Durante esta última semana se reportaron precipitaciones de ligera y moderada intensidad en diversos distritos de Lambayeque, situación que generó la alarma en los vecinos, quienes se preparan con lo que tienen para mitigar los embates del Fenómeno El Niño. Aunque las precipitaciones aún no se asemejan a las ocurridas en Piura y Tumbes, se sabe que conforme se acerquen los meses de verano la situación podría empeorar.
Joel Alania Sumarán, ingeniero meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – Senamhi, advierte que el pronóstico es que las precipitaciones se extiendan hasta el 10 de este mes, siendo aún estas de ligera intensidad.
Así, por ejemplo, se tiene que la última lluvia en Chiclayo tuvo una intensidad de un milímetro, lo que equivale a decir un litro de agua por cada metro de superficie. En Tongorrape fue de 1.3 mm, en Pasabar (Olmos) de 1.7, en Sipán (Zaña) de 2.1 mm, en Oyotún de 2.6 mm, en Jayanca de 3 mm y en Motupe de 4.14 mm. El distrito más afectado en Lambayeque fue Incahuasi, que soportó una lluvia de 6.7 mm.
Sin embargo, en la parte alta del valle Chancay Lambayeque la lluvia sí fue mucho más intensa. En el distrito cajamarquino de Santa Cruz la intensidad de las precipitaciones fue de 7.5 mm, en Huambos de 9.6 mm y en Lajas de 11.2 mm. Más complicado aún fue el panorama de Quilcate y Chota, donde se registraron lluvias de 21.4 mm y 21.58 mm, respectivamente. Mientras tanto, el distrito de Chugur tuvo lluvias de 28.6 mm y Tongod alcanzó hasta los 41.6 mm.
“El contexto del Fenómeno El Niño influye en las precipitaciones. Hemos tenido casos de lluvias intensas en Guayaquil (Ecuador), mientras que en Tumbes y Piura se están registrando precipitaciones por encima de los 50 milímetros. En la costa de Lambayeque por ahora se registran lluvias de ligera intensidad, pero este escenario podría extenderse hasta el 10 de noviembre”, sostiene Alania Sumarán.
Altas temperaturas y fuertes vientos
A la par de la lluvia, el Senamhi ha advertido el incremento de las temperaturas durante estos días. El meteorólogo precisa que los distritos cercanos al mar podrían presentar temperaturas de entre 30 a 32 grados Celsius; mientras que, en la zona norte como Jayanca, Motupe, Tongorrape y Olmos la temperatura podría elevarse entre 32 a 36 grados.
“Recordemos que estas temperaturas se incrementarán paulatinamente, conforme nos acerquemos a los meses de verano: enero, febrero y marzo. Recomendamos el uso de bloqueador solar y también repelente, dado el incremento de casos de dengue”, advierte el especialista.
En cuanto a los vientos, señala que se esperan corrientes con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora en el litoral costero de Lambayeque, particularmente en horas de la tarde y la noche. Estos vientos afectarían a Chiclayo, Puerto Eten, Monsefú y San José.
“Recomendamos a la población asegurar sus techos, sobre todo quienes tienen cubiertas de material liviano, ya que podría generar daño en su infraestructura. En la sierra suelen presentarse vientos de hasta 40 kilómetros por hora, pero acá en la costa serían vientos moderados que no superaría los 30 kilómetros”, manifiesta Joel Alania, quien refiere que aún es prematuro señalar si para los días 13 y 14, fechas en que viene a Chiclayo el papa León XIV, se tendrán lluvias y vientos.
Puntos críticos
Por su parte, Jesús Yesquén Bances, jefe del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, señala que se han localizado 332 viviendas en riesgo de colapso en todo el cercado de Chiclayo, en el cuadrante entre las avenidas Jorge Chávez, Augusto B. Leguía, José Leonardo Ortiz y Francisco Bolognesi.
“Estamos haciendo el deslinde con la Dirección Desconcentrada de Cultura para ver qué inmuebles están reconocidos como monumentos históricos o tienen un perfil cultural como para intervenirlos. El Ministerio de Cultura aún no nos alcanza toda la información”, señala Yesquén Bances.
Describe que son diez los sectores en las que se ha dividido Chiclayo para la identificación de zonas inundables. Inicialmente se tenía en mapa a 170 puntos críticos, pero tras la actualización hecha con el peinado de todos los pueblos jóvenes, habilitaciones urbanas y asentamientos informales la cifra ascendió a 283 puntos críticos.
“Sin embargo, en la mesa de trabajo que tenemos desde hace un mes con el Centro de Operación Emergencia Regional – COER, se nos ha pedido priorizar de 17 a 20 puntos críticos más inundables en Chiclayo, de los cuales ya hemos alcanzado la información técnica, por lo que es probable que en los próximos días nos transfieran motobombas de mayor caudal para la atención de estos lugares con alto volumen de inundación”, manifiesta.
Entre estos puntos priorizados se encuentran las urbanizaciones Los Mochicas, Las Brisas, Magisterial y los pueblos jóvenes Cruz de la Esperanza, San Francisco, Buenos Aires, entre otros. Precisa que están monitoreando el nivel de agua de las acequias, ya que son los lugares de evacuación natural de las lluvias, por lo que exhorta a los vecinos a no arrojar ningún sólido a estos canales, pues normalmente están llenos de plástico, madera, restos de árboles, entre otros.
“Ojalá en el transcurso de los siguientes días se concrete la transferencia de toda esa logística que nos ha ofrecido al COER (…) Acá en el centro tenemos identificados plenamente algunos puntos de alta inundación como el Mercado Modelo, el Mercado Central, la intersección de María Ízaga y Balta, etcétera”, refiere.
Agrega que también han conversado con el director del Colegio Nacional San José, a fin de establecer los puntos críticos dentro de la misma institución educativa, cuyos patios ya han terminado inundados en lluvias anteriores.
Otras regiones
De otro lado, en los últimos días, las regiones de Tumbes y Piura han experimentado un incremento significativo en las precipitaciones. Tumbes ha tenido lluvias severas que en algunos puntos han superado los 100 milímetros por día —como en Matapalo o Puerto Pizarro—, rebasando con creces los promedios mensuales habituales. Esta situación ha ocasionado el anegamiento de calles y la activación de diversas quebradas, como El Tutumo en Zarumilla.
El saldo el año pasado en Tumbes fue de 225 a 300 viviendas con filtraciones y anegamientos de menor a moderada consideración, 110 viviendas inhabitables y dos viviendas totalmente destruidas. Además, se estiman más de 600 personas afectadas y 300 damnificadas.
Por su parte, Piura también ha presentado lluvias de moderada a fuerte intensidad, extendiéndose tanto en la zona costera (incluyendo la ciudad de Piura y Sullana) como en la sierra y distritos del interior como Tambogrande. Aunque los acumulados de agua registrados han sido comparativamente menores que los de Tumbes, las tormentas se han presentado con regularidad durante las madrugadas y tardes, acompañadas de alta humedad y temperaturas elevadas.
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Cinco centros que brindan los servicios de hemodiálisis para pacientes renales en estadio 5 denuncian el incumplimiento de pagos por parte de EsSalud Lambayeque y advierten con suspender la atención de no recibir una solución. La deuda llega a casi dos millones de soles, generando una situación de insolvencia para comprar insumos y pagar al personal.
Los representantes de los centros CME Chiclayo, Consorcio Montepríncipe, Centro del Riñón del Norte SAC, Nefrología del Inka SAC y Centro Nefrológico Santa Rosa de Lima SAC, exigen a la Red Prestacional de Salud - EsSalud Lambayeque, a cargo del médico Alberto del Valle Espejo, el pago de los servicios dados a los pacientes nefrológicos por un total de S/1 millón 957 mil 898.92.
Según han precisado en carta dirigida al gerente de EsSalud Lambayeque, las clínicas dejaron de recibir los pagos desde agosto de este año y pese al tiempo transcurrido, la seguridad social no ha fijado fecha para el cumplimiento de su obligación contractual, pese a que la Ley de General de Contrataciones Públicas, en su artículo 67, numeral 67.3, señala que "el pago se realiza en un plazo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad del área usuaria, prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles".
Afectación financiera
"A parte de los insumos que son indispensables para la atención de nuestros pacientes, también debemos haberes a nuestro personal, servicios públicos, servicios de terceros e impuestos, deudas que nos afectan de sobremanera. En caso de no ser atendidos en nuestra petición, nos veremos precisados a suspender el servicio de hemodiálisis a los pacientes", señalan en su escrito.
Debido a que EsSalud no tiene capacidad suficiente para atender a los pacientes renales en sus instalaciones, terceriza la atención con las clínicas especializadas en hemodiálisis, las mismas que ganar contrataciones por concurso público.
Deuda acumulada
La deuda de EsSalud Lambayeque con el Consorcio Montepríncipe asciende a S/594 529, correspondiente a tres facturas que corresponden al 9 de septiembre, por servicios del mes de agosto, y 17 de septiembre y 9 de octubre pasado, por servicios de septiembre.
A CME Chiclayo se le debe S/441 910.70, que se desprenden de tres facturas, una por la prestación de hemodiálisis a pacientes en agosto y dos correspondientes a septiembre.
Lo mismo ocurre con el Centro del Riñón del Norte SAC, con tres facturas: una por S/169 312.53, de agosto; otra por S/70 737.04, por septiembre, y una de S/80 548.95, por atenciones de septiembre. La deuda asciende a S/320 598.52.
Con Nefrología del Inka SAC la deuda de EsSalud es de S/472 703.90, mientras que con el Centro Nefrológico Santa Rosa de Lima la deuda suma S/128 156.80.
Lambayeque registra 71 obras públicas paralizadas al segundo trimestre de 2026, según la Contraloría General de la República. Si bien es el menor número observado en los últimos siete trimestres, estos proyectos acumulan un costo de S/1172 millones, equivalente a casi tres veces los recursos destinados conjuntamente a Educación y Salud en la región.
Una obra paralizada no significa solamente recursos que todavía no cumplen su objetivo. También implica servicios pendientes para la población: carreteras que no terminan de conectar localidades, redes de agua que aún no llegan a los hogares o colegios que no pueden ser utilizados.
“Es importante identificar qué está impidiendo la continuidad de las obras y evitar que los proyectos vuelvan a quedarse detenidos. Cada obra que se termina amplía la capacidad de la región para atender necesidades que llevan tiempo esperando respuesta”, comentó Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo - Redes.
¿Dónde se concentra el problema?
Los gobiernos locales concentran 41 de las 71 obras paralizadas, equivalentes al 57.7 % del total. Además, 22 de estas corresponden únicamente a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Un ejemplo es la obra de agua potable y alcantarillado para los pueblos jóvenes Progreso, Miraflores, Las Vegas y otros, en Pomalca. El proyecto, valorizado en S/62 millones, comenzó en 2019 con un plazo previsto de 600 días, pero todavía no ha sido culminado.
Por sectores, Transportes y Comunicaciones registra 23 obras paralizadas y Vivienda, Construcción y Saneamiento otras 18. Ambos concentran más de la mitad de los proyectos detenidos en Lambayeque. Educación y Cultura suman otros 13.
¿Por qué se paralizan las obras?
El incumplimiento de contrato es la principal causa, presente en 31 proyectos, equivalente al 43.7 % del total. Le sigue la falta de recursos financieros y liquidez, con ocho obras. En conjunto, ambas causas explican más de la mitad de los proyectos paralizados de la región.
Estos resultados muestran que el desafío no pasa únicamente por destinar más recursos a nuevas inversiones. También es necesario mejorar la planificación, asegurar el financiamiento necesario para culminar los proyectos y fortalecer la capacidad técnica de las municipalidades, donde se concentra la mayor cantidad de obras detenidas.
“El reto para Lambayeque es que los recursos ya destinados a inversión puedan traducirse efectivamente en infraestructura y servicios. Una obra que permanece paralizada es una inversión que todavía no cumple su propósito para la ciudadanía”, concluyó el especialista de Redes.
Ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el fiscal adjunto supremo William Rabanal Palacios y el procurador Gilberto Eduardo Cabello Vargas desmontaron la versión del exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones sobre su licencia y su carta de renuncia, y mantuvieron sus pedidos de pena y reparación civil.
El juicio contra Carrasco Millones (expediente 00025-2023-5-5001-JS-PE-01) entró en su etapa final. El 21 de octubre alegó el Ministerio Público y el 28 lo hizo la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, actor civil. Ambos respondieron a lo que el acusado declaró el 13 de octubre y a los argumentos de su defensa técnica.
El primer hecho es haber jurado como ministro del Interior el 29 de julio de 2021 sin renunciar antes a su cargo de fiscal provincial titular de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque; la imputación por aceptación ilegal del cargo prescribió en lo penal, pero subsiste para la reparación civil. El segundo, que sostiene la acusación, es la falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal) por presuntamente alterar la verdad en los documentos que presentó al Ministerio Público entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 2021.
Fiscal y ministro a la vez
El fiscal adjunto supremo William Rabanal Palacios definió el caso como el del funcionario que fue fiscal y ministro a la vez pese a la prohibición constitucional, y anticipó que “posiblemente pase a los anales de la historia judicial”. Citó el Recurso de Apelación N° 20-2018/Sullana, con participación del juez supremo Iván Guerrero López, para señalar que el bien jurídico protegido es la veracidad exigible a los funcionarios, y añadió que el perjuicio que exige el tipo penal puede ser institucional y no solo económico.
La licencia
El fiscal exhibió la solicitud del 26 de julio de 2021, dirigida al fiscal superior coordinador Jorge Chávez Cotrina y a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en la que Carrasco Millones pedía licencia sin goce de haber por motivos personales “con la consiguiente reserva de mi plaza de origen”, prueba, según Rabanal Palacios, de que siempre quiso seguir siendo fiscal. Al día siguiente precisó que serían 90 días, del 28 de julio al 26 de octubre.
Ante la tesis de que no mencionó su designación como ministro de Estado porque aún no sabía que lo asumiría, el fiscal dijo que “no resiste ningún análisis”, pues un fiscal que investigó organizaciones criminales de alto vuelo no aceptaría un cargo de confianza sin saber cuál era, y como abogado conocía que los artículos 146 y 153 de la Constitución prohíben a los fiscales hacer política y ejercer otra actividad pública o privada, salvo la docencia universitaria.
Silvia Karina Ávila Lam, jefa de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF), que firmó la licencia, declaró el 11 de agosto que, de haberse indicado que era para ser ministro, habría observado el pedido, pues “en teoría no debería darse, porque contraviene lo que dice la Ley de la Carrera Fiscal”. Para Rabanal, la solicitud la indujo a error. La licencia se notificó a las 22:37 del 27 de julio, cuando el acusado, según el fiscal, ya sabía que sería ministro.
Cabello Vargas recordó que el propio Carrasco declaró que el 26 de julio le dijeron que integraba una lista de 15 personas y que el 29 por la mañana le informaron que no había sido elegido y por la tarde que juraría. Esa invitación incierta, sostuvo, explica la licencia, una “estratagema” para conservar la plaza si no llegaba la designación. El escrito solo hablaba de un “cargo de confianza”, categoría que abarca desde un jefe de asesoría jurídica hasta un secretario general, y nunca mencionó el de ministro de Estado.
Sobre el supuesto aviso verbal a Chávez Cotrina y a Ávalos Rivera, el procurador señaló que ambos declararon en el plenario y la defensa nunca les preguntó por ello, por lo que esa afirmación “no tiene ningún tipo de valor probatorio”.
El régimen equivocado
La defensa sostuvo que Carrasco tramitó la licencia al amparo del Decreto Legislativo N° 276, tras consultar a SERVIR, cuyos Informes Técnicos N° 1253-2022 y N° 1007-2023 avalarían una suspensión perfecta del vínculo laboral. Cabello Vargas replicó con la jurisprudencia de la Junta Nacional de Justicia, como la Resolución N° 562-2026-JNJ: a los fiscales no se les aplica ese decreto, ni siquiera supletoriamente, sino la Ley N° 30483, de la Carrera Fiscal, por el principio de especialidad. Esa ley exige dedicación exclusiva a la función fiscal (artículo 33, inciso 16) y prohíbe participar en política (artículo 39, inciso 6).
Rabanal Palacios, a su vez, señaló que esos informes no analizan los artículos 146, 153 y 158 de la Constitución, y que las normas inferiores se interpretan conforme a ella «y no al revés». La Carta N° 10-2021 del distrito fiscal de Lambayeque, con la que la defensa fija el fin del vínculo el 28 de julio, solo pide devolver un pago en exceso. Y la participación de fiscales en los Jurados Electorales Especiales; utilizada por la defensa técnica de Carrasco Millones como ejemplo, está prevista expresamente en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
La renuncia
La carta de renuncia ingresó el 2 de agosto de 2021, a las 12:42, fechada el 28 de julio. El acusado alegó que es usual fechar antes una carta y que el 28 y el 29 fueron feriados, por lo que la presentó con firma legalizada el lunes siguiente. Rabanal recordó que la licencia se tramitó por la carpeta electrónica administrativa (CEA), como declararon Chávez Cotrina, Ávila Lam y la secretaria Noelia Zurita Chávez, y que por esa vía pudo enviarla incluso un feriado. “Sin embargo, el acusado no lo hizo”, remarcó.
Agregó que la firma legalizada; usada como justificación por Carrasco Millones, recién se exigió desde el 13 de abril de 2022, con el Oficio Circular N° 01-2022-MP-FN, y que el notario dejó constancia de no responder por el contenido. Para la Fiscalía, va contra el sentido común que, tras pedir la licencia el 26, precisar el plazo el 27 y obtenerla esa noche, redactara su renuncia al día siguiente.
Cabello Vargas citó la carta, en la que Carrasco pedía resolver “considerando mi renuncia a partir del 28 de julio 2021”. A quienes sostienen que lo relevante es la fecha de presentación, respondió que ese pedido buscaba aparentar que al jurar como ministro ya no era fiscal.
La Fiscalía atribuyó esa fecha a tres hechos: la investigación preliminar de control interno (Queja N° 159-2021), notificada el 30 de julio, según el fiscal Telésforo Vásquez Figueroa; el revuelo mediático tras la juramentación; y las críticas del Congreso, que Zoraida Ávalos describió en juicio. La exfiscal de la Nación dijo que un magistrado, “para aceptar un cargo de confianza como el de la cartera de un ministerio, tenía previamente que renunciar”. Además, el Tribunal del Servicio Civil estableció que las renuncias no tienen efecto retroactivo, y la Junta de Fiscales Supremos, en su Resolución N° 56-2021, aceptó la de Carrasco Millones desde el 2 de agosto de 2021, fecha real de presentación.
Pena y reparación
Rabanal Palacios se ratificó en cuatro años de pena privativa de libertad por falsedad genérica, cifra que, explicó, equivale al mínimo del rango de cuatro a seis años que resultaría de la agravante del artículo 46-A para funcionarios, no aplicada en la acusación. Cerró con una frase atribuida a Cicerón: “La constitución la llevo en el corazón”.
La Procuraduría sustentó la reparación en los elementos de la responsabilidad extracontractual del Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116. Cabello Vargas precisó que no hubo daño patrimonial, sino un daño extrapatrimonial a la imagen de la Presidencia de la República y del Ministerio Público, con base en las Casaciones N° 867-2005-Arequipa y N° 189-2019-Lima Norte.
Pidió fijar la reparación en S/100 000: S/90 000 por la aceptación del cargo de ministro sin cumplir los requisitos, en agravio del Poder Ejecutivo, y S/10 000 por la falsedad genérica, en agravio del Ministerio Público; y que, si la pena fuera suspendida, el pago sea regla de conducta. “Quien causa un daño se encuentra en la obligación de repararlo”, concluyó.
La Sala Suprema citó para el 3 de noviembre los alegatos de clausura de la defensa técnica de Carrasco Millones. El 13 de noviembre se realizará el adelanto de fallo y el 20 de noviembre, la oralización de la sentencia.
