Hace casi un siglo y medio, el 2 de agosto de 1876 terminaba el primer gobierno civil del Perú, encabezado por Manuel Pardo y Lavalle, entregando el mando a su sucesor electo. Había logrado sobrevivir en medio de una debacle económica y una enorme agitación política, expresada en las más de treinta conjuras y rebeliones en su contra. Nadie imaginaba que las medidas fiscales tomadas en relación con el salitre y las políticas internacionales, serían parte importante en el camino hacia la catástrofe de 1879, que Pardo no llegaría a ver, debido a su cobarde asesinato en la puerta del Senado en 1878.
La visión política pardista, estudiada ampliamente por Carmen McEvoy, partía de un fortalecimiento del aparato del Estado y de una toma de conciencia por parte de la sociedad civil, a fin de constituir, lo que él llamó, la “República práctica”, en base a la razón y el orden frente a los caudillos militares. No es casualidad por ejemplo que Pardo impulsase la descentralización administrativa a través de las municipalidades a las que dio amplias atribuciones en los temas educativos y sanitarios. Tampoco sorprende el interés de Pardo por profesionalizar la burocracia pública nacional a través de la creación de la Facultad de Ciencias Administrativas y de la actual Universidad Nacional de Ingeniería, ni el auspicio a la publicación de obras que contribuyen a desarrollar la cultura peruana, como los estudios del sabio Raimondi, los análisis estadísticos del Murciélago Fuentes, las Tradiciones de Palma o los trabajos administrativistas de Pradier Foderé.
La mirada de 1860
Una década antes de fundar el Partido Civil y ascender a la presidencia, el joven Manuel Pardo ya mostraba una aguda sensibilidad por la historia y la economía, enfocados desde un punto de vista práctico, destacando su célebre artículo “Estudios sobre la provincia de Jauja”, donde reflexionaba sobre el uso de la riqueza guanera y la necesidad de establecer vías de comunicación. En esa línea, en 1860, publicó en La Revista de Lima un artículo titulado “El partido de Saña ó Lambayeque en el siglo pasado”, un texto que, más que una simple crónica, constituía una reflexión sobre la capacidad productiva del norte peruano.
En su artículo, el joven intelectual abrazaba la estadística no como un mero ejercicio numérico, sino como el "más seguro termómetro de la civilización de un pueblo". Para Pardo, el progreso material estaba íntimamente ligado al progreso moral. Al describir la feracidad de las tierras lambayecanas, no solo hacía un inventario agrícola; exaltaba el carácter industrioso de sus habitantes, a quienes el funcionario virreinal Lecuanda llamaba "los catalanes de la América".
José de la Riva-Agüero y Osma subrayaría, años después, que esta visión denotaba en Pardo un pensamiento alejado del liberalismo doctrinario puro; más bien, revelaba a un intelectual de formación conservadora (por su padre, el literato Felipe Pardo y Aliaga) y pragmática (a través de sus estudios en Francia bajo la guía de Michel Chevalier), capaz de reconocer en el ordenamiento borbónico herramientas válidas para el fomento productivo.
Pardo destacaba cómo la Corona española, pese a los defectos del mercantilismo, había implementado un sistema regulado que, al estancar el tabaco, no solo fiscalizaba, sino que también protegía al labrador, fomentaba nuevos cultivos y construía infraestructura básica, lamentando que el sistema republicano de "libertad" se hubiese traducido, en la práctica, en un sistema de "abandono" donde el labrador quedaba a merced del salteador. Desde nuestra actualidad, esta preocupación por la vulnerabilidad del trabajador y la necesidad de una autoridad que proteja al débil frente al abuso resuena con fuerza. Sin embargo, la solución que Pardo vislumbraba para garantizar ese amparo terminaría cobrando un precio altísimo para la libertad económica y la iniciativa privada.
El estanco tabacalero
Hoy costaría imaginar que la manzana sobre la cual se alza el hospital Las Mercedes, fue en tiempos virreinales la sede de la Real Factoría de Tabacos, a la cual llegaban las cosechas desde Jaén, Chachapoyas y del mismo Chiclayo, a fin de ser procesadas para la venta a los pequeños cigarreros y para su exportación, principalmente a Chile. Para Pardo, el estanco tabacalero no fue un simple mecanismo extractivo, sino un modelo de economía dirigida que, con sus luces y sombras, articuló una red comercial dinámica, obteniendo fuertes rentas para el fisco, siendo un ejemplo más de la "solicitud paternal" de la metrópoli, un mecanismo que, aunque limitaba la producción, aseguraba mercados y protegía la industria local.
Lo trágico de la historia es que el Pardo presidente de la década de 1870 intentaría replicar esa misma lógica, pero aplicada al salitre. Mientras en 1860 celebraba la regulación española como un acto de tutela, en su gobierno la nacionalización y el estanco del salitre respondieron a una desesperada necesidad fiscal. Y es que una de las grandes ironías de la historia nacional fue el hecho que Pardo, el gran defensor de la necesidad del uso racional de las rentas guaneras, llegó al poder cuando ese modelo entraba en crisis.
El historiador económico Carlos Contreras ha señalado cómo Pardo buscaba salvar la hacienda pública ante la crisis del guano. El mismo Pardo lo manifestó al decir al intelectual chileno Vicuña Mackenna, “Yo veía que el guano se agotaba y que el Perú, sin hábitos todavía de trabajo se precipitaría en el abismo si no se creaba en el tiempo oportuno una sustitución al tesoro público”. El problema fue que el estanco afectó los intereses de los empresarios que habían invertido desde la virtual nada en ese sector, crítica extensamente desarrollada por salitreros como el futuro presidente Guillermo Billinghurst. Se pretendía que el Estado fuera el único comerciante de salitre, con el problema adicional que el Perú no era el único productor de salitre, pues también estaba el litoral boliviano con inversionistas chilenos.
Las dudas sobre la efectividad de sus medidas salitreras no nacen de una apología del liberalismo desenfrenado, sino de la constatación de sus frutos amargos. El estanco, junto con la inconveniente alianza con Bolivia, preparó el terreno para la desastrosa guerra del Pacífico.
A manera de conclusión
Releer a Manuel Pardo desde las páginas de La Revista de Lima nos permite desmitificar su figura. No fue solo el estadista trágico que advirtió sobre los peligros de la guerra, ni únicamente el arquitecto del primer civilismo. Fue también un intelectual que miró a la Lambayeque del siglo XVIII con admiración, viendo en nuestra región un modelo de equilibrio entre la naturaleza pródiga y el esfuerzo humano.
Al leer hoy los apuntes de Pardo, conmueve su capacidad para valorar el trabajo y diversidad de la población lambayecanas, así como la constante riqueza de nuestros valles. Pardo entendía que la verdadera riqueza no estaba solo en la extracción minera, sino en la agricultura, el tejido y el comercio diversificado. Queda la lección de que la verdadera prosperidad no surge de los monopolios estatales ni de los estancos que buscan llenar las arcas fiscales a costa de la iniciativa ciudadana, sino de una sociedad donde el trabajo digno, la propiedad legítima y la solidaridad en aras del bien común florezcan sin las trabas del patrimonialismo.
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(*) Abogado, docente universitario e historiador.
La democracia se pone a prueba no cuando gobiernan quienes piensan como nosotros, sino cuando el poder es ejercido por quienes generan mayores expectativas o preocupaciones. En esos momentos, el respeto a la Constitución, la independencia de las instituciones y la vigilancia ciudadana se convierten en las principales garantías del Estado de derecho.
El Perú inicia un nuevo gobierno en un escenario complejo, marcado por la inseguridad ciudadana, la polarización política, instituciones debilitadas en su legitimidad y una creciente desconfianza hacia las autoridades. El principal desafío no será únicamente atender los problemas económicos y sociales, sino demostrar que el poder será ejercido dentro del marco constitucional, con respeto a los derechos fundamentales y a los principios democráticos.
Nueva etapa e incertidumbre
El 28 de julio representa una oportunidad para fortalecer la democracia, recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un Estado más eficiente, transparente y cercano a las necesidades de la población.
Sin embargo, el país que recibe al nuevo gobierno enfrenta importantes desafíos. La inseguridad, la corrupción, el avance del crimen organizado y el debilitamiento de la confianza en las instituciones han generado un escenario donde una parte importante de la ciudadanía percibe una distancia creciente entre el Estado y sus principales demandas.
En este contexto, la legitimidad del nuevo gobierno no dependerá únicamente de sus resultados económicos, la ejecución de obras o la implementación de sus políticas públicas, sino de su capacidad para gobernar respetando la Constitución, fortaleciendo las instituciones y garantizando que ninguna autoridad esté por encima de la ley.
La democracia en prueba decisiva
Las democracias no suelen desaparecer de un momento a otro; generalmente se debilitan de manera gradual cuando se afectan la independencia institucional, los mecanismos de control y la calidad del debate público. Como advierten Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, las amenazas democráticas no siempre provienen de rupturas abiertas del orden constitucional, sino también de decisiones que, aunque puedan presentarse como legales, terminan debilitando los contrapesos institucionales y concentrando el poder.
En el caso peruano, la democracia ha demostrado capacidad de resistencia, pero también enfrenta un desgaste institucional reflejado en la pérdida de confianza ciudadana y en la fragilidad de algunos mecanismos de control. Por ello, el desafío del nuevo gobierno no será únicamente administrar el Estado, sino fortalecer las instituciones que garantizan la vigencia democrática y asegurar que el poder sea ejercido dentro de los límites constitucionales.
Antecedentes y expectativas
Toda elección presidencial representa una oportunidad para mirar hacia el futuro, pero también ocurre dentro de un contexto político marcado por experiencias previas, decisiones institucionales y percepciones ciudadanas.
La elección de Keiko Fujimori se desarrolla en un escenario donde el fujimorismo mantiene una importante presencia política, especialmente por su influencia en el Congreso durante los últimos años y su participación, junto con otras fuerzas políticas, en la definición de la agenda legislativa y del escenario político nacional.
Diversas decisiones adoptadas desde el Parlamento han generado cuestionamientos respecto a sus efectos en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la justicia y el equilibrio institucional. Algunas normas aprobadas por el Congreso han sido calificadas por especialistas y organizaciones como “leyes procrimen”, al considerar que han debilitado herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. A ello se suman las críticas de diversos sectores que han advertido posibles prácticas de presión o persecución política contra opositores a determinadas iniciativas legislativas que solo favorecen a ciertos sectores.
Asimismo, el respaldo parlamentario brindado al gobierno de Dina Boluarte durante la crisis social iniciada en diciembre de 2022 continúa siendo un tema de debate público. Las investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas y las demandas de justicia, esclarecimiento de responsabilidades y reparación para las víctimas mantienen una preocupación ciudadana pendiente.
El legado del gobierno de Alberto Fujimori continúa presente en el debate nacional. Si bien algunos sectores reconocen determinadas decisiones adoptadas durante ese periodo, su gobierno quedó asociado a graves casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, concentración del poder y control de medios de comunicación, hechos que afectaron la institucionalidad democrática del país.
Estos antecedentes no determinan el futuro, pero han contribuido a generar desconfianza y preocupación en una parte importante de la ciudadanía frente al nuevo gobierno. La legitimidad obtenida en las urnas deberá fortalecerse con decisiones que demuestren compromiso con la democracia, la transparencia, el fortalecimiento institucional y el respeto al Estado de derecho.
Reconstruir la confianza
El principal reto del Perú no es únicamente superar la polarización política, sino reconstruir la confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. Mientras el debate público continúa marcado por la confrontación, problemas como la inseguridad, la corrupción, la informalidad y las brechas sociales siguen afectando la vida cotidiana de millones de peruanos.
Más allá de las diferencias ideológicas, el país enfrenta el desafío de recuperar la credibilidad del Estado. La legitimidad de un gobierno no se construye solamente a partir del respaldo electoral, sino mediante la capacidad de ejercer el poder con transparencia, respeto por la legalidad y disposición permanente al diálogo.
La democracia no depende únicamente de la voluntad de quienes gobiernan, sino también de la existencia de instituciones independientes que ejerzan control, fiscalización y equilibrio frente al poder. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, los organismos electorales, la Defensoría del Pueblo, la prensa libre y la sociedad civil cumplen un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho.
Cuando estos contrapesos funcionan, la democracia se fortalece; cuando son debilitados o subordinados a intereses particulares, aumenta el riesgo de concentración del poder y se afectan los derechos ciudadanos. Por ello, el desafío del nuevo gobierno será garantizar la autonomía institucional y fortalecer una democracia sólida basada en límites al poder.
Ciudadanía activa
La democracia no se agota en el acto de votar. Elegir autoridades constituye apenas el inicio del proceso democrático. Una ciudadanía informada, crítica y participativa representa uno de los principales mecanismos para prevenir los excesos del poder. La vigilancia ciudadana, el periodismo independiente, la transparencia pública y la participación en los asuntos colectivos son expresiones de una democracia activa.
El respeto a la Constitución y al Estado de derecho no depende únicamente de las autoridades, sino también de una sociedad que defienda sus instituciones, exija rendición de cuentas y participe en la construcción del bien común.
En ese sentido, el cambio de gobierno abre una nueva etapa para el Perú, marcada por expectativas y desafíos. La democracia se fortalece cuando existen instituciones autónomas, límites claros al poder y un compromiso permanente con las reglas democráticas.
El éxito del nuevo gobierno no dependerá únicamente de sus resultados económicos o de la ejecución de sus políticas públicas, sino de su capacidad para ejercer el poder con responsabilidad, respetando la Constitución, fortaleciendo las instituciones y garantizando el Estado de derecho. El verdadero desafío será demostrar que la democracia está por encima de cualquier proyecto político, fortaleciendo instituciones sólidas y respetando el Estado de derecho para recuperar la confianza ciudadana y consolidar un Estado orientado al interés general.
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(*) Politólogo.
Parece que Perú se ha habituado a vivir entre promesas de renovación, cambios de autoridades y crisis políticas, los nuevos gobiernos llegan con expectativas, discursos enfocados en el cambio y promesas de volver a ganar la confianza del pueblo; no obstante, a medida que pasa el tiempo, los problemas que impactan directamente a la población siguen siendo casi los mismos: inseguridad ciudadana, corrupción, informalidad, deficiencias en los servicios públicos, desigualdad y una desconfianza cada vez mayor hacia las instituciones.
La cuestión del país no se limita solamente a quién tiene el poder de manera temporal, la experiencia reciente muestra que la mera sustitución de las autoridades no asegura un cambio en la situación del país, si las instituciones son débiles, la planificación se vuelve menos relevante y los gobiernos toman decisiones públicas más guiadas por urgencias políticas que por una visión a largo plazo. En tal escenario, cualquier gobierno puede acabar gestionando los mismos problemas que se comprometió a resolver.
El Perú ha tenido que pagar un precio alto por la inestabilidad política, el conflicto constante entre las autoridades estatales, los cambios recurrentes de líderes y la falta de acuerdos básicos han relegado a temas que debieran tener un lugar destacado en el debate público; mientras la política se enfoca en sus propias disputas, millones de ciudadanos siguen a la espera de soluciones concretas ante el crimen, el desempleo adecuado, las barreras para acceder a servicios médicos oportunos y las brechas educativas que todavía existen.
Recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más incrédula será uno de los retos más grandes para un gobierno nuevo, los habitantes de Perú han oído durante años promesas semejantes y han visto cómo muchas de ellas se desvanecen debido a la falta de planificación, los intereses personales o la incapacidad para transformar las propuestas en resultados; la confianza no se restablece a través de discursos; se logra con decisiones sensatas, transparencia y resultados que sean perceptibles en la vida diaria.
La inseguridad ciudadana es, sin duda, uno de los casos más claros de esta situación, las familias, los trabajadores y los empresarios sufren las consecuencias de la delincuencia, el crimen organizado y la extorsión, ante esta situación, las respuestas que son solamente reactivas o temporales no son suficientes; para que el país pueda fortalecer a la Policía Nacional, mejorar la inteligencia contra el crimen, modernizar el sistema de justicia y facilitar una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno, es necesario contar con una estrategia integral.
La economía es otro desafío esencial, si el crecimiento no se traduce en mejores oportunidades para la mayor parte de la población, simplemente mostrar indicadores favorables no es suficiente, en una nación con un alto grado de informalidad, miles de ciudadanos laboran todos los días sin seguridad social, estabilidad ni oportunidades reales de progreso; el reto es crear las circunstancias para una economía que fomente la inversión y el emprendimiento, pero a la vez posibilite la expansión del empleo formal y disminuya las desigualdades presentes.
El nuevo gobierno tendrá, por tanto, una responsabilidad que va más allá de administrar la coyuntura, necesitará comprender que los problemas estructurales del Perú no pueden resolverse mediante medidas aisladas ni anuncios de corto plazo; el país requiere continuidad en las políticas que funcionan, reformas institucionales responsables y acuerdos básicos que puedan mantenerse más allá de un periodo gubernamental.
Romper el círculo de la crisis implica también cambiar nuestra forma de entender la política, el Perú no puede continuar reiniciando sus prioridades cada vez que cambia una autoridad. Necesitamos construir una visión de país que trascienda nombres, partidos y gobiernos, la educación, la seguridad, la salud, la infraestructura, la productividad y la lucha contra la corrupción deberían formar parte de compromisos nacionales sostenidos en el tiempo.
La pregunta, entonces, no es solamente si un nuevo gobierno podrá resolver los problemas del Perú, la verdadera pregunta es si el país será capaz de aprender de sus crisis y construir instituciones que funcionen independientemente de quién se encuentre en el poder; los gobiernos pasan, pero las consecuencias de las malas decisiones permanecen.
El Perú tiene recursos, talento y enormes posibilidades de desarrollo, lo que necesita es recuperar la capacidad de convertir esas posibilidades en resultados concretos para sus ciudadanos, un nuevo gobierno puede representar una oportunidad, pero solo será verdaderamente nuevo si también cambia la manera de gobernar; de lo contrario, continuaremos viendo nuevos rostros frente a los mismos problemas y formulándonos, una vez más, la misma pregunta: ¿cuándo comenzará realmente el cambio?
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Doctor, ocente universitario. economista.
Correo: bagnerss3@gmail.com
Teléfono: 979217638
Un mundial de fútbol genera, sin duda alguna, pasiones en los aficionados por ver a su equipo llegar a clasificar a dicho evento y, de hacerlo, competir luego por alcanzar el trofeo ansiado. Esta pasión, vista de cierta manera algo irracional para muchos, juega un rol en las preferencias de los consumidores y en los beneficios de las empresas; y como consecuencia en las economías de países organizadores de dicho campeonato como aquellos que son solo espectadores. Tomemos algunos indicadores que demuestren cómo este deporte mueve al mundo entero.
Según el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el primer trimestre del 2026, a nivel mundial las llegadas internacionales reflejan un crecimiento de 1.8 % respecto al mismo período del año anterior, favorecido por los destinos a América Central con cerca de 18 %; y América del Norte con 2 %, lo que podría ser muy favorable en las cuentas de EEUU, que según un reporte del Bank of America, dejaría US$20 mil millones. En desmedro a ello, América del Sur cae 0.8 % repercutiendo en su turismo a final del año.
Sin duda a nivel mundial, el fútbol lidera el turismo deportivo. Un estudio reciente de Grand View Research, al 2025 el fútbol representa el 37.6 % de cuota total de mercado, donde no solo se disfruta la participación de deportistas competidores; y la venida de espectadores con un dinamismo de 42.8 %; y aquellos que viajan por el deporte, pero aprovechan en ir a otros lugares turísticos.
Además, prevén que al cierre del 2026 a nivel mundial, solo el fútbol movería aproximadamente US$350 mil millones, previéndose para el 2033 cerca de US$1,100 mil millones, una cantidad descomunal frente al segundo y tercer deporte más concurrido que son el cricket y básquet. Cabe señalar que las características del viajero que degusta ver estas competiciones son mayormente personas masculinas entre 18 a 35 años; y cuyo destino deportivo es Europa.
Este análisis va en línea también con el estudio global realizado por Priority Pass, que analizan que los aficionados al fútbol gastan aproximadamente US$1,476 por viaje, 46 % más que otros eventos deportivos donde hay un gasto total promedio de US$1,011. Ello porque casi el 79 % de personas mencionan que la flexibilidad en el crédito bancario es fundamental para esta toma de decisión.
Y Perú, ¿cómo participa en el mundial?
En principio, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el movimiento migratorio de salidas de peruanos al exterior durante el primer trimestre del 2026 es algo inusual. Por ejemplo, los viajes a EEUU reportan un crecimiento de 11 %, muy por encima frente a datos del mismo período en años anteriores. Si bien los viajes a México son cada vez menos frecuentes tras la imposición de visas, la caída mostrada es una de las más pequeñas en los 3 últimos años. Y ni que decir de Canadá que rompe esquemas con un crecimiento de 183 % comparado a años anteriores.
Y aquellos que no pueden viajar al extranjero por distintas razones, no ven mejor forma que verlo en su televisión a través de señal abierta o streaming; y ello se refleja en las importaciones en este rubro. Según el INEI, en mayo del 2026 la importación de televisores aumenta en 96.5 % respecto al año anterior, cuyo origen principal es de China y EEUU. Acorde a ello, el índice de producción de telecomunicaciones y otros servicios de comunicación muestra en mayo un incremento de 0.65 % reportando un avance por quinto mes consecutivo, determinado además por el servicio de internet y televisión por suscripción que alcanza un 7.27 %. Cabe señalar que es cada vez mayor el consumo de internet para entretenimiento, alcanzando en Lima Metropolitana el 93 %; Urbano 92 %; y Rural 88 %.
Pero también el peruano cuenta con mayor liquidez respecto a años anteriores que le permite tomar decisiones de compra más fuertes. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en junio la liquidez muestra un crecimiento de 18.4 % frente al mismo período del año anterior, cifra no vista desde la crisis sanitaria.
Sin embargo, pese a toda esta vorágine de emociones tras la resaca deportiva, lamentablemente la economía mundial continúa con una proyección tenue de 3.1 % al cierre del 2026, debido a los problemas en medio oriente que aún persisten. Las economías desarrolladas apenas presentan un crecimiento de 1.7 %; y las no desarrolladas de 3.9 %.
Mientras que Perú, si bien sus motores de crecimiento siguen encendidos como es el del consumo interno de cemento (11.3 %), importación de bienes de capital (24.6 %); además de mayores transacciones de crédito y débito (12.5 %) y comprobantes de pagos electrónicos (19.8 %), se estima que el Perú crezca apenas un 3.4 %.
Por consiguiente, estimados lectores tendremos que esperar a otra emoción más grande y cercana que repercuta en nuestra economía. Pitazo final.
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(*) Economista, director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT.
Nos encontramos en el mes patrio. Nuestro país celebra elmartes 28 y miércoles 29 de julio su 205° Aniversario de la Proclamación de la Independencia. Es una fecha muy importante para todos los peruanos, en la cual tenemos la costumbre de realizar diferentes actividades recreativas en compañía de la familia o seres queridos.
Al contar con feriados debido a las festividades patrióticas y haber obtenido un sueldo adicional denominado gratificación, las personas aprovechan y realizan un mayor consumo en comparación con otros meses. Lo más habitual, es salir a almorzar en familia a restaurantes locales o dirigirse a centros campestres alejados de la ciudad para despejarse de su rutina diaria.
Del mismo modo, otra práctica muy habitual es realizar un viaje ya sea por vacaciones o para visitar a familiares o amigos. Según el estudio Impacto económico del feriado de Fiestas Patrias 2026 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur, se estima que cerca de 1.9 millones de peruanos realizarán turismo interno, siendo los lugares elegidos Lima (13.4 %), Cusco (10.7 %), Arequipa (10.4 %), Ica (7.6 %), Piura (7.3 %), Cajamarca (7.2 %), La Libertad (6.3 %), Áncash (4.8 %), Lambayeque (4.8 %) y Junín (4.6 %).
Los sectores y negocios directamente beneficiados para esta campaña son el gastronómico, por medio de restaurantes y centros campestres; hospedajes, agencias de viajes y transporte a través del servicio de taxi. De igual forma, el mercado de retail y comercio son también privilegiados con el incremento de las ventas, específicamente en artículos de ropa, calzado, tecnología. La artesanía, es por excelencia el producto estrella, pues los turistas compran algo representativo de la localidad que refleje la identidad y tradición de la región visitada.
Incrementar las ventas
El emprendedor, debe aprovechar al máximo estas fechas para incrementar el volumen de ventas y alcanzar los objetivos establecidos. Para ello, recomiendo implementar estrategias de gestión y comerciales enfocadas a la planificación y a la captación de clientes. Tener presente que los turistas, según el estudio de MINCETUR, tendrán un gasto promedio de S/547 por persona.
La primero que debe hacer el líder es organizar la empresa de forma interna. Ello involucra fijar objetivos de gestión y comerciales, de esta manera queda plasmado qué busca la organización y, mediante las estrategias y el plan de acción, la ruta a seguir para conseguir los indicadores (KPI). Lo segundo, es capacitar al personal para que tengan un mejor desempeño laboral y establecer comisiones por productividad, así los colaboradores se sentirán motivados de realizar mejor su trabajo.
Otra recomendación es fijar estrategias comerciales. Para esta campaña, sugiero aplicar el visual merchandising, para organizar el espacio y presentar los productos de forma más atractiva y así captar la atención de los compradores. No olvidar decorar con la temática de nuestro aniversario patrio.
Asimismo, dar mayor impulso e inversión al marketing digital centrándose en las redes sociales que se adecuen mejor al producto servicio que ofrezcan y a las redes que emplean los consumidores, que en la actualidad son Facebook, Instagram y TikTok. El emprendedor junto al equipo creativo, deben crear un conjunto de piezas gráficas y videos que estén enfocadas a la campaña de fiestas patrias, las cuales incluye: saludos por el aniversario, promociones especiales y regalos.
Por último, sugiero implementar una política de servicio posventa, para lograr mantener el contacto con el cliente, garantizar su satisfacción, fomentar su fidelización y que los recomiende con familiares y amigos.
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(*) MBA, asesor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.
En este 2026 nuestro amado Perú cumple 205 años de haberse dado lectura al acta de proclamación de la independencia desde aquel memorable 28 de julio de 1821, hecho que -como sabemos- no fue un solo acto unánime, pues desde el 1820 ya varios pueblos lo habían proclamado, como Huaura, Lambayeque y Trujillo, consolidándose hacia 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho, e incluso en 1866 con el Combate del 2 de mayo, con el que se consolida nuestra soberanía. Sin embargo, desde aquellas fechas hasta hoy ¿qué otras soberanías e independencias debemos lograr para consolidarnos como país? De este tema crucial, aborda sucintamente este artículo de reflexión.
Dependencias mentales
Considero que durante todo este tiempo, nuestra construcción y consolidación como república, desde sus inicios, se ha visto empañada no solo por nefastas ambiciones particulares de pseudolíderes mesiánicos que han demostrado ser caudillos corruptos, sino también por interpretaciones ideológicas foráneas que no han hecho más que dividir a nuestro país y fagocitarlo, y que ahora adquiere nuevas formas y nuevos nombres, bajo el ambiguo concepto de lucha social, pero que arrastran evidencias históricas de genocidios, homicidios, falsas confrontaciones, empobrecimiento económico y mental del ciudadano mientras que el poder dictatorial y sus camarillas se enriquecen, trayendo consigo corrupción y ruina social, como se aprecia en diversas latitudes a nivel mundial.
Pese a tales situaciones vividas por nuestro amado país, aún sus bases de fe, integración racial-cultural y creatividad axiológica, se mantienen incólumes, y que le ha permitido sobreponerse a la adversidad y hacer frente a la pretensión de desarraigo mental de los pseudo luchadores sociales que se mimetizan camaleónicamente en la política, generando inestabilidad e intentan negarse en su existencia, pero que aún mantienen su veneno que engaña, adormece, genera resentimiento, destruye conciencias y países. De este tipo de mentalidad negativa que conduciría al Perú a su debacle, hay que lograr independizarnos hoy si queremos lograr nuestro desarrollo integral ciudadano como país.
Desarrollo integral del Perú
Se habla de desarrollo integral de un país cuando tiene un equilibrio de las dimensiones salud (prolongada vida sana), educación (acceso al conocimiento) y nivel de calidad de vida (disponibilidad de recursos económicos individuales para satisfacer las propias necesidades), donde el crecimiento puramente económico, se torna insuficiente si no se concreta en bienestar ciudadano con libertades políticas responsables.
Aunque nuestro Perú, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se encuentra en el puesto 87 de 193 países, con un valor de 0.794 puntos, que lo ubica con un índice de desarrollo humano muy aceptable, superando a Brasil, Indonesia y Filipinas, no se observa socialmente este logro debido al alto índice de corrupción, brechas sociales, inestabilidad política y delincuencia generalizada, realidad que todos sufrimos a diario.
Entonces, frente a lo expresado, el nuevo gobierno tiene el reto de visibilizar, aterrizando el desarrollo integral de las cifras a lo concreto de la vida ciudadana, disminuyendo las brechas sociales, atacando la delincuencia generalizada, disminuyendo en algo la corrupción y al menos garantizar la estabilidad política, para ello debe tener en cuenta que el desarrollo integral del Perú, implica que cada ciudadano pueda elegir su realización sin destruirse, planificando mejoras centradas en la ciudadanía donde el crecimiento económico realmente se traduzca en el acceso equitativo a los bienes que cada quien aspire.
Pero ¿de qué manera puede ser esto posible? Considero que es viable desde el frente de la decisión política con racionalidad objetiva mirando el plazo inmediato, y desde el lineamiento formativo cotidiano para la consolidación del desarrollo integral de nuestro amado Perú, en el largo plazo.
Formación cotidiana para el desarrollo del Perú
Los problemas de corrupción, inestabilidad política, delincuencia y brechas de acceso a los bienes por parte de los ciudadanos no se resuelven con recetas ideológicas, más aún si estas han demostrado en la evidencia práctica que las generan. Los problemas de un país se resuelven en la medida que nos centremos en su solución desde la racionalidad objetiva, la cual pueda ser concretada por la decisión política conjunta, más allá de corruptelas, intereses partidarios e ideológicos.
La nueva independencia de nuestro país requiere de la formación cotidiana, puesto que la pobreza económica y mental se retroalimenta con la falta de educación o cuando esta se la entiende como adoctrinamiento sesgado, lo que lleva a baja productividad y al empoderamiento de la terrible mediocridad. Recordemos que la riqueza de un país se encuentra en sus ciudadanos debidamente formados y capaces de ejercer su libertad responsablemente. Que este sea nuestra contribución diaria a nuestro amado Perú de quienes ejercemos la docencia en todo nivel, modalidad y especialidad, aspirando a que cada niño, joven y adulto sea cada vez mejor, después de todo, como diría nuestro insigne Jorge Basadre “el Perú es más grande que sus problemas”.
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(*) Filósofo e Investigador RENACYT. Docente Universitario FACHSE.
La nueva administración recibirá una economía en recuperación, aunque expuesta a riesgos internos y externos. El Banco Central de Reserva del Perú elevó a 3,4 % su proyección de crecimiento para 2026 y estimó que la inversión privada podría expandirse 12,5 %. El INEI informó, además, que la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,2 % entre enero y mayo. Estas cifras ofrecen una base positiva, pero no garantizan una expansión sostenida. La continuidad dependerá de la confianza empresarial, la calidad del gabinete y la capacidad del Estado para ejecutar inversiones sin deteriorar las cuentas públicas.
La primera señal esperada será, por ello, la confirmación de un equipo económico técnicamente solvente. El mensaje deberá mostrar coordinación entre la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, los sectores productivos y los gobiernos subnacionales. También será relevante una defensa explícita de la autonomía del BCRP, el respeto de los contratos y la seguridad jurídica.
El capítulo más sensible será el fiscal. El Consejo Fiscal advirtió en julio que el crédito suplementario y los gastos permanentes sin financiamiento identificado elevan los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo, señaló que una parte del crecimiento reciente de los ingresos podría ser transitoria y que utilizar recursos temporales para obligaciones permanentes reduciría el espacio disponible para servicios esenciales, inversión pública y prevención frente al Fenómeno El Niño.
¿Qué se espera?
Fujimori tendría que explicar cómo funcionará el denominado choque de simplificación: qué procedimientos serán eliminados, cuáles serán los plazos máximos para permisos y qué mecanismos evitarán que la reducción de trámites debilite los estándares ambientales, laborales o de seguridad. La desregulación solo será sostenible si sustituye duplicidades por procesos más rápidos, digitales y transparentes. Una ventanilla única interoperable y con seguimiento público de expedientes sería una señal concreta de modernización estatal.
La recuperación del empleo constituye otra oportunidad, dado que el Instituto Peruano de Economía reportó la creación de 262.000 puestos formales entre enero y mayo de 2026 y proyectó que el consumo privado crecería 3,6% en el año. Sin embargo, cerca de siete de cada diez trabajadores permanece en la informalidad. El reto es elevar la productividad, estabilidad y protección social del empleo
La minería será una prueba decisiva. El plan de gobierno propone procedimientos acelerados para proyectos estratégicos, modernización de la legislación minera e incentivos a la reinversión. Reuters informó que el país cuenta con una cartera aproximada de US$64.000 millones en proyectos mineros, pero advirtió que reactivar iniciativas paralizadas podría intensificar conflictos si las comunidades no perciben beneficios y garantías ambientales.
La inseguridad y el riesgo climático ya son variables económicas. La extorsión eleva costos, reduce horarios, desalienta inversiones y golpea con mayor fuerza a transportistas, comerciantes y pequeñas empresas. La política de seguridad debe incluir metas sobre pérdidas empresariales, protección de corredores productivos y respuesta frente al crimen organizado.
La petrolera
Otro anuncio esperado será el futuro de Petroperú. El plan de Fuerza Popular propone concentrar la empresa en refinación y distribución, vender activos no estratégicos y separar la administración del Oleoducto Norperuano. El mensaje deberá precisar si estas medidas serán aplicadas, bajo qué cronograma y con qué salvaguardas de transparencia. Cualquier apoyo estatal debe condicionarse a metas de gobierno corporativo, reducción de pérdidas, publicación de información financiera y responsabilidades definidas. Postergar decisiones aumentaría el costo fiscal y restaría recursos a otras prioridades.
El 28 de julio, la presidenta electa tendrá la oportunidad de establecer un nuevo estándar: menos anuncios dispersos y más compromisos medibles. Un buen capítulo económico debería incluir una trayectoria fiscal, una cartera priorizada de inversiones, metas trimestrales de simplificación, un programa de formalización, una estrategia minera con gestión territorial, un plan preventivo frente a El Niño y decisiones concretas sobre Petroperú.
El mensaje será convincente si conecta estabilidad con bienestar cotidiano. El crecimiento de 3,4% previsto para 2026 es una oportunidad, no un resultado asegurado para los próximos años. Convertirlo en empleos formales, mejores servicios y menor pobreza exigirá capacidad política, disciplina técnica y coordinación institucional. El país no espera solamente confianza; espera razones verificables para confiar.
(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
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(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
La exportación de maracuyá y sus productos derivados cerrarían el 2026 con un valor cercano a los US$ 84 millones, lo que representaría un crecimiento de 5 % respecto al año anterior, estimó el presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Elkin Vanegas Murillo.
Fue durante la conferencia de prensa en la que se compartieron detalles del IV Congreso Internacional de Pasifloras, espacio que se realizará el 27 y 28 de agosto en La Universidad Nacional de Trujillo y que reunirá a productores, exportadores, investigadores y especialistas para analizar los desafíos y oportunidades de esta cadena productiva.
Explicó que, si bien se prevé que el volumen exportado se mantenga en niveles similares a los registrados en el 2025, el valor de los envíos al exterior crecería gracias al precio moderado en los mercados internacionales.
En ese contexto, destacó la importancia del trabajo de investigación que vienen desarrollando el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y ADEX para obtener nuevas accesiones de maracuyá con mejores características agronómicas y comerciales.
Informó que la institución pública entregará en los próximo meses 60 mil plantones de maracuyá injertados, lo que permitirá elevar la productividad de un promedio de 15 toneladas por hectárea a 40 toneladas aproximadamente, la calidad del fruto y una mayor resistencia frente a plagas y enfermedades.
“El objetivo es recuperar las características que más valora la industria de la maracuyá criolla peruana: su mayor contenido de pulpa y dulzor (grados Brix), pasando de 9 y 10 grados a más de 12 grados, como lo exige el mercado internacional”, comentó.
Según explicó Vanegas, una fruta con mayor contenido de pulpa, mejor nivel de dulzor y mayor uniformidad permitirá optimizar el rendimiento industrial y elevar la calidad del producto final, fortaleciendo la competitividad del Perú en mercados internacionales que demandan ingredientes naturales, bebidas tropicales y alimentos con mayor valor agregado.
INIA
A su turno, el director general de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico de INIA, Fausto Asencio Díaz, resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre su institución y ADEX, con el objetivo de impulsar el desarrollo de toda la cadena del maracuyá.
“Debido a la falta de articulación, han ingresado al país diversas variedades de maracuyá, lo que ha contribuido al deterioro de la variedad criolla, reconocida por su alto contenido de grados Brix y su excelente calidad para la industria”, declaró.
Añadió que los procesos de mejoramiento genético son de largo plazo, por lo que requieren el compromiso y la participación de todos los actores de la cadena, así como la incorporación de tecnologías que contribuyan a la competitividad. En ese contexto, destacó la importancia del IV Congreso Internacional de Pasifloras, que promueve el intercambio de conocimientos y la innovación.
Cifras
En el 2025 los despachos de maracuyá y sus derivados alcanzaron los US$ 79 millones 865 mil, logrando un incremento de 33.7 % respecto al año anterior, impulsados principalmente por los envíos de jugo, concentrado y pulpa, de acuerdo con cifras de la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX.
El jugo de maracuyá lideró los despachos con US$ 42 millones 754 mil, equivalente al 54 % del total exportado, seguido por el concentrado con US$ 22 millones 431 mil (28 %) y la pulpa con US$ 11 millones 705 mil (15 %).
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