Confirmada la visita del papa León XIV, por el presidente José María Balcázar, en Lambayeque las autoridades trabajan a toda prisa para la organización de este evento sin precedentes en la región. Uno de los pilares fundamentales durante esta visita papal será, sin duda, la seguridad. Luis Bolaños Melgarejo, jefe de la Región Policial Lambayeque, señala que será necesaria la llegada de más agentes del orden para poder resguardar cada metro cuadrado de la ciudad por donde transitará el santo padre y al más de un millón de turistas que se espera para esta fecha.
“A los 4711 efectivos que tenemos se van a unir agentes de diferentes servicios durante los dos días que estará nuestro sumo pontífice en Lambayeque. Adicionalmente estarán los órganos de inteligencia extrarregionales como la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Investigación Criminal, quienes brindarán información sobre los lugares de mayor riesgo, donde deberemos tener más presencia policial uniformada. Para eso vamos a solicitar a 500 agentes de refuerzo de otras regiones colindantes para cubrir cada metro”, afirma.
Plan de acción
La autoridad policial señala que presentarán su plan una vez que el Vaticano apruebe la ruta propuesta por el Gobierno Regional de Lambayeque. Allí se establecerán los diferentes servicios a realizar, en los cuales estarán incluidas las Fuerzas Armadas.
“De hecho vamos a necesitar el apoyo del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Tenemos que pedir el apoyo de las regiones colindantes como La Libertad, Piura, Tumbes, quizá de Cajamarca, para poder tener presencia y dar seguridad al santo padre, a los turistas y conciudadanos de Lambayeque”, menciona.
Bolaños Melgarejo es consciente que un hecho de criminalidad durante esos días generaría una imagen negativa para el país e incluso un problema de seguridad internacional, por lo que se evitará a toda costa mediante las fuerzas necesarias que se presente alguna situación de riesgo.
“El santo padre viene con su guardia propia, pero esa será para el primer anillo, para su protección personal. El segundo y tercer anillo nos corresponde a nosotros. Debemos darle la seguridad al sumo pontífice y a los dignatarios que lleguen de los diferentes países. Como ha dicho el gobernador, vendrán de forma masiva extranjeros de Ecuador, Colombia y Brasil, países a donde no irá el papa y cuyos ciudadanos aprovecharán la visita al Perú para verlo”, apunta.
Detenidos
De otro lado, la autoridad de la región policial señala que a la fecha se han detenido a 10 mil 250 ciudadanos, lo que responde a entre 65 a 80 presos por día. A ello se suma que han desarticulado a tres organizaciones criminales mediante la División de Investigación Criminal y se tienen a otras dos en investigación, próximas a su desarticulación.
“No tenemos esa ola de criminalidad como sí ocurre con otras regiones colindantes a la nuestra, donde prácticamente empadronan a los transportistas, a las farmacias, las bodegas, a todo el mundo para pedirles cupos de dinero. Eso no tenemos aquí. Sí existen algunos sujetos de malvivir que tocan las puertas lanzando amenazas de carácter extorsivo. A las víctimas les exhortamos a que vengan y denuncien porque la mejor forma de atacar ese problema es desde un inicio. Si esperamos que la enfermedad se convierta en un cáncer ya es bastante difícil abordarla”, menciona.
No obstante, señala que del total de detenidos solo un poco más de 200 están purgando condena en el penal de Chiclayo, lo cual se debe a que sus crímenes no ameritan prisión efectiva, según la norma.
“Este no es un problema de las autoridades judiciales, sino de la legislación. Como son delitos de menor impacto, los jueces no tienen la herramienta legal para sentenciar con pena efectiva, por eso imploramos que el Congreso derogue tantas leyes que alientan el crimen. Lamentablemente, las que tenemos lo único que generan es que los jueces deban darles libertad, pero ante la opinión pública la culpa es de la Policía, del Ministerio Público y de Poder Judicial. Sin embargo, nosotros no somos responsables de que haya tantas normas legales que favorezcan y alienten al crimen, normas que impiden que estos sujetos paguen condena efectiva en Picsi”, expresa.
En esa línea, precisa que se han reportado veinte muertes hasta la fecha en la región, pero diez de estas corresponden a crímenes pasionales, mas no a la delincuencia organizada.
“Gracias a dios aún vivimos en una región segura, pero tampoco somos ajenos a la realidad nacional, puesto que también tenemos la comisión de actos delictivos, aunque de menor impacto. A la fecha tenemos veinte muertos, pero debemos entender que diez son crímenes pasionales, donde lamentablemente la idea de matar nace y crece en el hogar, donde mujeres son asesinadas por personas de su entorno familiar. Son situaciones que escapan a veces de la Policía Nacional porque no podemos controlar la mente humana”, apunta.
Consultado sobre el asesinato de Ricardo Mauro Antón, dirigente de construcción civil en Ferreñafe que fue ultimado de tres disparos, señala que las dos personas involucradas en el homicidio ya han sido plenamente identificadas y en los próximos días estará saliendo la orden de detención preliminar para proceder con su captura.
Siniestro
Sobre el incendio acaecido el último viernes en un depósito de vehículos siniestrados administrado por la Policía, descarta que alguno de los autos que fueron consumidos por las llamas sea de la Policía, sino refiere que se trata de vehículos que habían sido objeto de accidentes de tránsito, los cuales prácticamente estaban inoperativos y eran irrecuperables.
“Ya se están realizando las investigaciones necesarias para revelar el origen de este incendio que fue en horas de la mañana. Es un descampado, es un lugar donde no hay fluido eléctrico en esa zona perimetral, así que deducimos que alguien provocó un pequeño fuego en el lugar y eso genero que se incendien cinco vehículos que, como repito, estaban inoperativos e irrecuperables”, aclara.
Señala que, como la Policía carece de espacios necesarios tales como estacionamientos en el frontis de las comisarías, se pidió al Poder Judicial que le permitan hacer uso de ese inmueble incautado a una universidad privada como un depósito temporal para los vehículos que el Ministerio Público pone en custodia de la Policía.
“No se trata de vehículos que entren y salgan. Es un almacén temporal donde los carros permanecen allí hasta que el Poder Judicial ordena un chatarreo o que sean devueltos a sus verdaderos propietarios, quienes prácticamente no hacen nada porque son unidades que ya no sirven”, acota.
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