En diálogo con Expresión, los dirigentes de los jubilados de la Empresa Agroindustrial Tumán recordaron que el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, asumió en su momento la defensa legal de la administración judicial liderada por Marcelino Llontop Suyón, una de las sindicadas de haber desfalcado a la empresa y contra la cual está vigente a la fecha un proceso penal.
“El proceso judicial que nosotros iniciamos fue dividido en dos. Uno de estos fue el de la administración de Marcelino Llontop, en el que estuvo comprometido el actual presidente José María Balcázar, quien fue parte legal en Tumán. Fue abogado de Marcelino. A diario salían 80 mil, 90 mil, 120 mil soles que él pedía para hacer su trabajo legal, documentos que jamás presentó. Había toda una organización para ir descapitalizando a Tumán”, indicó Miguel Delgado Salazar, dirigente de los jubilados.
Desfalco millonario
Según cifras de la Asociación de Defensa y Asesoría de Accionistas y Trabajadores Activos, Jubilados, Viudas y Herederos de la Empresa Agroindustrial de Tumán, S.A.A., durante la gestión de Marcelino Llontop Suyón habría ocasionado un daño de cuatro millones 358 mil 858 soles.
Al respecto, Gilberto Carrasco, asesor legal de los trabajadores tumaneños, recordó que la empresa Tumán se encuentra sin dirección como consecuencia de las administraciones judiciales instaladas desde el 2015, fecha desde la cual quedó quebrada la institucionalidad, instalándose una administración tras otra con el auxilio del Poder Judicial.
“Esas supuestas acreencias y obligaciones derivadas de pago de servicios o compra de bienes que nunca ingresaron a la empresa han sido evidenciadas, por lo que los trabajadores se organizaron para defender su patrimonio. Fue así que se decidió desde el 2021 interponer denuncias ante el Ministerio Público para que se confirmen los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, usurpación y otros”, indicó.
Refirió que desde el año 2015, que instalaron la administración judicial encabezada por Marcelino Llontop y las sucesivas administraciones judiciales, se ha llegado a una pérdida que superaría los 200 millones de soles.
“El caos empezó cuando se instaló la administración judicial del 2015 antes indicada, que sin ninguna previsión ni planificación inició un gasto y fuga de dinero que se ha evidenciado con una pericia contable, que ha permitido sustentar las denuncias ante el Ministerio Público”, anotó.
Presuntas irregularidades
Por su parte, Miguel Delgado añadió que el proceso que se sigue contra Marcelino Llontop llegó inicialmente a manos del fiscal Javier Ricardo Idrogo Rodríguez, el mismo que determinó que no debía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria porque no había pruebas.
No obstante, los jubilados de Tumán apelaron y lograron que el proceso se reabriera. Este caso estuvo hasta hace poco en manos de otro fiscal, pero recientemente ha regresado a manos de Javier Idrogo, hecho que ellos consideran irregular.
“Hemos hablado con la doctora Carmen Vidaurre, la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, y ella nos ha dicho que nuestro abogado debe reclamar para que este expediente no sea visto por el mismo fiscal que ya inicialmente lo mandó al archivo”, señaló.
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