La cercanía de un evento de trascendencia internacional debe servir para abrir una discusión pendiente: el derecho de los ciudadanos a vivir en una ciudad ordenada, segura y respetada por quienes utilizan el espacio público.

Las ciudades hablan. Hablan a través de sus plazas, de sus calles, de sus edificios, de su orden y también de sus descuidos. Y si hoy Chiclayo tuviera que presentarse ante el país y ante el mundo, habría una imagen imposible de ocultar: una ciudad atrapada bajo una telaraña de cables, postes saturados, instalaciones improvisadas y una creciente sensación de abandono urbano.

Durante años hemos normalizado lo inaceptable.

Basta recorrer avenidas principales, urbanizaciones, centros comerciales, barrios tradicionales o zonas periféricas para encontrar una escena repetida: cables colgando, tendidos superpuestos, líneas antiguas que nunca fueron retiradas, conexiones que se montan unas sobre otras sin criterio técnico visible ni respeto por el entorno urbano. Lo que empezó como expansión de servicios terminó convirtiéndose en contaminación visual y, en muchos casos, en una amenaza para la seguridad pública.

El problema ya no admite excusas.

La responsabilidad alcanza tanto a ENSA como a las empresas de telecomunicaciones que operan en la ciudad —Telefónica, Claro, Bitel y otras— que durante años han utilizado el espacio público como si fuera un territorio sin reglas claras ni obligaciones de mantenimiento. Cada nueva conexión parece instalarse sobre la anterior; cada nueva red parece ignorar la existencia de las anteriores; cada ampliación se convierte en una capa más del desorden.

La pregunta es inevitable: ¿quién autorizó que Chiclayo terminara convertida en un enorme tablero de cables expuestos?

El crecimiento tecnológico y la conectividad son necesarios. Nadie cuestiona la importancia del acceso a internet, telefonía o energía. Lo que sí debe cuestionarse es el modelo de crecimiento desordenado que sacrifica la imagen urbana, compromete la seguridad y traslada el costo del abandono a los ciudadanos.

Porque aquí no hablamos únicamente de estética.

Hablamos de postes que soportan más de lo debido. Hablamos de cables que cuelgan a baja altura. Hablamos de instalaciones antiguas que permanecen abandonadas cuando ya fueron reemplazadas por otras. Hablamos de infraestructura que nadie parece inspeccionar con la frecuencia que corresponde.

Y mientras los cables ocupan el cielo de la ciudad, debajo del suelo ocurre otra expresión del mismo problema.

Los buzones y cámaras donde se aloja la fibra óptica se han convertido en un símbolo silencioso del abandono operativo. En muchos sectores permanecen abiertos, deteriorados, sin limpieza ni mantenimiento adecuado. Cuando llegan las lluvias o se acumula agua, aparecen las conocidas “averías masivas”, dejando sin servicio a miles de usuarios que pagan puntualmente por una conectividad que, en situaciones críticas, demuestra una fragilidad preocupante.

Entonces vuelve la pregunta que nadie responde con claridad: ¿quién controla?,

¿quién verifica que exista mantenimiento preventivo?, ¿quién exige el retiro de cableado en desuso?, ¿quién fiscaliza que el espacio público no se convierta en depósito permanente de infraestructura abandonada?, ¿quién sanciona cuando el incumplimiento afecta a toda una ciudad?

Las autoridades municipales no pueden limitarse a observar. El orden urbano no es un tema decorativo; es parte de la calidad de vida y de la seguridad ciudadana. Los organismos de supervisión tampoco pueden aparecer únicamente cuando estalla una crisis o cuando el reclamo alcanza notoriedad mediática.

Hoy Chiclayo enfrenta además un momento simbólico.

La próxima llegada del Papa León XIV traerá visitantes, medios de comunicación y una atención nacional e internacional poco frecuente. La ciudad será observada, recorrida y fotografiada. Y entonces surge una reflexión incómoda: ¿vamos a preocuparnos por limpiar fachadas y sembrar flores mientras ignoramos el enorme entramado de cables que cubre nuestras calles?

No se trata de maquillar la ciudad para una visita.

Se trata de asumir que el orden urbano es una obligación permanente y no una escenografía temporal.

Chiclayo merece presentarse como una ciudad moderna, organizada y respetuosa de sus espacios. Merece empresas que comprendan que brindar servicios también implica responsabilidad urbana. Merece autoridades que fiscalicen y ciudadanos que exijan.

Porque ejercer ciudadanía no consiste solamente en pagar impuestos o reclamar cuando falla el internet. También significa denunciar instalaciones peligrosas, reportar buzones abandonados, exigir respuestas y negarse a aceptar que el desorden sea parte natural del paisaje.

Toda ciudad termina pareciéndose a aquello que tolera.

Y Chiclayo ya ha tolerado demasiado.

Es hora de levantar la mirada, dejar de acostumbrarnos al caos y exigir que quienes ocupan el espacio público respondan por él. El progreso no puede medirse por la cantidad de cables instalados, sino por la capacidad de integrarlos con orden, seguridad y respeto por la ciudad.

Porque una ciudad que aspira a recibir al mundo no puede seguir viviendo enredada en sus propios cables.

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Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Editora / Directora fundadora