria implementó un plan de contingencia destinado a agilizar los canales de comunicación documentaria con las plataformas de la SUNEDU. Los resultados estadísticos reportados por la autoridad universitaria muestran que, desde el inicio de la actual gestión rectoral en agosto del año 2020 hasta el presente mes de junio de 2026, la universidad ha logrado procesar, emitir y entregar cerca de 5000 grados académicos y títulos profesionales.
“La totalidad de estos documentos han sido debidamente validados e inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu, garantizando con ello la plena legalidad de los profesionales egresados de nuestras canteras. Gracias a la regularización masiva de estos expedientes, en la actualidad no existen quejas formales sobre el tema en la institución, un logro operativo que se atribuye al esfuerzo del personal administrativo que se mantiene activo gracias al cobro de las tasas académicas de sustentación”, señala el rector.
El camino hacia el nuevo licenciamiento
El objetivo central a largo plazo de la administración de Escobar Gutiérrez es lograr el retorno formal de la Universidad de Chiclayo al sistema universitario peruano. Para alcanzar esta meta, la universidad cuenta con una Comisión de Licenciamiento, la cual funcionaba anteriormente bajo la denominación de Comisión de Ampliación de Cese.
Esta comisión técnica registra actualmente un avance del 60 % en la elaboración del expediente de nuevo licenciamiento institucional. La viabilidad de este nuevo intento se ampara en los antecedentes inmediatos de supervisión gubernamental, ya que entre los años 2021 y 2023 esta misma comisión técnica estuvo a cargo del plan operativo sobre la ampliación del cese de actividades institucionales.
Durante dicho periodo, delegaciones técnicas de la Sunedu visitaron el campus universitario en tres o cuatro oportunidades con el propósito de verificar sobre el terreno el cumplimiento estricto del cronograma de cese progresivo. Al término de dichas inspecciones, la universidad obtuvo la aprobación de las autoridades supervisoras, lo que demuestra que la institución mantiene la capacidad técnica para cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por la ley. No obstante, el propio rector reconoce que el principal obstáculo y la parte débil de todo el expediente radica en la condición básica de calidad referida de forma específica al sostenimiento económico y financiero, debido al pesado historial crediticio y a la denominada deuda histórica de la asociación universitaria.
“Es precisamente para subsanar esta debilidad estructural que la alta dirección apura las conversaciones con los fondos de inversión privados que han presentado propuestas de capitalización, manteniendo la meta técnica de ingresar de forma oficial el nuevo expediente integral de licenciamiento institucional ante la Sunedu en el transcurso del presente año 2026”, enfatiza.
