La situación legal, operativa y financiera de la Universidad Particular de Chiclayo – UDCH, se encuentra en un momento de definición histórica. Tras el cese de sus actividades académicas regulares, la institución ha tenido que reconfigurar por completo su estructura interna para responder a millonarias deudas acumuladas, demandas laborales y, de manera simultánea, articular una estrategia técnica que le permita volver a tocar las puertas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu. En medio de este escenario de alta tensión, el activo más valioso de la casa de estudios, su ciudad universitaria, se encuentra en el centro de un complejo litigio judicial que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa lambayecana.
Para esclarecer el panorama real de la institución, Danilo Escobar Gutiérrez, rector de la Universidad de Chiclayo, detalla para Expresión las acciones legales interpuestas ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el estado de las planillas, el financiamiento actual de sus oficinas de soporte y las negociaciones en reserva con inversores privados para salvaguardar el patrimonio institucional e ingresar un nuevo expediente de licenciamiento antes de que concluya el presente año.
El fantasma del remate
El aspecto más crítico que ensombrece el futuro de la institución está directamente relacionado con el terreno de su ciudad universitaria. El asesor legal externo, Roque Calonge, advirtió previamente que estos terrenos se encontraban afectados por un proceso de ejecución de garantías a favor de un tercero, una situación que el rector Escobar Gutiérrez confirma y detalla a través de precisiones técnico-legales.
El caso se encuentra signado bajo el expediente número 317-2021, tramitado ante el octavo juzgado especializado civil-comercial de Chiclayo, e iniciado originalmente por el banco BBVA contra la universidad bajo la materia de ejecución de garantías reales, lo que implica formalmente un mandato de remate del campus universitario. El proceso ha entrado en su etapa de ejecución de sentencia y ha registrado un cambio sustancial en la identidad del acreedor.
De acuerdo con la reciente resolución número 29 emitida por el citado juzgado, la judicatura resolvió integrar a la relación procesal al ciudadano Samuel Dyer Ampudia en calidad de sucesor procesal. Esta incorporación faculta a Dyer Ampudia a asumir de forma íntegra todos los derechos que le correspondían originalmente al banco BBVA como parte ejecutante del proceso. El cambio de titularidad del derecho de cobro se sustentó en la escritura pública número 1366, fechada el 27 de noviembre de 2025, mediante la cual la entidad bancaria otorgó formalmente la cesión de derechos al mencionado ciudadano.
Ante este panorama que acelera el riesgo de pérdida del inmueble, la defensa técnica de la universidad interpuso un recurso de apelación el pasado 11 de mayo de 2026 con la finalidad de que la sala civil de la Corte Superior de Lambayeque revoque o anule la resolución del juzgado comercial, un trámite cuyo tiempo estimado de resolución por parte de los magistrados superiores se calcula en seis meses. Sin embargo, más allá de la batalla en los tribunales, la alta dirección de la universidad viene desplegando una estrategia de negociación directa que se mantenía bajo reserva.
Escobar Gutiérrez reveló que el pasado 22 de enero de 2026, las autoridades de la UDCH entablaron contacto formal con el equipo de abogados y el representante de Samuel Dyer Ampudia. El objetivo central de este acercamiento es acordar de forma alternativa el pago total de la deuda judicializada empleando otro activo inmobiliario de la institución: el denominado edificio Miraflores. Con esta dación en pago o permuta de activos, la universidad busca liberar de manera definitiva la ciudad universitaria de cualquier afectación o gravamen judicial, aunque a la fecha de esta entrevista la propuesta formal aún no ha recibido una respuesta definitiva por parte del entorno del inversionista.
"Se ha tomado contacto con los abogados y representante del empresario Dyer Ampudia, a fin de negociar el pago de la deuda, pero estamos a la espera de la respuesta. La finalidad es liberar la ciudad universitaria de la deuda judicial y preservarla como patrimonio de la universidad", precisa.
Asfixia financiera
La viabilidad operativa de la Universidad de Chiclayo se enfrenta diariamente a una severa restricción de liquidez. Aunque la institución no se encuentra sometida a un proceso concursal formal, la ausencia de un flujo de caja regular en la fecha impide que la administración pueda entablar procesos formales de refinanciación o reestructuración de pasivos con sus principales acreedores.
Esta parálisis financiera afecta directamente los compromisos institucionales con tres frentes críticos que componen la deuda histórica: el acreedor financiero representado ahora por Dyer Ampudia, la administración tributaria a través de la SUNAT y los propios trabajadores de la UDCH.
Al no contar con el ingreso periódico que representaban las pensiones de enseñanza debido al cese de actividades académicas, la caja universitaria ha quedado reducida a su mínima expresión, limitando cualquier margen de maniobra inmediato. Frente a la necesidad de mantener operativas las Oficinas de Registro Académico y la Secretaría General para no dejar en el abandono a los egresados que necesitan sus documentos oficiales, el rector aclara que la subsistencia actual depende de la recaudación por concepto de tasas académicas de trámites específicos, tales como los pagos por derechos de grados de bachiller y las tasas correspondientes a las sustentaciones de títulos profesionales.
“Este flujo mínimo es el único sustento que garantiza que las dependencias continúen con sus labores de certificación, mientras se evalúan propuestas técnicas de diversos grupos de inversionistas privados para viabilizar el flujo de capital de cara al futuro del proyecto educativo”, acota la autoridad.
La realidad de la planilla
Uno de los pilares institucionales que ha permitido sostener la gobernabilidad interna de la universidad a lo largo de este periodo de transición ha sido la postura adoptada por el gremio laboral. Desde el 2 de agosto del año 2020, la gestión del rector ha contado con el respaldo explícito del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la UDCH.
Como estrategia de transparencia, algunos de los integrantes de este sindicato han sido incorporados formalmente como funcionarios dentro de la actual estructura administrativa. Esta participación directa les permite conocer de primera mano y sin intermediarios la verdadera realidad económica y financiera de la institución, lo que ha mitigado la conflictividad laboral habitual. No obstante, la severidad de la crisis ha obligado a ejecutar una sustancial reducción de la planilla administrativa a lo largo de los últimos seis años.
Las estadísticas institucionales revelan la magnitud de este ajuste, puesto que en agosto de 2020 existían 114 trabajadores administrativos en funciones, mientras que a la fecha actual del año 2026 el número de servidores se ha reducido a 70 trabajadores.
“Este contingente remanente cumple las labores cotidianas de liquidación y transición documentaria, y constituye la base del personal para el futuro proyecto de refundación institucional. De acuerdo con los nuevos estándares, los procesos de licenciamiento exigen un número mínimo de servidores y funcionarios calificados, y la gestión actual asegura que la mayoría de los trabajadores que permanecen en la institución cumplen estrictamente con los perfiles técnicos requeridos. Respecto al cumplimiento de los sueldos atrasados y beneficios sociales acumulados, la política de la rectoría se limita a efectuar los pagos de las remuneraciones en estricta proporción y conformidad con los ingresos reales que percibe la caja universitaria por las tasas administrativas”, explica Escobar Gutiérrez.
Cinco mil títulos registrados
A pesar del colapso del modelo financiero y el cese de las actividades en las aulas, la Universidad de Chiclayo registra un avance significativo en la atención a las demandas de su comunidad de egresados. Uno de los reclamos históricos y más urgentes de los estudiantes radicaba en el entrampamiento de sus expedientes de graduación, una situación que ponía en riesgo su futuro laboral al no contar con el respaldo formal ante el Estado.
Frente a esta problemática, la administración universitaria implementó un plan de contingencia destinado a agilizar los canales de comunicación documentaria con las plataformas de la SUNEDU. Los resultados estadísticos reportados por la autoridad universitaria muestran que, desde el inicio de la actual gestión rectoral en agosto del año 2020 hasta el presente mes de junio de 2026, la universidad ha logrado procesar, emitir y entregar cerca de 5000 grados académicos y títulos profesionales.
“La totalidad de estos documentos han sido debidamente validados e inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu, garantizando con ello la plena legalidad de los profesionales egresados de nuestras canteras. Gracias a la regularización masiva de estos expedientes, en la actualidad no existen quejas formales sobre el tema en la institución, un logro operativo que se atribuye al esfuerzo del personal administrativo que se mantiene activo gracias al cobro de las tasas académicas de sustentación”, señala el rector.
El camino hacia el nuevo licenciamiento
El objetivo central a largo plazo de la administración de Escobar Gutiérrez es lograr el retorno formal de la Universidad de Chiclayo al sistema universitario peruano. Para alcanzar esta meta, la universidad cuenta con una Comisión de Licenciamiento, la cual funcionaba anteriormente bajo la denominación de Comisión de Ampliación de Cese.
Esta comisión técnica registra actualmente un avance del 60 % en la elaboración del expediente de nuevo licenciamiento institucional. La viabilidad de este nuevo intento se ampara en los antecedentes inmediatos de supervisión gubernamental, ya que entre los años 2021 y 2023 esta misma comisión técnica estuvo a cargo del plan operativo sobre la ampliación del cese de actividades institucionales.
Durante dicho periodo, delegaciones técnicas de la Sunedu visitaron el campus universitario en tres o cuatro oportunidades con el propósito de verificar sobre el terreno el cumplimiento estricto del cronograma de cese progresivo. Al término de dichas inspecciones, la universidad obtuvo la aprobación de las autoridades supervisoras, lo que demuestra que la institución mantiene la capacidad técnica para cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por la ley. No obstante, el propio rector reconoce que el principal obstáculo y la parte débil de todo el expediente radica en la condición básica de calidad referida de forma específica al sostenimiento económico y financiero, debido al pesado historial crediticio y a la denominada deuda histórica de la asociación universitaria.
“Es precisamente para subsanar esta debilidad estructural que la alta dirección apura las conversaciones con los fondos de inversión privados que han presentado propuestas de capitalización, manteniendo la meta técnica de ingresar de forma oficial el nuevo expediente integral de licenciamiento institucional ante la Sunedu en el transcurso del presente año 2026”, enfatiza.
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