Entre enero y julio de 2026, Lambayeque registró 352 denuncias por extorsión, 44 % menos que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, esta reducción debe interpretarse con cautela, porque las denuncias solo recogen los casos que llegan a las autoridades y no permiten determinar si la extorsión disminuyó en la misma proporción.
La caída ocurre después de un 2025 especialmente crítico. Ese año, la región registró 915 denuncias por extorsión, la cifra más alta de los últimos siete años y 372 % superior a la de 2019, según información del Ministerio del Interior.
Además, el problema se concentra en determinadas zonas de la región. Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria reúnen el 66 % de las denuncias, lo que refuerza la necesidad de focalizar las acciones de prevención y seguridad en los lugares más afectados.
“Conocer dónde se concentra la extorsión permite orientar mejor los recursos de seguridad. Reforzar la prevención, el patrullaje y la investigación en los distritos más afectados puede hacer más efectiva la respuesta, sin descuidar al resto de la región. El desafío es focalizar los esfuerzos donde más se necesitan, manteniendo al mismo tiempo una estrategia integral de prevención y respuesta”, señaló Carlos León, economista de Redes.
También afecta a los negocios
Además de la afectación a la vida, la inseguridad genera consecuencias económicas. Según estimaciones del Consejo Privado de Competitividad, entre 2021 y 2024 habría restado alrededor de S/127 millones a la actividad económica de Lambayeque. El cálculo comprende la inseguridad en general y no únicamente la extorsión, pero permite aproximarnos al impacto que genera la violencia sobre la actividad productiva regional.
Los pequeños negocios son particularmente vulnerables. Lambayeque se encuentra entre las regiones con mayor presencia de empresas víctimas de extorsión y, en 2025, la Asociación de Mujeres Bodegueras estimó que alrededor de 1500 bodegas estarían pagando entre S/5 y S/10 diarios en cupos para poder continuar operando.
“El efecto económico de la extorsión no se limita al dinero que directamente pagan las víctimas. También eleva los costos de operar, obliga a gastar más en seguridad, reduce márgenes y puede frenar nuevas inversiones o incluso llevar al cierre de pequeños negocios. En una región donde muchos hogares dependen del autoempleo y de actividades comerciales, ese impacto termina afectando no solo al empresario, sino también al empleo, los ingresos familiares y el dinamismo de la economía local”, señaló León.
Trabajo conjunto
Refiere que en Lambayeque, enfrentar el problema requerirá concentrar los esfuerzos en las zonas más afectadas y fortalecer la coordinación entre Policía, Fiscalía y el sistema de justicia. El reto es que las nuevas medidas se traduzcan en recursos, plazos definidos y resultados que puedan medirse: no solo cuántas denuncias se reciben, sino cuántos casos llegan efectivamente hasta los responsables.
“Mejorar la efectividad de la respuesta institucional también ayuda a reducir la incertidumbre que enfrentan hogares y empresas. No basta con destinar más recursos: importa que estos se traduzcan en investigaciones que avancen, casos que se resuelvan y resultados verificables. Una respuesta más efectiva puede contribuir a recuperar confianza, sostener la actividad económica y generar mejores condiciones para invertir y trabajar en la región”, concluyó León.
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