El Perú tiene una peligrosa costumbre: reaccionar cuando el agua ya entró a la casa, cuando el puente ya cayó y cuando la emergencia ya se convirtió en tragedia. Por eso, el informe que advierte sobre un eventual Fenómeno El Niño 2026–2027 no debería pasar como una noticia más en la agenda pública. Debería encender todas las alarmas del Estado, del sector privado y de la sociedad.

Lo que plantea el estudio de Maximixe no es una profecía ni un ejercicio de especulación. Es un escenario de riesgo construido con información climática, económica y social. Y el mensaje es claro: si el país no actúa ahora, el costo será inmenso.

La experiencia reciente ya nos dejó lecciones dolorosas. Cada vez que El Niño golpea con fuerza, el Perú descubre que gran parte de su crecimiento económico descansa sobre una infraestructura frágil, una planificación insuficiente y una prevención casi siempre postergada. El problema no es únicamente meteorológico. Es político.

Porque las lluvias intensas no destruyen por sí solas carreteras mal construidas, drenajes inexistentes o ciudades que crecieron sin orden. No es el río el que improvisa; muchas veces somos nosotros.

El norte del país vuelve a aparecer como el territorio más expuesto: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad concentran actividad agrícola, pesquera, comercial e industrial estratégica para el país. Aquí se produce riqueza, empleo y abastecimiento. Si estas regiones se paralizan, el impacto no queda encerrado en sus fronteras: llega a los mercados, al empleo, al precio de los alimentos y a la estabilidad nacional.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿qué se ha hecho realmente desde el último gran evento?

Porque prevención no es anunciar comités ni presentar diapositivas. Prevención es ejecutar drenajes, limpiar cauces, reforzar infraestructura crítica, asegurar hospitales, proteger escuelas, preparar cadenas logísticas y garantizar que las inversiones lleguen antes del desastre y no después de las cámaras.

La amenaza descrita va más allá del PBI o de los indicadores macroeconómicos. El informe de Maximixe habla de inflación alimentaria, deterioro del empleo, afectación financiera, enfermedades, desplazamientos y aumento de la vulnerabilidad social. En otras palabras: una emergencia climática puede convertirse rápidamente en una crisis económica y humana.

La agricultura puede perder cosechas. La pesca puede reducir actividad. La minería puede enfrentar interrupciones. Pero quienes pagan el costo más alto suelen ser siempre los mismos: las familias que viven al día, los pequeños productores, los trabajadores informales y quienes no tienen capacidad de esperar una reconstrucción que demora años.

Por eso, el verdadero desafío no es predecir si llegará El Niño. El desafío es demostrar que el Perú aprendió.

Todavía hay tiempo para prepararse. Pero el reloj corre y la naturaleza no negocia plazos políticos ni espera cambios de gobierno.

Si volvemos a improvisar, ya no podremos decir que no sabíamos. Esta vez la advertencia está hecha y por eso es urgente que los comités distritales y provinciales de Defensa Civil estén activos y sus planes de emergencias y contingencia actualizados.

¿Se ha identificado cuáles son las zonas más vulnerables de las ciudades? ¿Cuántas motobombas hay disponibles ante eventuales inundaciones? ¿Cuál es la situación del tendido eléctrico para evitar muertes en la vía pública como ocurrieron en el ciclón Yaku? ¿Se sabe cuántas cisternas hay operativas? ¿Se ha coordinado con Epsel la limpieza de redes de alcantarillado? ¿Se ha mejorado la cobertura de techos en escuelas, hospitales, centros de salud y otras infraestructuras críticas?

Si las autoridades no asumen el liderazgo y organizan a los vecinos en los barrios, vamos a repetir la historia y estaremos lamentando, una vez más, no haber estado preparados. La alerta ya fue dada, dependen de quienes quieran oírla.

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Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Editora / Directora fundadora.