La democracia se pone a prueba no cuando gobiernan quienes piensan como nosotros, sino cuando el poder es ejercido por quienes generan mayores expectativas o preocupaciones. En esos momentos, el respeto a la Constitución, la independencia de las instituciones y la vigilancia ciudadana se convierten en las principales garantías del Estado de derecho.

El Perú inicia un nuevo gobierno en un escenario complejo, marcado por la inseguridad ciudadana, la polarización política, instituciones debilitadas en su legitimidad y una creciente desconfianza hacia las autoridades. El principal desafío no será únicamente atender los problemas económicos y sociales, sino demostrar que el poder será ejercido dentro del marco constitucional, con respeto a los derechos fundamentales y a los principios democráticos.

Nueva etapa e incertidumbre

El 28 de julio representa una oportunidad para fortalecer la democracia, recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un Estado más eficiente, transparente y cercano a las necesidades de la población.

Sin embargo, el país que recibe al nuevo gobierno enfrenta importantes desafíos. La inseguridad, la corrupción, el avance del crimen organizado y el debilitamiento de la confianza en las instituciones han generado un escenario donde una parte importante de la ciudadanía percibe una distancia creciente entre el Estado y sus principales demandas.

En este contexto, la legitimidad del nuevo gobierno no dependerá únicamente de sus resultados económicos, la ejecución de obras o la implementación de sus políticas públicas, sino de su capacidad para gobernar respetando la Constitución, fortaleciendo las instituciones y garantizando que ninguna autoridad esté por encima de la ley.

La democracia en prueba decisiva

Las democracias no suelen desaparecer de un momento a otro; generalmente se debilitan de manera gradual cuando se afectan la independencia institucional, los mecanismos de control y la calidad del debate público. Como advierten Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, las amenazas democráticas no siempre provienen de rupturas abiertas del orden constitucional, sino también de decisiones que, aunque puedan presentarse como legales, terminan debilitando los contrapesos institucionales y concentrando el poder.

En el caso peruano, la democracia ha demostrado capacidad de resistencia, pero también enfrenta un desgaste institucional reflejado en la pérdida de confianza ciudadana y en la fragilidad de algunos mecanismos de control. Por ello, el desafío del nuevo gobierno no será únicamente administrar el Estado, sino fortalecer las instituciones que garantizan la vigencia democrática y asegurar que el poder sea ejercido dentro de los límites constitucionales.

Antecedentes y expectativas

Toda elección presidencial representa una oportunidad para mirar hacia el futuro, pero también ocurre dentro de un contexto político marcado por experiencias previas, decisiones institucionales y percepciones ciudadanas.

La elección de Keiko Fujimori se desarrolla en un escenario donde el fujimorismo mantiene una importante presencia política, especialmente por su influencia en el Congreso durante los últimos años y su participación, junto con otras fuerzas políticas, en la definición de la agenda legislativa y del escenario político nacional.

Diversas decisiones adoptadas desde el Parlamento han generado cuestionamientos respecto a sus efectos en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la justicia y el equilibrio institucional. Algunas normas aprobadas por el Congreso han sido calificadas por especialistas y organizaciones como “leyes procrimen”, al considerar que han debilitado herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. A ello se suman las críticas de diversos sectores que han advertido posibles prácticas de presión o persecución política contra opositores a determinadas iniciativas legislativas que solo favorecen a ciertos sectores.

Asimismo, el respaldo parlamentario brindado al gobierno de Dina Boluarte durante la crisis social iniciada en diciembre de 2022 continúa siendo un tema de debate público. Las investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas y las demandas de justicia, esclarecimiento de responsabilidades y reparación para las víctimas mantienen una preocupación ciudadana pendiente.

El legado del gobierno de Alberto Fujimori continúa presente en el debate nacional. Si bien algunos sectores reconocen determinadas decisiones adoptadas durante ese periodo, su gobierno quedó asociado a graves casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, concentración del poder y control de medios de comunicación, hechos que afectaron la institucionalidad democrática del país.

Estos antecedentes no determinan el futuro, pero han contribuido a generar desconfianza y preocupación en una parte importante de la ciudadanía frente al nuevo gobierno. La legitimidad obtenida en las urnas deberá fortalecerse con decisiones que demuestren compromiso con la democracia, la transparencia, el fortalecimiento institucional y el respeto al Estado de derecho.

Reconstruir la confianza

El principal reto del Perú no es únicamente superar la polarización política, sino reconstruir la confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. Mientras el debate público continúa marcado por la confrontación, problemas como la inseguridad, la corrupción, la informalidad y las brechas sociales siguen afectando la vida cotidiana de millones de peruanos.

Más allá de las diferencias ideológicas, el país enfrenta el desafío de recuperar la credibilidad del Estado. La legitimidad de un gobierno no se construye solamente a partir del respaldo electoral, sino mediante la capacidad de ejercer el poder con transparencia, respeto por la legalidad y disposición permanente al diálogo.

La democracia no depende únicamente de la voluntad de quienes gobiernan, sino también de la existencia de instituciones independientes que ejerzan control, fiscalización y equilibrio frente al poder. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, los organismos electorales, la Defensoría del Pueblo, la prensa libre y la sociedad civil cumplen un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho.

Cuando estos contrapesos funcionan, la democracia se fortalece; cuando son debilitados o subordinados a intereses particulares, aumenta el riesgo de concentración del poder y se afectan los derechos ciudadanos. Por ello, el desafío del nuevo gobierno será garantizar la autonomía institucional y fortalecer una democracia sólida basada en límites al poder.

Ciudadanía activa

La democracia no se agota en el acto de votar. Elegir autoridades constituye apenas el inicio del proceso democrático. Una ciudadanía informada, crítica y participativa representa uno de los principales mecanismos para prevenir los excesos del poder. La vigilancia ciudadana, el periodismo independiente, la transparencia pública y la participación en los asuntos colectivos son expresiones de una democracia activa.

El respeto a la Constitución y al Estado de derecho no depende únicamente de las autoridades, sino también de una sociedad que defienda sus instituciones, exija rendición de cuentas y participe en la construcción del bien común.

En ese sentido, el cambio de gobierno abre una nueva etapa para el Perú, marcada por expectativas y desafíos. La democracia se fortalece cuando existen instituciones autónomas, límites claros al poder y un compromiso permanente con las reglas democráticas.

El éxito del nuevo gobierno no dependerá únicamente de sus resultados económicos o de la ejecución de sus políticas públicas, sino de su capacidad para ejercer el poder con responsabilidad, respetando la Constitución, fortaleciendo las instituciones y garantizando el Estado de derecho. El verdadero desafío será demostrar que la democracia está por encima de cualquier proyecto político, fortaleciendo instituciones sólidas y respetando el Estado de derecho para recuperar la confianza ciudadana y consolidar un Estado orientado al interés general.

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(*) Politólogo.

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