Las lluvias ya generan emergencias en distintas regiones del país y ponen en evidencia las brechas que persisten en nuestra capacidad de prevención y respuesta. Frente a la amenaza del fenómeno El Niño, no basta con reaccionar cuando los daños ya se han producido: se necesita voluntad política, planificación y coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. La atención debe priorizar a las familias rurales y altoandinas, que cuentan con menos recursos para proteger sus medios de vida y recuperarse de los impactos. Prevenir también significa evitar que la emergencia profundice las desigualdades históricas.

Cuando el fenómeno El Niño llega, no empieza con estadísticas ni reportes oficiales. Empieza en una casa rural, con una madre preguntándose cómo conseguirá agua mañana; en una familia campesina que observa cómo la lluvia amenaza sus cultivos, o en una comunidad altoandina que teme quedar aislada porque el camino que la conecta con el resto del distrito puede desaparecer bajo el lodo.

Según reportes periodísticos, las lluvias registradas en los últimos días muestran que esta preocupación ya es una realidad. En Tumbes, algunas estaciones superaron los 100 milímetros de precipitación en 24 horas, ocasionando inundaciones y el incremento del caudal del río Tumbes. En Piura también se reportaron precipitaciones importantes, tanto en la costa como en zonas rurales y altoandinas. El Senamhi ha advertido que las lluvias de moderada a extrema intensidad podrían continuar en la macrorregión norte durante los primeros días de noviembre.

Lambayeque tampoco es ajeno a este escenario. Las precipitaciones del 2 de noviembre generaron aniegos en Chiclayo y se registraron acumulados en Incahuasi (6,7 mm), Motupe (4,1 mm) y Jayanca (3 mm). Estos reportes evidencian que las lluvias no solo afectan a las ciudades, sino también a nuestros territorios rurales y altoandinos. Son señales de alerta que exigen anticipación y preparación.

Profundiza las desigualdades

El fenómeno El Niño es natural, pero sus impactos son desiguales y dependen de las condiciones económicas y sociales de cada familia, así como de la capacidad de respuesta del Estado. Las lluvias pueden destruir sistemas de agua, interrumpir caminos, afectar viviendas, cultivos y ganado, comprometiendo los medios de vida de las familias campesinas. Por ello, las poblaciones rurales y altoandinas requieren atención prioritaria. En Lambayeque, distritos como Incahuasi, Cañaris y Salas necesitan estrategias de prevención que consideren sus particularidades geográficas y sociales, pues para muchas familias la emergencia continúa mucho después de que dejan de caer las lluvias.

Frente a este escenario, corresponde preguntarnos qué está haciendo el Gobierno nacional para preparar al país. Tras aproximadamente tres meses de gestión, la ciudadanía necesita una estrategia integral, con objetivos, presupuesto y responsabilidades claras. Si bien la delegación de facultades legislativas puede facilitar determinadas decisiones, no es el único mecanismo para actuar y elaborar planes de acción en estos 90 días de gobierno.

El Ejecutivo cuenta con instituciones, competencias y herramientas de gestión del riesgo que debe poner en funcionamiento. Más que nuevas normas o anuncios, necesitamos acciones concretas para proteger a la población, como intervenir ríos y quebradas, proteger los sistemas rurales de agua, atender las carreteras vulnerables y preparar a las comunidades que podrían quedar aisladas.

Un país diverso necesita respuestas articuladas

El Perú no enfrenta El Niño de una sola manera. La costa norte puede sufrir inundaciones y desbordes, mientras que las zonas altoandinas pueden enfrentar deslizamientos, daños en caminos vecinales y afectaciones a la agricultura y ganadería familiar. Por ello, las respuestas deben reconocer las diferencias de cada territorio.

El Gobierno nacional debe liderar la estrategia, pero los gobiernos regionales y municipales tienen una responsabilidad fundamental en la identificación de riesgos y la preparación de sus jurisdicciones. El sector privado, las universidades, los colegios profesionales y las organizaciones sociales también pueden aportar capacidades técnicas, recursos y conocimiento territorial.

La articulación no debe limitarse a reuniones o compromisos institucionales: debe traducirse en intervenciones coordinadas, responsabilidades definidas y resultados que la ciudadanía pueda conocer y verificar.

La prevención es una responsabilidad de todos

La ciudadanía también debe asumir un papel activo: fortalecer la organización comunitaria, identificar zonas de riesgo, evitar ocupar cauces y quebradas y atender las recomendaciones de las autoridades. Las rondas campesinas y organizaciones comunales pueden contribuir a identificar familias vulnerables, comunicar alertas y organizar respuestas colectivas. Sin embargo, esta participación complementa, no reemplaza, la responsabilidad del Estado.

Todavía estamos a tiempo de reducir los impactos, pero se necesita voluntad política, planificación y compromiso colectivo. No podemos permitir que las familias con menos recursos soporten las mayores consecuencias ni que las comunidades rurales y altoandinas vuelvan a quedar relegadas de las prioridades públicas.

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