El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori en su mensaje a la nación señaló que incrementaría la Remuneración Mínima Vital (RMV) a 1300 soles, bajo el supuesto de que coexistan mejores salarios, empresas sostenibles y una mayor cantidad de empleos formales en todo el territorio nacional. Por lo cual es importante señalar que los cambios en la distribución del ingreso evidencian tener importantes implicaciones económicas, sociales y políticas.
Sin embargo, el incremento de la RMV no solo es un asunto técnico, sino que involucra mejorar las condiciones de vida, el nivel de la demanda y producto, así como la reducción de las desigualdades, considerando que una mayor desigualdad alberga una menor propensión a consumidor promedio, que a su vez genera en una menor demanda agregada y conlleva a generar espacios para el surgimiento de mayores conflictos sociales.
El ajuste del salario mínimo es una herramienta de política pública, que busca mejorar la distribución del ingreso del país y que en los últimos diez años ha crecido en 89 % pasando de 550 soles en el 2018 a 1130 soles en el año 2025, pero que la evolución de la productividad por trabajador solo creció en 152 % en el mencionado periodo. Existiendo dos enfoques claramente opuestos en el ámbito de la posición redistributiva del incremento del salario mínimo vital. El enfoque neoclásico detalló que la contratación de mano de obra depende del nivel del salario real y el stock de capital; mientras el Keynesiano, detalla que el nivel de contratación laboral depende de los niveles de producción, siendo el empleo el resultado del nivel de actividad económica.
Por lo cual, desde la teoría de salarios de eficiencia, refleja que menores remuneraciones lo que generaría es una mayor rotación del personal, así como una menor calidad de bienes y servicios producidos, y mayores gastos de capacitación y entrenamiento. Siendo una falacia que el incremento de las remuneraciones refleja necesariamente un incremento en el precio de los bienes. Dado que, desde la teoría neoclásica, las remuneraciones deben crecer de acuerdo a la productividad y siendo relevante mencionar que ante remuneraciones reales más elevadas están conllevan a desalentar de forma marginal alguna contratación por el costo laboral; pero recordemos que el empleo en cualquier empresa depende de tanto los niveles de producción, como de las tecnologías y procesos establecidos. Es decir, si genera un mayor dinamismo económico, entonces se genera una mayor demanda y por ende en mayores ingresos, revelando que es clave el incentivo a la inversión privada como principal motor de la economía crezca por encima del 12.5% proyectado para el cierre del año 2026 y con una perspectiva del crecimiento del producto bruto interno del 3.4%.
Evolución de la PEA
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde el año 2007 se alcanzó una población económicamente activa desempleada de 709.3 mil personas, y para el 2021 alcanzaron los 1029.3 mil personas, concentrando el 97 % en el área urbana y el 3 % en el área rural. La tasa de desempleo en la última década supera el 4 %, alcanzando una tasa del 5.6 % en el año 2024. Mientras que la población ocupada ha crecido en 5.8 % anual, siendo una tasa significativa pero inferior al crecimiento del producto bruto interno, incrementándose cada año cerca de 204,100 mil personas adicionales que se encuentran adecuadamente empleadas, pero también un total de 31 600 nuevos subempleados y 10 300 nuevos desempleados.
Desde la mirada de la macroeconomía, se advierte que el crecimiento del producto bruto interno considera el incremento de la demanda, así como de las inversiones, sino también de la evolución de las exportaciones e importaciones. Así como de la participación en los sueldos y salarios también impactan en el crecimiento del producto bruto interno, por lo que una elevada desigualdad salarial ocasionaría una reducción de la demanda y por ende del producto bruto interno.
En consecuencia, el debate no debería centrarse exclusivamente en determinar si la RMV debe aumentar, sino en establecer las condiciones económicas e institucionales necesarias para que dicho incremento sea sostenible. Una política salarial equilibrada debe conciliar la protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la productividad y sostenibilidad de las empresas.
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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
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